Auto 5287 de junio 25 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

CONFLICTOS COLECTIVOS

PUNTOS SOBRE LOS CUALES PUEDEN DECIDIR LOS ÁRBITROS

EXTRACTOS: «Según pronunciamiento de la Sala Plena de Casación Laboral, del 19 de julio de 1982, con ponencia de los Magistrados doctores César Ayerbe Chaux y Juan Hernández Sáenz, la Corte, analizando en extenso el ámbito propio de la función de los árbitros a cuyo efecto dilucidó sus restricciones y limitaciones expresó en cuanto al tema que ahora interesa:

“Ahora bien, como la finalidad misma del conflicto colectivo es la de crear nuevas disposiciones extralegales que regulen en forma más benéfica las condiciones de trabajo, buscando superar la normatividad legal y la normatividad de contratación colectiva vigentes, en el momento de suscitarse el conflicto, la jurisprudencia de esta Sala ha buscado siempre la manera de reducir la rigidez del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto consagra las limitaciones de orden legal (restricción 3) y las limitaciones de origen convencional (restricción 4) que tienen los arbitradores. (...).

Y respecto de las limitaciones estarían dadas en:

(...)

(iv) Imposibilidad de variar derechos y facultades de origen convencional, fundados en estipulaciones de contratación colectiva, respecto de las cuales no se propuso revisión en el pliego de peticiones, y que, por lo tanto, no son normas que puedan ser objeto de sustitución o de cambio en el conflicto”. (G. J., CLXIX, segunda parte, p. 657. Sin subrayar en el original).

Ahora, el 22 de noviembre de 1984, la Sección Segunda, con ponencia del Magistrado José Eduardo Gnecco Correa, en lo que puede considerarse un desarrollo de la anterior jurisprudencia de Sala Plena Laboral, dijo:

“El Código Sustantivo del Trabajo no consagra en favor de los patronos el derecho a presentar pliego de peticiones a los trabajadores. Son éstos, poseedores apenas de su fuerza de trabajo, quienes hacen peticiones al patrono, que dentro de la empresa aporta el capital. Así lo dispone el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y las disposiciones siguientes que regulan el trámite a que debe someterse dicho pliego de peticiones para lograr la solución del conflicto colectivo económico o de intereses.

La denuncia de la convención colectiva de trabajo, y por extensión la del fallo arbitral, es un derecho que la ley concede a las partes para dar por terminada una u otro, aun cuando en realidad éstos no terminan hasta tanto se firme una nueva convención, o en su caso se expida un fallo arbitral, como lo dispone el artículo 14 del Decreto 616 de 1954. Hecha la denuncia por los trabajadores, éstos deben presentar el respectivo pliego de peticiones que inicia el conflicto colectivo y cuya solución se produce por la firma de la convención colectiva de trabajo o por la expedición del respectivo laudo. Cuando la denuncia es hecha por ambas partes trae como consecuencia que la negociación del pliego de peticiones no está sujeta a lo que anteriormente se haya pactado por las partes en la convención colectiva o dispuesto en el fallo arbitral por los tribunales de arbitramento. En estos casos las partes en conflicto quedan en libertad de señalar nuevas condiciones de trabajo. Respecto de los árbitros, estos gozan de la misma amplitud para solucionar el conflicto de interés dentro de los límites del pliego de peticiones o de la denuncia hecha por el patrono, en el sentido de que no les es permitido conceder más de lo que se pide, pero pudiendo modificar la convención colectiva o el laudo en aquellos puntos que fueron denunciados por el patrono, cuando la denuncia de éste es parcial, o respecto de todos, si la denuncia es total, decisiones que siempre han de tomarse dentro de la equidad (sentencia de dos de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, Electrificadora de Antioquia S. A. y su sindicato de trabajadores).

