Auto 5529 de marzo 2 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SENTENCIAS QUE NIEGAN LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA

NO TIENEN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

EXTRACTOS: «En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en auto de 25 de enero 1995 con ponencia del consejero doctor Carlos Betancur Jaramillo (Exp. núm. AC-2220), ha sostenido que contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, no procede el recurso de apelación, por ser un proceso de única instancia, pero que, en cambio, son pasibles del recurso extraordinario especial de revisión, correspondiendo su conocimiento al órgano superior de dichos tribunales, esto es, al Consejo de Estado, por cuanto el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo Le adscribe esa competencia.

De otra parte, debe tenerse en cuenta también que, aunque la Ley 144 de 1994 no contiene disposición alguna que regule el trámite a imprimírsele al recurso extraordinario especial de revisión, en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, la Sala entiende que a dicho recurso, no obstante el calificativo de “especial”, que le ha atribuido la ley, debe dársele el rito que el Código Contencioso Administrativo señala para el recurso extraordinario de revisión en el capítulo II del título XXIII, dada la idéntica finalidad de uno y otro. Al respecto, el Consejo de Estado ha reiterado que el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto. Por el contrario, el recurso en comento debe circunscribirse al estudio de las precisas causales señaladas taxativamente por la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

Pero de la lectura del artículo 17 de la Ley 144 de 1994 se desprende que no ocurre lo mismo cuando se trata de una sentencia que no dispuso la pérdida de investidura del investigado, porque esa norma es muy clara al establecer que: “Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario ...”, principio plenamente aplicable al sub judice en razón de la extensión que hace el inciso final del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.

No escapa a la Sala que el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, no distingue en materia de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión en los casos de pérdida de investidura, razón por la cual debería entenderse modificado el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, que el auto suplicado aplica en el asunto sub examine. Sin embargo, el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 prescribe que “Mientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”. Por esta razón, el artículo 17 de la Ley 144 continuará aplicándose en materia de competencia en los asuntos de pérdida de investidura, mientras no se creen los juzgados administrativos.

En el presente caso se recurre extraordinariamente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 5 de abril de 1999, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Gonzalo Javier Zambrano Velandia, en ejercicio de la acción de pérdida de investidura del Concejal de Bogotá, Hernando Alonso Prada Gil.

Entonces, como la sentencia recurrida, según se vio, no es de aquellas que la ley hace pasibles del recurso a que se ha hecho alusión, el aquí impetrado es improcedente.

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la ley reviste al juez de poderes oficiosos de ordenación e instrucción, la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto de 28 de mayo de 1999, inclusive, para, en su lugar, rechazar por improcedente el recurso extraordinario especial de revisión impetrado contra la sentencia de 5 de abril de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en este asunto».

(Auto de marzo 2 de 2001. Expediente 5529 Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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