Auto 5191 de octubre 15 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

COMPILACIÓN DE NORMAS SOBRE ARBITRAMENTO

SE SUSPENDEN UNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1818 DE 1998.

EXTRACTOS: «Se decide por la Sala en relación con la admisión de la demanda, y acerca de la solicitud de suspensión provisional, presentada por el ciudadano Julio Roberto Cepeda Tarazona, encaminada a obtener la nulidad de los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998, expedido por el Gobierno Nacional y por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

(...).

Para que proceda la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se requiere, de una parte, que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda y de otra, que exista manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma.

En el caso concreto la medida ha sido solicitada y sustentada en forma expresa; y del cotejo de las normas acusadas con las que se dicen violadas surge, sin discusión alguna, la violación manifiesta de las mismas, por varias de ellas, razón por la cual se accederá parcialmente a la adopción de la medida precautoria impetrada.

En efecto:

1. La Ley 446 de 1998, dispuso lo siguiente:

a) En el artículo 162 adoptó como legislación permanente los artículos 9º, 12 a 15, 19, 20, 21 salvo sus numerales 4º y 5º, 23, 24, 33 a 37, 41, 46 a 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991. Ello significa que las demás normas del Decreto 2651 de 1991 quedaron excluidas del ordenamiento jurídico;

b) Mediante el artículo 166 facultó al Gobierno Nacional para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de la misma ley, compilase las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción ni contenido, lo cual constituiría el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Significa lo anterior que la compilación de normas que no estuviesen vigentes por no pertenecer a las normas a que la ley hace mención ni a otras disposiciones legales, no podían ser compiladas dentro de dicho estatuto.

c) Por el artículo 167 se derogaron expresamente los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107, 108, 111 y 116 de la Ley 23 de 1991; los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 25 a 27, 29, 38, numeral 3º, 42, 45 y 47 a 54 del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 9º de la Ley 25 de 1992. Entraña lo anterior que estas normas derogadas tampoco podían ser compiladas dentro del estatuto referido.

2. Así las cosas, se tiene:

2.1. El artículo 121 del Decreto 1818 de 1998, dispone:

“ART. 121.—Las partes indicarán si los árbitros deben decidir el derecho en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula el fallo será en derecho.

Cuando el laudo deba proferirse en conciencia los árbitros podrán conciliar pretensiones opuestas. (artículo 6º Decreto 2279 de 1989)”.

Esta disposición reproduce literalmente el contenido del artículo 6º del Decreto Extraordinario 2279 de 1989.

Es claro, entonces, que si el artículo 6º del Decreto 2279 de 1989 fue derogado expresamente por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998, mal podía ser compilado por el gobierno en el Decreto 1818 de 1998, pues las facultades que le fueron conferidas sólo lo fueron para incorporar las normas vigentes.

2.2. El artículo 126 del Decreto 1818 de 1998, tal como quedó modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, es del siguiente tenor:

“Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite.

El término podrá prorrogarse hasta seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. A este término se adicionará al término de días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso (artículo 19, Decreto 2279 de 1989)”.

El artículo 19 del Decreto Extraordinario 2279 de 1989 que fue compilado, contiene literalmente los términos antes expresados.

Este artículo, sin embargo no aparece derogado en el artículo 167 de la Ley 446 de 1998, razón por la cual bien podía ser compilado en el Decreto 1818 de 1998. En todo caso como éste fue modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, se requeriría un análisis más detallado y profundo para establecer si efectivamente podía o no ser compilado en el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

2.3. El artículo 138 del Decreto 1818 de 1998 dispone:

“Cuando se trate del arbitramento en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. La constitución de apoderado implica la facultad para notificarse de todas las providencias (artículo 26, Decreto 2279 de 1989)”.

Efectivamente este artículo reproduce literalmente el contenido del artículo 26 del Decreto 2279 de 1989, artículo que fue expresamente derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998, por lo cual no podía ser incorporado dentro del estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, por haber dejado de ser una norma vigente.

2.4. Los numerales 4º y 5º del artículo 155 del Decreto 1818 de 1998, establecen:

“ART. 155.—En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral realizar los siguientes actos probatorios: (...).

4. Presentar documento en el cual conste los puntos y hechos objeto de una inspección judicial. En este caso se incorporará al expediente y suplirá esta prueba. El escrito deberá autenticarse como se dispone para la presentación de la demanda.

5. Solicitar salvo que alguna de las partes esté representada por curador ad litem, que la inspección judicial se practique por la persona que ellas determinen ...(artículo 21, Decreto 2651 de 1991)”.

Esta norma reproduce ciertamente los numerales 4º y 5º del artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, el cual no fue adoptado como legislación permanente mediante el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por cuya causa no podía ser incorporado como norma vigente dentro del articulado del estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

2.5. El numeral 3º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 establece:

“ART. 163.—Son causales de anulación del laudo las siguientes: (...).

3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo que la actuación procesal (sic) se deduzca que el interesado conoció o debió conocer la providencia ...(artículo 38, Decreto 2279 de 1989)”.

Esta norma reproduce el numeral 3º del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 que fue derogado expresamente por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998. En consecuencia, no podía ser incorporado dentro del estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Corolario de todo lo anterior es la manifiesta violación del artículo 166 de la Ley 446 de 1998 por los artículos 121, 138 y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998, por haber reproducido dentro del estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos normas que estaban expresamente derogadas; y del artículo 162 de la citada ley por el artículo 155, numerales 4º y 5º, del Decreto 1818 de 1998, por incluir dentro de dicho estatuto unas normas que no fueron adoptadas como legislación permanente por el referido artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

En consecuencia, se accederá a decretar la suspensión provisional de los artículos 121, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998. No se accederá en cambio a la suspensión provisional del artículo 126 del mismo decreto por las razones expresadas en el numeral 2.2 de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda de nulidad instaurada por Julio Roberto Cepeda Tarazona contra los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º del Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998, expedido por el Gobierno Nacional.

(...).

2. DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de los artículos 121, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998.

3. No se decreta la suspensión provisional del artículo 126 del mismo decreto por las razones anotadas en el numeral 2.2 de la anterior parte motiva.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Auto de octubre 15 de 1998. Expediente 5191. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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