Auto 54 de febrero 21 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Magistrado Sustanciador:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Ref.: Solicitud de nulidad Sentencia T-1450 de 2000, expediente T-308667, acción de tutela Hernán José Mogollón Bacca contra la dirección de investigaciones y juicios fiscales de la Contraloría General de la República.

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero del año dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Ante todo, estima la Corte pertinente reiterar la jurisprudencia imperante en torno a la nulidad de las sentencias por ella proferidas, tanto en asuntos de constitucionalidad, como al realizar la revisión eventual de sentencias dictadas en acciones de tutela. A este efecto, ha de recordarse que la corporación, en auto de 10 de marzo de 1999 (exp. T-189309), expresó:

“1. A la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 85 de la Carta Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, le corresponde la revisión eventual de los fallos proferidos por los jueces de instancia al tramitar y decidir las acciones de tutela que hubieren sido incoadas cuando quiera que el actor considere que se le han vulnerado derechos fundamentales, o cuando exista una amenaza de vulneración concreta para los mismos.

2. Como fácilmente puede advertirse, queda por fuera de la competencia del juez de tutela cualquier decisión que no se encuentre dentro del ámbito propio de esta acción específicamente consagrada por el constituyente como un instrumento de amparo para la protección efectiva de los derechos fundamentales, lo que significa que cualquier otro asunto diferente ha de tramitarse ante la jurisdicción y el juez a quien la ley le haya atribuido competencia para el efecto.

3. Como ya se ha definido por esta Corte, por razones de seguridad jurídica y en virtud de la necesidad de que prevalezcan los postulados y valores que consagra la Carta magna, sólo de manera excepcional podría proceder la nulidad de fallos proferidos por esta corporación, pues, “como resulta de los artículos 241 y 243 de la Constitución Política, las sentencias que profiera la Corte Constitucional en desarrollo de sus atribuciones tienen carácter definitivo, en cuanto resuelven de manera inapelable los asuntos que ante ella se plantean, bien se trata de procesos de constitucionalidad en estricto sentido (control abstracto), ya que aludan a la revisión de los fallos de instancia en materia de protección a los derechos constitucionales fundamentales”.

“No obstante, cuando en el trámite judicial de los asuntos de competencia de la Corte Constitucional se incurra en irregularidades tales que se vulneren el debido proceso, se impondrá entonces dar aplicación directa al artículo 29 de la Constitución, por lo que, en tales eventos, si la irregularidad en cuestión se demuestra y establece con absoluta claridad será entonces imprescindible en guarda de la integridad y primacía de la Carta declarar la nulidad en que se hubiere incurrido, como lo precisó ésta corporación en auto de 26 de julio de 1996, (M.P. Jorge Arango Mejía).

En el mismo sentido, en Auto 33 de 22 de junio de 1995, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de las nulidades en relación con las sentencias por ella proferidas, asunto este sobre el cual expresó que: “se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan solo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar” (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)”.

(...).

Ello significa, entonces, de entrada, que al actor no se le privó del derecho a conocer, de manera oportuna, que se abrió investigación fiscal en contra suya por hechos sucedidos cuando ocupó la Dirección de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom; y, enterado, como lo fue, de la existencia de tal investigación, tuvo el expediente a su disposición, lo que significa que se le dio cumplimiento al principio de la publicidad, para que dicha investigación no se adelantara de manera oculta o subrepticia, sino con pleno conocimiento del investigado quien, en consecuencia, pudo participar en ese proceso desde su propia iniciación.

(...).

Es claro que bien podría haberse solicitado por el actor en esta acción de tutela que le fuera recibida versión libre sobre los hechos materia de investigación, evento este en el cual ella, necesariamente, debería haber sido recibida por el investigador. Mas, como enterado de la existencia de la investigación, el presunto responsable investigado optó por no pedirla, resulta ahora, por lo menos, manifiestamente extemporáneo que después de surtida la investigación y luego de adelantado y concluido el juicio fiscal, se invoque ahora una supuesta violación del derecho de defensa, que, como se ve, no existe porque al investigado desde el principio mismo de la investigación se le enteró de ella para que pudiera ser oído, participar en la práctica de pruebas, allegar las que tuviese en su poder, alegar en forma oportuna, interponer recursos, proponer nulidades y, en general, defenderse de acuerdo con la ley».

________________________________