•Auto 5529 de agosto 6 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ESPECIAL DE REVISIÓN

CONTRA SENTENCIAS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJALES

EXTRACTOS: «La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a quien por decisión de dicha Sala corresponde conocer de los recursos extraordinarios especiales de revisión, como el presente, ha tenido oportunidad de manifestar lo siguiente:

“3. La Ley 136 de 1994 no consagra el recurso extraordinario especial de revisión respecto de los fallos de pérdida de investidura de los concejales proferidos por los tribunales administrativos.

Pero si el procedimiento comprende los sujetos procesales, los actos procesales (términos, régimen probatorio, recursos, etc.), y los procesos, ha de aceptarse que todo lo previsto en relación con tal materia en la Ley 144 de 1994 para los congresistas, incluido el recurso extraordinario especial de revisión, debe tener aplicación respecto de los concejales”(1).

(1) Auto de 13 de marzo de 1997. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa. Expediente 3712, actor: Fabio Otero Paternina.

En este mismo pronunciamiento la Sala de la sección precisó que “La Ley 136 de 1994 no contiene disposición alguna que regule el procedimiento para conocer del recurso especial de revisión”. Sin embargo, en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, entendió que a dicho recurso, no obstante el calificativo de “especial” que le atribuye la ley, debía dársele el trámite que el CCA señala para el recurso extraordinario de revisión en el capítulo II del título XXIII, dada la idéntica finalidad de uno y otro.

Tampoco la Ley 136 de 1994 señalaba cuál era el juez competente para conocer de dicho recurso especial de revisión. Sin embargo, la Sala de la sección asumió dicha competencia, apoyándose igualmente en decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación que sostenían que contra las sentencias de pérdida de investidura de concejales, proferidas por los tribunales administrativos no procedía el recurso de apelación, por ser un proceso de única instancia, pero que en cambio eran pasibles del recurso especial de revisión, correspondiendo al órgano superior de dichos tribunales, esto es, al Consejo de Estado, conocer de dicho recurso.

Los vacíos relativos a la competencia y al procedimiento, advertidos en la Ley 136 de 1994, vinieron a llenarse mediante la Ley 446 de 1998 que, en su artículo 39, modificatorio del artículo 131 del CCA, dispuso:

“Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...).

4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros de los concejos municipales y distritales, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del tribunal.

Contra las sentencias que pongan fin a estas controversias sólo procederá el recurso especial de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y siguientes de este código y la competencia será de la Sección de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado que determine el reglamento” (destaca la Sala).

De lo anterior se infiere que si bien el recurso extraordinario especial de revisión contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos en relación con pérdida de investidura de concejales no estaba previsto en la Ley 136 de 1994, la Ley 446 de 1998, pese a seguirse refiriendo a dicho recurso con el calificativo de especial, modificó la Ley 144 de 1994 no sólo para definir el procedimiento y la competencia sino para hacer precisión en cuanto a la razón de la procedencia del mismo.

En efecto, mientras la Ley 144 de 1994 se refiere a que el recurso procede contra “... las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario ...”, la Ley 144 de 1998 dispuso que el recurso procedería contra “... las sentencias que pongan fin a estas controversias ...”, sin diferenciar entre las sentencias que hubieren levantado o denegado dicha pérdida de investidura.

Pero, además, la misma Ley 446 de 1998 dispuso que el procedimiento correspondiente se adelantaría “... de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y siguientes de este código...”, entre ellos, el artículo 190 que, modificado igualmente por la Ley 446 de 1998 dispone que “El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el recurrente, en el término que al efecto le señale para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron parte en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se declarará desierto el recurso”. Lo expuesto permite concluir, sin dubitación alguna, primero, que el recurso extraordinario especial de revisión procede contra las sentencias que pongan fin a las controversias sobre pérdida de investidura de concejales, cualquiera que sea su sentido; y, segundo, que es menester que, antes de decidir sobre la admisión de la demanda, se disponga que el recurrente preste caución, señalando su naturaleza y cuantía. Como es claro que en el presente evento se pretermitió este trámite, pues se admitió la demanda sin antes exigir la prestación de la correspondiente caución, se revocará el auto admisorio recurrido para, en su lugar, ordenar que el recurrente en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación personal que se le haga de esta providencia, preste caución, otorgada por una entidad financiera, bancaria o de seguros, por la cantidad de un millón ($ 1.000.000) de pesos, con la advertencia de que si no la constituye oportunamente se declarará desierto el recurso interpuesto».

(Auto de Sala Unitaria, agosto 6 de 1999. Expediente 5529. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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