Auto 5406 de abril 6 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

JUECES COMPETENTES

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor Marín Naranjo

Ref.: Expediente 5406

Santafé de Bogotá, D.C., seis de abril de mil novecientos noventa y cinco.

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá y Doce Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en relación con la aprehensión de la demanda instaurada por “Laboratorios Pronabell” Ltda., Centro Médico y Naturista Los Olivos Ltda. y Pedro Aníbal Sánchez Pineda frente a Luis Enrique Avilés y Clariza Sinisterra.

Antecedentes

1. Consignaron los demandantes en el escrito introductor las siguientes pretensiones:

“Declarativas: 

Que se declare que los demandados han cometido actos de competencia desleal al emplear la marca “Artridolay”, para distinguir su producto, dando a entender con ello que su artículo es el mismo distinguido con la marca “Artridolay” fabricado y comercializado por los demandantes.

Que se declare que los demandados al distinguir su producto con la enseña comercial y nombre similar, están utilizando y aprovechando los medios publicitarios costeados por los demandantes, la fama y el buen nombre de que goza la marca auténtica, lo que hace que el público se sienta atraído pero a la vez engañado y por consiguiente desorientado.

Condenatorias: 

Que se les ordene a los demandados modificar la marca por otra totalmente diferente o retirar del mercado nacional el producto marcado como “Artridolay” que resulta similar a la marca “Artridolay” y con fonía (sic) casi igual, porque la continuación en su utilización causa perjuicios pecuniarios a los demandantes, no sólo en la simulación de la marca, sino que se presenta riesgo en la calidad del producto y por supuesto engaño al público.

Que se condene a los demandados a pagar los perjuicios materiales causados, por los actos de competencia desleal, que han causado a mis representados, los cuales detallo en otro acápite de esta demanda”.

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, al cual correspondió aprehender el conocimiento de la demanda, la rechazó pretextando que el juez competente para diligenciarla lo era privativamente el juez civil del circuito de Santafé de Bogotá, según la regla de atribución prevista en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, despacho al cual ordenó remitir la actuación.

3. El Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad, al que en posterior reparto le fue asignado el asunto, declaró, a su vez, su incompetencia aduciendo que el mencionado artículo 17 corresponde al parágrafo 1º, artículo 3º del Decreto 2273 de 1989 por medio del cual se crean y organizan los “juzgados especializados de circuito civil”.

Tras destacar que aún no se encuentran en funcionamiento juzgados de tal especie en el distrito capital, afirma que debe mantenerse la regla genérica de competencia prevista en el artículo 23 ibídem, por cuanto que en la demanda se afirmó que uno de los demandados tiene su domicilio en Fusagasugá. Encuentra evidente, finalmente, que el petitum de la demanda se relaciona con la acción consagrada en el artículo 76 del Código de Comercio, en cuanto alude a cuestiones atinentes a la competencia desleal, razón por la cual “ni siquiera procede la observancia del precepto 614 ibídem”.

En esos términos planteado el conflicto, dispuso que se enviara el expediente a esta Corporación, a la cual consideró competente para definirlo.

Consideraciones

1. Previamente a decidir lo pertinente, parece necesario fijar con claridad el concepto de cada uno de los signos distintivos que, junto con las creaciones nuevas, conforman en el Código de Comercio la propiedad industrial, precisión que se hace indispensable a efectos de identificar el conflicto que se pone de presente en la demanda, así como el procedimiento que legalmente corresponda para resolverlo.

Son signos distintivos la marca, los lemas comerciales, el nombre comercial, la enseña y las denominaciones de origen. Por marca se entiende “...todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona...” (art. 81 Decisión 344 Comisión Acuerdo de Cartagena), y pueden ser denominativas, figurativas, mixtas, o plásticas, entre otras, según estén constituidas por un conjunto de letras con o sin significado, o por un dibujo o una figura, o por una combinación entre una y otra, o por una forma tridimensional como acontece en la marca-envase, respectivamente.

Los lemas comerciales, según el artículo 118 ejusdem, son “...la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca...”.

Se entiende por nombre comercial “...el que designa al empresario como tal...” (num. 4º del art. 583 del Código de Comercio). Mientras que por enseña se entiende, “...el signo que utiliza un empresa para identificar su establecimiento” (num. 5º ibídem).

La denominación de origen es “una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos...” (art. 129, decis. 344).

Por competencia desleal se entiende, en cambio, “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial...” (art. 10 bis del Convenio para la protección de la propiedad industrial de París). O, según el artículo 20 de la Ley 59 de 1936, “...todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales...”.

