Auto 5383 de abril 22 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DEMANDAS CONTRA LA DIAN

CAPACIDAD PARA SER PARTE

EXTRACTOS: «En primer término debe precisar la Sala que no pueden confundirse los conceptos de capacidad para ser parte y capacidad para representar una parte.

En efecto, para poder actuar como parte en un proceso, en este caso contencioso administrativo, se requiere ser sujeto de derecho, es decir, tener capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones, toda vez que la decisión judicial que ponga fin al proceso puede reconocerle un derecho o imponerle una obligación; y cuestión diferente es la relativa a la representación de dicho sujeto de derechos como parte procesal.

El recurrente, confunde dichos conceptos y considera que de conformidad con las normas que regulan la representación de las entidades públicas es correcto precisar como parte en la demanda a la Administración Local de Impuestos de Norte de Santander porque fue su directora quien profirió los actos demandados.

Dicha funcionaria bien podría ser la representante de la entidad pública, si se tiene en cuenta la norma citada por el recurrente, el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, pero lo que sí no puede afirmarse es que la Administración Local de Impuestos del Norte de Santander sea un sujeto de derecho capaz de ser parte procesal.

Para definir lo anterior, es necesario precisar la naturaleza jurídica de dicha dependencia, de conformidad con la normas que la regulan.

La Ley 49 de 1990, “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 35 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para:

“a) Modernizar y tecnificar la administración tributaria. En uso de tales facultades podrá:

1. Organizar la Administración de Impuestos Nacionales como un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asignándole entre otras las funciones y facultades que hoy tiene la Dirección General de Impuestos y adicionalmente la de actuar como autoridad doctrinaria y estadística para todos los impuestos de los distintos órdenes territoriales”.

En ejercicio de dichas facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto-Ley 1643 de 1991, organizó la Dirección de Impuestos Nacionales como unidad administrativa especial y en su artículo 1º dispuso textualmente:

“La Dirección de Impuestos Nacionales es una entidad de carácter técnico y se organiza como unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con regímenes especiales de personal, nomenclatura y clasificación, carrera tributaria, salarios, prestaciones, control disciplinario, presupuesto y contratación administrativa, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 35 de la Ley 49 de 1990, a las normas de este decreto y a los demás decretos que se dicten en desarrollo de las mencionadas facultades”.

Por su parte, la Ley 6ª de 1992, en su artículo 106 prescribió:

“Transfórmase la actual Dirección General de Aduanas, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en unidad administrativa especial adscrita a dicho Ministerio, bajo la denominación de Dirección de Aduanas Nacionales, la cual será una entidad de carácter técnico con las mismas funciones, estructura y demás competencias administrativas y operativas que la ley le asignaba a la anterior dependencia, así como las del Fondo Rotatorio de Aduanas”.

Posteriormente, en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, el presidente expidió el Decreto 2117 de 1992, el cual dispuso en su artículo 1º:

“Fusión de la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales. Fusiónanse la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, creada por el Decreto 1643 de 1991, en desarrollo de la Ley 49 de 1990, con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales, denominada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

El mismo Decreto 2117 de 1992, en su artículo 2º dispone:

“Naturaleza jurídica de la Direccción de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una unidad administrativa especial constituida como una entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, carrera administrativa especial, salarios, prestaciones, régimen disciplinario, presupuesto y contratación administrativa, de acuerdo con los regímenes que regulaban las entidades que por este decreto se fusionan y de conformidad con lo previsto en las disposiciones finales del presente decreto”.

Por su parte, el artículo 95 del citado Decreto 2117 de 1992, al regular lo relativo a las funciones de las divisiones jurídicas de las administraciones de impuestos y aduanas nacionales, les asigna la de:

Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según las delegaciones que le sean conferidas, en los procesos que se promuevan ante las autoridades jurisdiccionales de la jurisdicción de la administración y llevar el registro correspondiente”.

De conformidad con las normas transcritas, puede establecerse que la Dirección de Impues-tos y Aduanas Nacionales, tal como lo dispuso el ordinal 1º del artículo 35 de la Ley 49 de 1990, tiene el carácter de persona jurídica, es decir, que es sujeto de derecho capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero ello no significa que pueda demandarse una de sus dependencias internas, pues éstas no tienen tal carácter, y el hecho de que por delegación puedan representar judicialmente a la persona jurídica de la cual forman parte, a través de su división jurídica —y no como lo dice el actor, a través de su directora— no implica su capacidad para ser parte aunque hubiere este último funcionario proferido el acto demandado.

Por lo expuesto, tuvo razón el a quo al rechazar la demanda y por ello habrá de confirmarse el auto apelado».

(Auto de abril 22 de 1994. Expediente 5383. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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