Auto 52209 de marzo 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Rad.: 52209

Acta 8

Bogotá D.C., trece de marzo de dos mil doce.

Resuelve la Sala los recursos de reposición interpuestos por los apoderados de MATILDE MACHADO VIUDA DE DICKSON, JOAQUÍN VEGA MÁRQUEZ, JOAQUÍN FLÓREZ FLÓREZ, JORGE MARTÍNEZ MÉNDEZ y JORGE RUIZ DÍAZ, contra el auto del 4 de octubre de 2011, a través del cual se inadmitió el recurso extraordinario de casación respecto de los mencionados demandantes, contra la sentencia del 30 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en el proceso adelantado contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. “ELECTRICARIBE E.S.P.”.

Antecedentes

El Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Montería, en sentencia del 30 de noviembre de 2010, condenó a la entidad demandada a pagar las primas convencionales semestrales de conformidad con el citado artículo 49 de la Convención suscrita en julio de 1998, para los demandantes María Banqueth Padilla, María del Carmen Otero de Molina, María Herrera de Murillo, María Nela Díaz Vega, Matilde Machado de Dickson, Lino de Arco Escobar, Ketty Kerguelén de Mejía, Lourdes del Pilar Dickson Machado, Luis Quiñones Corrales y Luis Alberto Ayaso Nieto, a partir del 24 de junio de 2006 y para Joaquín Vega Márquez, Joaquín Flórez Flórez, Jorge Bustos Fernández, Jorge Gabriel Martínez Méndez y Jorge Ruiz Díaz a partir del 13 de julio de 2006, junto con los reajustes año por año de acuerdo al I.P.C, y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de las primas semestrales convencionales con anterioridad a las fechas anteriormente señaladas; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, lo revocó y absolvió a la electrificadora.

La decisión del ad quem se recurrió en casación por el apoderado judicial de los demandantes; lo concedió el Tribunal mediante auto del 20 de mayo de 2011; se admitió por la Sala en proveído del 4 de octubre de 2011, sólo respecto de MARÍA BANQUETH PADILLA, MARÍA DEL CARMEN OTERO DE MOLINA, MARÍA HERRERA DE MURILLO, MARÍA NELA DÍAZ VEGA, LINO DE ARCO ESCOBAR, KETTY KERGUELÉN DE MEJÍA, LOURDES DEL PILAR VIUDA DE DICKSON MACHADO, LUIS QUIÑONES CORRALES, LUIS ALBERTO AYASO NIETO y JORGE BUSTOS FERNÁNDEZ, y se negó con relación a MATILDE MACHADO DE DICKSON, JOAQUÍN VEGA MÁRQUEZ, JOAQUÍN FLÓREZ FLÓREZ, JORGE GABRIEL MARTÍNEZ MÉNDEZ y JORGE RUIZ DÍAZ, toda vez que al examinar las condenas en forma individual, para estos últimos resultaba insuficiente la cuantía, al no superar los 220 salarios mínimos legales mensuales que establecía el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010.

Contra el citado auto los apoderados de los demandantes interpusieron reposición, en escritos separados, pero con fundamentos semejantes; sustentaron su inconformidad en que “la norma legal en que se fundamentó el auto recurrido desde su nacimiento era contraria a la Constitución y por lo tanto, en virtud del mandato del artículo 4º de la Carta, no podía aplicarse en esa época y tampoco puede aplicarse actualmente para sostener el auto recurrido, máxime cuando tal disposición fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante, mediante (sic) Sentencia C-372 del 13 de mayo de 2011”, razón por la que la disposición aplicable es el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, el cual dispone que la cuantía para recurrir en casación es de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, sostuvieron que “es necesario decir que la cuantía que se debe tomar en consideración es la de “la demanda” – y no la de “cada demandante” individualmente considerado – pues a esa conclusión se llega después de un examen contextual de las normas que rigen el aspecto procesal del recurso”; aseguraron que “si se tomara en consideración no “la demanda”, como lo dice la ley, sino a cada litigante individualmente considerado, tendría entonces que corrérsele traslado también en forma individual a cada litigante, para que cada uno presentara su respectiva demanda de casación”; señalaron que “si la Sala decide mantener la decisión de evaluar la cuantía para recurrir mirando a cada litigante en forma individual, entonces le ruego que se digne ordenar que se me corra el traslado para presentar las respectivas demandas de casación en forma individual y sucesiva respecto de cada uno de los recurrentes (y no simultáneamente respecto de todos), teniendo en cuenta que cada casación es independiente de las demás, con pretensiones, pruebas y hechos distintos —aunque en algunos puntos coincidan— y que cada demanda de casación constituye el ejercicio autónomo de una acción de impugnación, de carácter extraordinario”.

