Auto 5183 de noviembre 26 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD

EXTRACTOS: «a) En el sistema procedimental establecido en el Código Contencioso Administrativo, igual que en el de Procedimiento Civil, gobierna el principio preclusivo, según el cual articulado el proceso en segmentos, la eficacia de los pasos que se produzcan en cada uno de ellos es tal, que deben ejecutarse o cumplirse dentro de las oportunidades o términos que la ley ha demarcado taxativamente para cada uno de ellos. De esta suerte, si han expirado dichos términos u oportunidades para interponer un recurso, por ejemplo, contra una determinación dada del juez la providencia contra la cual hubiera podido interponerse el recurso, queda en firme, sin que sea posible volver atrás la actuación, salvo que surgiese o se advirtiese la ocurrencia de una de las causales de nulidad procesal, también indicadas taxativamente por la ley. En otras palabras: a virtud de la preclusividad, a medida que se van cumpliendo las etapas que conforman el curso del proceso, van cerrándose, clausurándose las posibilidades de las partes para realizar determinadas actividades judiciales después que se han ejercitado otros actos o ha transcurrido cierto término legal, con el objeto de dar precisión y seguridad, de atribuir firmeza o resoluciones judiciales que, sin producir la excepción de cosa juzgada, tienen efectos que han de ser respetados. Como ha explicado la Corte (“Gaceta Judicial”, Nos 2177-2178, pág. 108), la preclusión es “la pérdida, la extinción o consumación de una facultad procesal” y que “en esas situaciones procesales se afirma que hay preclusión, en el sentido de que no realizada la actividad dentro del término señalado para hacerlo, queda clausurada la etapa procesal respectiva. Entonces, clausurada esa etapa procesal, perdida la oportunidad se clausura, y dado el ordenamiento del procedimiento se pasa a la siguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos consumados e impidiendo su regreso”.

b) No es dable confundir la decisión del juez en lo contencioso-administrativo en cuanto la admisión de la demanda con la que ha de tomar acerca de una solicitud de suspensión provisional. Si bien ambas decisiones han de adoptarse en un mismo auto (art. 154), son dos asuntos o decisiones distintas, de ontología diferente. El primer pronunciamiento es un acto de iniciación procesal y el juez, si mira que el libelo cumple las formalidades que la ley indica, la admite en su integridad para dar comienzo a la tramitación del juicio, sin que ello signifique que acoja las pretensiones; si observa que esas formalidades no se han cumplido, ya porque falten todas, ya porque falten unas, no la admitirá o la rechazará, según el caso, igualmente in integrum (arts. 85 y 86, C. de P. C.; art. 207, C.C.A., art. 46 Decreto-Ley 2304 de 1989). En cambio, el segundo pronunciamiento, el que adopte acerca de la suspensión provisional impetrada, es, per se, una decisión de fondo, pues, para arribar a ella ha de examinar si el acto acusado quebranta de modo ostensible o manifiesto las normas de superior jerarquía que se dicen violadas; trátase, por tanto, de algo trascendental, porque incide o toca la presunción de legalidad que ampara el acto que se acusa por el demandante y es casi un juzgamiento anticipado del objeto de la pretensión.

c) De allí, se repite, que no obstante que ambos pronunciamientos o decisiones vayan físicamente en el mismo proveído, son independientes por su esencia, por sus finalidades y por sus efectos. En síntesis, sus naturalezas no son iguales.

d) En el caso in examine se tiene, como se ha indicado en los prolegómenos de este proveído, que la demanda inicial, la original, no fue admitida por el juez por no cumplir una de las formalidades, y el juez ordenó su corrección. Subsanado el error o la falta de requisito dentro del término de cinco (5) días, el juez colegiado admitió la demanda (fols. 15 a 19), pero, como al examinar el aspecto de la suspensión provisional advirtió que no se daban los presupuestos del art. 152 del CCA para pronunciarse afirmativamente acerca de ello, no decretó la suspensión provisional solicitada, y contra este pronunciamiento --y tampoco contra el primero--, el actor no interpuso recurso alguno, por lo que quedó en firme.

e) Aprovechando la coyuntura que otorga el art. 208 del CCA (art. 47, Decreto-Ley 2304 de 1989) de aclarar o corregir la demanda, “hasta el último día de fijación en lista”, el actor no sólo aclaró o corrigió ésta, sino que también hizo lo propio respecto a lo que atañe a las argumentaciones para que prosperara su solicitud de suspensión provisional, como si ésta hiciese parte integrante de aquélla.

f) Obsérvese que lo que permite la ley es que, antes de la fijación en lista, la parte actora aclare o corrija la demanda. No se trata de una nueva demanda que sustituya la inicial ni que ésta desaparezca por entero, por lo cual, como lo han enseñado los procesalistas, “si no desaparece la demanda (la inicial), tampoco desaparecen sus efectos...” (Hernando Morales Molina, “Curso de Derecho Procesal Civil”, 1973, pág. 318).

g) La solicitud de suspensión provisional puede hacerla el actor en la demanda o por escrito separado, lo que indica que no es consustancial con la demanda misma y, por lo tanto, la oportunidad que brinda la ley--hasta el último día de fijación en lista--para aclarar o corregir la demanda, no es extensiva para lo que respecta a la suspensión provisional. Si esta medida se pidió y el juez no accedió a ella, sólo a través del recurso de reposición--o del de apelación, en el evento de que el asunto tenga dos instancias-- interpuesto en tiempo, podría lograrse que el juez entrase a reconsiderar la decisión que adoptó al respecto. Y es obvio que si el recurso no fue interpuesto, como se ha dicho, la decisión tomada en cuanto a ello quedó en firme.

No se olvide que no se trata de sacrificar lo sustancial por la forma. Las reglas de procedimiento son de orden público y obedecen a parámetros, los que ni el juez ni las partes pueden eludir, y ellos responden al sistema que la ley colombiana ha acogido en sus códigos.

Por lo tanto, y como conclusión de todo lo anterior, no es dable a la Sala reponer el auto de 6 de septiembre de 1990 en cuanto hace a su decisión de abstenerse de estudiar los nuevos planteamientos del actor para reiterar su petición de suspender provisionalmente los actos acusados».

(Auto de noviembre 26 de 1990. Expediente 5183. Consejero Ponente: Dr. Álvaro Lecompte Luna).

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