Si la denuncia es hecha solamente por el patrono, la convención colectiva continúa vigente, con las prórrogas legales, porque no pudiendo presentar los patronos pliegos de peticiones, no tienen la facultad de iniciar un conflicto colectivo que culmine con otra convención colectiva o con el fallo de un tribunal de arbitramento obligatorio. Todo esto sin perjuicio del derecho de pedir la revisión de la convención colectiva, que de ningún modo debe confundirse con la denuncia de la misma y que debe someterse a lo prescrito en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo” (en “Jurisprudencia y Doctrina”, tomo XlV ps. 201- 202. Las subrayas no son del texto).

“En Colombia reiteró la Sección Segunda en sentencia de homologación del 18 de mayo de 1988, con ponencia del doctor Jacobo Pérez E. trabajadores y patronos pueden denunciar las convenciones y pactos colectivos o los laudos arbitrales que rijan las condiciones generales de los contratos de trabajo que los vincula; pero únicamente a los primeros, directamente o por medio del sindicato que los agrupe les está permitido dar nacimiento a nuevas normas con la presentación de pliegos de peticiones. Sin embargo, unos y otros pueden lograr la revisión de los convenios normativos de trabajo (convenciones y pactos colectivos o en su caso de laudo arbitral) cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica que les hagan excesivamente oneroso su cumplimiento (C. S. del T. art. 480)”. (G. J. CXCIV y 1a parte, 499).

Entonces, conforme a estas pautas jurisprudenciales, si el derecho de presentar pliegos de peticiones, conforme a la normatividad vigente, es exclusivo de los trabajadores; y si, además, y por consiguiente, la posibilidad de que los empleadores hagan la denuncia de una convención colectiva, o de un pacto o de un laudo arbitral, en su caso, no implica que tengan facultad para presentar pliegos de peticiones a los trabajadores, es decir de suscitar conflictos colectivos, es claro que sólo en los casos en que exista coincidencia entre los puntos específicos del pliego de peticiones de los trabajadores y los a que se contrae la denuncia del empleador, pueden los árbitros tomar en consideración estos últimos. Lo contrario implicaría el reconocimiento, opuesto a los citados desarrollos jurisprudenciales de la Corte, de que los empleadores tengan aptitud legal para provocar conflictos colectivos mediante la presentación de pliegos de peticiones. Todo, es obvio, sin perjuicio de que en la etapa de arreglo directo las partes discutan los puntos de vista de cada una de ellas, y de que en el libérrimo juego de propuestas y contrapropuestas, fórmulas y réplicas, propias de una discusión racional y creadora, lleguen a acuerdos que puedan implicar el desmonte de unas conquistas de los trabajadores a cambio de otras de igual o similar significación, o aún la disminución del monto de algunas de las existentes o su extinción, si por efecto del intercambio de los puntos de vista de las partes, aquellos aceptan las circunstancias que obligan a proceder de tal forma, consistentes en la incapacidad del empleador para mantener aquel nivel de costos laborales, pero sin que en ningún caso pueda desconocerse el mínimo legal de protección al trabajo asalariado.

Se ve así, en consecuencia, que la sentencia reproducida por la Sección en la de homologación cuya nulidad se pide —que se aplicó a la situación concreta del litigio, en los términos atrás descritos— simple y llanamente desarrolló y explicitó los lineamientos doctrinales esbozados por la Corte en los pronunciamientos destacados y que no existió, por consiguiente, contradicción con los mismos.

Como se ve también con facilidad que si bien es cierto que la sentencia de la Sala Plena de la Corte, del 12 de junio de 1970, actuando ésta como guardiana de la integridad de la Constitución según la normatividad superior vigente por entonces, declaró la inexequibilidad parcial del numeral 2 del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, no lo es menos que tal decisión no puede tener la virtualidad de otorgarles a los patronos facultades para provocar conflictos colectivos mediante la presentación de los pliegos de peticiones, conforme lo explicó con posterioridad a aquélla, en numerosas sentencias la Sala Laboral de la Corte, de las cuales las aquí destacadas son apenas una muestra».

(Auto de junio 25 de 1992. Radicación 5287. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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