Se considera

El artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, vigente a la fecha de la sentencia, en su parte pertinente establece que: “…sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente”. Esa tasación debe efectuarse con el valor del salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar.

Ha sido criterio reiterado de la Corte, que el interés económico para recurrir en casación, se traduce, por regla general, en el agravio o perjuicio que la sentencia impugnada le ocasiona al demandado frente a cada demandante de manera individual, cuando hay pluralidad de ellos, excepto, como se dispuso recientemente por mayoría de la Sala, radicado 50815, cuando se trate de una misma causa, indivisible, como en el caso de definirse la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente trabajo, pues en ese evento no hay separación de condenas. No obstante, tal supuesto no es aplicable al sub lite, amén de que el perjuicio irrogado a cada uno de los demandantes, no contiene un mismo origen, pues deriva de diferentes contratos de trabajo en los que cada actor demanda el reconocimiento y pago de unas primas convencionales, según las características propias de cada relación laboral.

Ahora bien, cabe decir que los recurrentes aceptan los cálculos efectuados por la Sala para inadmitir el recurso de casación respecto de Matilde Machado Viuda de Dickson ($100.334.776,89), Joaquín Vega Márquez ($94.130.845,55), Joaquín Flórez Flórez ($58.890.075,33), Jorge Martínez Méndez ($81.524.009,68) y Jorge Ruiz Díaz ($72.992.934,29) y que la suma es inferior a los 220 salarios mínimos mensuales legales vigentes a que alude el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, vigente a la fecha de la sentencia impugnada, no obstante aspiran a que se tenga en cuenta la cuantía de 120 salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, tal petición no es viable, pues la sentencia C-372 de 2011, que declaró inexequible el citado artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, no fue modulada por la Corte Constitucional, por lo que sus efectos son hacia el futuro, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—; tampoco es procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad a la que alude tácitamente, pues resulta evidente que tal situación fue estudiada y decidida, se insiste, con los coetáneos efectos en el pronunciamiento que realizó la Corte Constitucional; siendo aplicable la cuantía de los 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que como lo acepta el recurrente y lo concluye la Sala, no se satisface para los demandantes Matilde Machado Viuda de Dickson, Joaquín Vega Márquez, Joaquín Flórez Flórez, Jorge Martínez Méndez y Jorge Ruiz Díaz.

Finalmente en relación con la solicitud de dar “traslado para presentar las respectivas demandas de casación en forma individual y sucesiva respecto de cada uno de los recurrentes”, se tiene que el artículo 329 del C.P.C., aplicable al trámite de la casación laboral, de conformidad con la remisión que hace el 145 del C.P.T. y de la S.S., es claro al señalar que “Siempre que una persona figure en el proceso como representante de varias, o actúe en su propio nombre y como representante de otra, se considerará como una sola para los efectos de las notificaciones, traslados, requerimientos y diligencias semejantes”, razón por la cual, en virtud del principio de economía procesal, los traslados se realizarán en conjunto para los recurrentes que tengan un mismo apoderado, teniendo en cuenta que son 3 los representantes judiciales.

En consecuencia, se mantendrá el auto recurrido.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. NO REPONER el auto proferido el 4 de octubre de 2011, por medio del cual se inadmitió el recurso de casación interpuesto por MATILDE MACHADO VIUDA DE DICKSON, JOAQUÍN VEGA MÁRQUEZ, JOAQUÍN FLÓREZ FLÓREZ, JORGE MARTÍNEZ MÉNDEZ y JORGE RUIZ DÍAZ.

2. CONTINUAR el trámite ordenado en el numeral segundo de la providencia recurrida.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.