Auto de mayo 31 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Expedientes: T-3.812.680, T-3.816.594, T-3.816.595, T-3.816.596, T-3.816.597, T-3.816.598, T-3.816.599, T-3.816.600, T-3.816.641, T­3.825.557 y T-3.830.381.

Magistrado Sustanciador:

Dr. Mauricio González Cuervo.

Accionantes: T-3.812.680 Terreglosa Sierra María Patricia y otros.

T-3.816.594 Calvo Fontalvo Fernel y otros

T-3.816.595 Rodríguez Correa Isaac Enrique y otros

T-3.816.596 Rodelo Ramírez Luis Alfredo y otros

T-3.816.597 Pérez Leguia Blasina Isabel y otro

T-3.816.598 Torres de Rodelo Judith del Carmen y otros

T-3.816.599 Tovar Hernández Luis y otros

T-3.816.600 Mejía Muñoz Gilma Rosa y otros

T-3.816.641 Molina Vida Cecilia Esther y otros

T-3.825.557 Espeleta Fernández Rodolfo David y otros

T-3.830.381 Romero Reyes Eduardo y otros

Accionados: En todos los expedientes fue demandada la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD y de manera particular en los expedientes T-3.812.680 la Alcaldía Municipal de San Jacinto del Cauca - Bolívar; T-3.816.594, T-3.816.595, T-3.816.596, T-3.816.597, T-3.816.598, T-3.816.599, T-3.816.600 la Alcaldía Municipal de Majagual Sucre.

T-3.816.641 la Alcaldía Municipal de San Marcos - Sucre

T-3.825.557 la Alcaldía Municipal de Córdoba - Bolívar

T-3.830.381 la Alcaldía Municipal de La Gloria - Cesar

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil trece.

La Sala Segunda de Revisión de tutela de la Corte Constitucional conformada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Mauricio Gonzalez Cuervo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere este auto con fundamento en los siguientes

I. Antecedentes

1. Los accionantes manifiestan que residen en los municipios de Córdoba y San Jacinto del Cauca (departamento de Bolívar), Majagual y San Marcos (departamento de Sucre), y La Gloria (departamento de Cesar); los cuales hicieron parte de las zonas más afectadas del país por el fenómeno de La Niña ocurrido en los meses de septiembre a diciembre de 2011.

2. Informan que los comités locales para la prevención y atención de emergencias y desastres, Clopad, realizaron un censo para determinar el número de familias que serían beneficiarias de la asistencia económica anunciada por el Presidente Juan Manuel Santos. Pese a estar incluidos en el censo y de encontrarse en igualdad de condiciones con otras familias que ya fueron beneficiarias de la ayuda, aseguran que no han recibido el beneficio.

3. Afirman que en el trámite para obtener el beneficio las autoridades municipales incurrieron en graves irregularidades que impidieron les fuera entregada la ayuda económica. En consecuencia solicitan que se le ordene a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres incluirlos en las listas de damnificados, con la finalidad de obtener el beneficio equivalente a un millón quinientos mil pesos (1'500.000) y se autorice su entrega en el menor tiempo posible.

II. Consideraciones

El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 7º establece la posibilidad de que el juez de tutela adopte medidas provisionales cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho invocado, razón por la cual en estos casos podrá suspender la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere, en aras de no hacer nugatorio el efecto del fallo(1).

En el mismo sentido, en el Auto 166 del 18 de mayo de 2006 expreso: “el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 autoriza al juez de tutela, de oficio o a petición de parte, para suspender el acto que amenace o viole el derecho fundamental invocado, cuando el funcionario judicial “expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho” y se le autoriza también para “dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”. Como lo ha dicho la Corte, con la adopción de las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación del mismo o, habiéndose constatado la existencia de una violación, que esta se torne más gravosa”(2).

De la misma manera, reiterada jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la adopción de medidas cautelares debe cumplir con ciertas exigencias, entre las que se encuentran: (i) que estén encaminadas a proteger un derecho fundamental o evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público o de terceros(3), (ii) que la gravedad e inminencia del perjuicio hagan necesaria la adopción de medidas urgentes e impostergables(4), (iii) que exista certeza sobre el perjuicio que puede acaecer(5), (iv) que se presente conexidad entre la medida provisional y la protección de los derechos fundamentales(6) y (v) en relación con las medidas a tomar, a pesar de que la regla es la de que se adopte en relación con el caso concreto de revisión, la corporación ha admitido que en casos excepcionales la medida se extienda a aquellos que se encuentren en la misma situación o que pueden ser afectados con las decisiones a tomar en sede de tutela.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, y sin que implique de manera alguna prejuzgamiento o se anticipe el sentido de la sentencia definitiva, es preciso que esta Sala adopte la medida cautelar correspondiente debido a las siguientes circunstancias de los casos objeto de estudio.

En todos los casos se evidencia que los jueces de tutela accedieron a la pretensión de los accionantes (aprox. 3.000 personas), consistente en solicitar el pago de la ayuda económica por un valor de un millón quinientos mil pesos (1'500.000); basándose en el material probatorio que obra en los procesos, que en la mayoría de los casos se limita a la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el documento que acredita estar en el Sisbén y el carné de “reunidos”. Por otra parte, y sin hacer un estudio detallado de las sentencias de instancia, se observa a primera vista posibles irregularidades en el trámite de los respectivos procesos.

Debido a lo anterior, la Sala considera que es necesario adoptar como medida cautelar la suspensión de los pagos ordenados por los operadores judiciales, con el fin de velar por el cumplimiento del debido proceso administrativo y de la adecuada distribución de los recursos asignados para tal fin. En consecuencia, la Sala ordenará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, y al Banco Agrario, abstenerse de pagar la ayuda económica reconocida por el gobierno a través de la Resolución 74 de 2012, cuando el pago haya sido ordenado por jueces de tutela en los municipios objeto de la presente acción de tutela, hasta tanto esta corporación emita un pronunciamiento de fondo en el proceso de la referencia.

Con fundamento en estas consideraciones, la Sala Segunda de Revisión,

RESUELVE:

1. ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, y al Banco Agrario, abstenerse de pagar la ayuda económica reconocida por el gobierno a través de la Resolución 74 de 2012, cuando el pago haya sido ordenado por jueces de tutela en los municipios de Córdoba y San Jacinto del Cauca (departamento de Bolívar), Majagual y San Marcos (departamento de Sucre), y La Gloria (departamento de Cesar); hasta tanto esta corporación emita un pronunciamiento de fondo en el proceso de la referencia.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel E. Mendoza Martelo.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaría General.

(1) “ART. 7º—Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere (…)”.

(2) AI respecto, ver entre otros, los autos A-040A de 2001, Auto 03 de 1998, A-049 de 1995 y A-031 de 1995.

(3) Auto 049 de 1995.

(4) Auto 003 de 1998.

(5) Sentencia T-236 de 1996.

(6) Sentencia T-162 de 1997.