2. La forma de adquirir los derechos de propiedad industrial sobre tales signos, el modo como la misma puede transferirse, modificarse o extinguirse, así como las acciones administrativas o judiciales tendientes a su protección, se encuentran reguladas de manera integral en el título 22 del libro III del Código de Comercio, vale decir, con independencia de la reglamentación sobre competencia desleal, conformando, pues, dos dimensiones que mantienen un nítido deslinde conceptual, razón por la cual ha de concluirse que de acuerdo con tal codificación, las acciones judiciales a que den lugar los conflictos sobre la propiedad industrial están gobernados de manera privativa por las normas especiales sobre la materia, frente a las cuales, entonces, las acciones por competencia desleal son residuales.

En este orden de ideas, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto 2273 de 1989, según el cual “los jueces civiles del circuito especializados de Bogotá conocerán, además, en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales, y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa...”, viene a señalar una competencia comprensiva de todos los litigios que se relacionen con la propiedad industrial, cuyas normas se extienden a toda la materia, esto es, con prescindencia del régimen sobre aspectos aledaños en punto de competencia desleal.

Más exactamente, a la luz de la referida legislación, que se caracteriza por consagrar de manera independiente una y otra cuestión, las controversias que se susciten sobre asuntos concernientes a la propiedad industrial, deben tramitarse y decidirse conforme a las normas que de manera exclusiva regulan la materia, esto es, sin consideración a la reglamentación que reprime la competencia desleal, cuyos preceptos, genéricos y residuales, ceden paso a los particulares del título 22 del libro 3º del Código de Comercio.

3. Todo lo anterior se dice sin tomar en cuenta lo dispuesto por la Ley 178 del 28 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprobó “el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883”, junto con sus revisiones y enmiendas, que por haber entrado a regir con posterioridad a la presentación de la demanda no gobierna el conflicto de competencia que se resuelve, legislación que al disponer en su numeral 2º del artículo 1º que “...La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal...”, enmarcó dentro de las normas de protección a la propiedad industrial las que reprimen la competencia desleal.

Es decir, que lo que en el Código de Comercio eran dos instituciones reglamentadas en forma separada, fueron unificadas de tal manera que las normas destinadas a poner coto a la competencia desleal pasaron a formar parte de las que regulan la propiedad industrial, perspectiva desde la cual, entonces, aquellos funcionarios que son competentes para conocer de los litigios sobre esta última, pasarán a serlo, también respecto de las controversias sobre aquella —la competencia desleal—.

4. No obstante lo que acá pueda decirse en relación con la confusión e imprecisión de las pretensiones de la demanda que se examina, todo lo cual puede ser subsanado ab initio en la forma prevista por el artículo 85 ejusdem, lo cierto es que el libelo alude en forma categórica a unos hechos que atentan contra el derecho que tiene el demandante como titular de la marca “Artridolay”, quien en cuanto tal, tiene la facultad de impedir que los terceros usen “...o apliquen la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público en error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca...” (Decis. 344, art. 104).

Se trata, pues, de la protección de una marca debidamente registrada, frente a otra, que, en la misma clase de producto, se le asemeja y que, por ende, origina confusión entre el público. Empero, en lugar de optar por las medidas cautelares, depreca el demandante la indemnización de perjuicios que por tal circunstancia el demandado le ha ocasionado, amén de que impetra que se ordene la suspensión del abuso. Aun cuando tal acción no está prevista de manera típica en la legislación, no puede negarse que lo que se pretende es la protección de un derecho marcario, asunto cuyo conocimiento se encuentra atribuido de manera exclusiva a los jueces civiles del circuito de Santafé de Bogotá.

Ciertamente, si bien el artículo 597 del Código de Comercio envía a las normas sobre medidas cautelares propias de la patente, artículos 568 a 570 ejusdem, dejando por fuera de la remisión la acción indemnizatoria prevista en el artículo 571 ibídem, tal omisión no impide una protección de igual naturaleza para los titulares de las marcas porque, amén de deducirse por analogía, puede de todas formas inferirse por vía general, esto es, de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual, en tanto que el demandado lesiona un derecho patrimonial del actor causándole un perjuicio, inferencia que igual cabría aún de no existir el aludido artículo 571.

5. Para finalizar, en lo que atañe al memorial que obra al folio 4 del cuaderno de la Corte, es preciso advertir que manifestaciones de tal índole, que implican correcciones o modificaciones de la demanda, deben dirigirse al juez del conocimiento quien adoptará las decisiones pertinentes.

6. Así las cosas, corresponde al Juzgado Doce Civil del Circuito de Santafé de Bogotá aprehender el conocimiento de este asunto, para cuyo efecto se le remitirá el expediente.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, RESUELVE: Es el Juzgado 12 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá el competente para seguir conociendo de la demanda instaurada por “Laboratorios Pronabell” Ltda., Centro Médico y Naturista los Olivos Ltda. y Pedro Aníbal Sánchez Pineda frente a Luis Enrique Avilés y Clariza Sinisterra.

Enviésele la actuación y ofíciese al Juzgado 2º Civil del Circuito de Fusagasugá, informándole esta decisión. Notifíquese.

Nicolás Bechara Simancas—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Rafael Romero Sierra—Javier Tamayo Jaramillo. 

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