Auto 5650 de agosto 2 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CAUSAL SÉPTIMA DE REVISIÓN

CÓMPUTO DEL PLAZO PARA RECURRIR

EXTRACTOS: «1. El recurso extraordinario de revisión, estatuido contra las sentencias ejecutoriadas y que como tal constituye una excepción al postulado básico de la inmutabilidad de la cosa juzgada, se encuentra por esa misma razón reglamentado en forma minuciosa, no sólo en cuando a las causales que permiten intentarlo, sino también en cuanto a los términos para ello, los cuales son ciertamente perentorios y, por supuesto, de estricto cumplimiento, so pena de caducidad; pues precisamente por estar de por medio la cosa juzgada y exigir la seguridad jurídica una solución definitiva de los conflictos, ha buscado el legislador una precisión absoluta con respecto a la oportunidad para impugnar la sentencia.

2. Así pues, la regla general, a términos del artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, es la de que el recurso de revisión ha de interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia respectiva, con la sola excepción del evento en que el impugnante invoca la causal séptima, esto es, cuando dice hallarse en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 ibídem, pues en tales situaciones, por la naturaleza misma de la causal, la norma —inciso 2º del artículo 381— dispone que “...los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha del registro” (subrayado fuera de texto).

3. Ahora bien, para un cabal entendimiento de la disposición transcrita en el párrafo precedente, es pertinente precisar que, como sucede en las demás causales, también en la séptima el término para recurrir es de dos años; la diferencia estriba, entonces, es en el momento en que esos dos años comienzan a correr, porque no será a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la regla general, sino que se contarán, ya a partir de cuando la parte perjudicada o su representante haya tenido conocimiento de la decisión, ora a partir de la fecha de registro, si la sentencia es de aquellas que deben inscribirse en un registro público; pero para deducir la oportunidad de la impugnación extraordinaria, no basta con tener en cuenta aquellos términos, sino también el plazo máximo fijado en la misma ley, que no puede ser superior a los cinco años contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, como así se desprende de una visión integral del artículo 381 en comento.

De manera que transcurrido este último plazo, contado desde el momento preanotado, la sentencia adquiere una solidez absoluta, sin que contra la misma quepa recurso alguno, independientemente, se repite, de su registro, si fuere del caso, o de cuándo el interesado haya tenido conocimiento de ella. Entendimiento diferente del precepto comentado, dejaría la sentencia ejecutoriada sometida a la posibilidad de ser impugnada dentro de un plazo absolutamente indefinido, lo cual repugna a la institución de la cosa juzgada y a los mismos términos dentro de los cuales el legislador tolera la revisión.

4. Por otra parte, viene también a propósito considerar, que cuando por la ley se determina que el recurrente —siempre dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria, como quedó visto—, tiene dos años desde la fecha de registro de la sentencia para impugnarla, está partiendo de un conocimiento ficto, presunto, que se supone tiene toda persona de una providencia por la sola circunstancia de la publicidad que el registro público implica. Pero, por supuesto que ese conocimiento presunto debe ceder el paso, debe inclinarse ante el conocimiento verdadero, material, que el interesado obtenga de la decisión judicial correspondiente. Así pues, si el interesado llega a tener conocimiento de una sentencia de las sometidas a registro antes de que éste se efectúe, los dos años para recurrir en revisión correrán no desde la fecha del registro, como podría creerse tras una lectura apresurada o superficial de la norma, sino a partir de ese conocimiento real y efectivo de la providencia; y es esta la interpretación racional de la disposición estudiada, pues lo pretendido por la ley es que la revisión se intente dentro de los dos años siguientes al conocimiento real que el presunto agraviado tenga de la decisión que le perjudica, de tal manera que, una vez enterado en forma cierta de ella, le corren inexorables los dos años; con el agregado sí, de que cuando la sentencia ha sido registrada, no puede el recurrente alegar que su conocimiento devino con posterioridad a la fecha del registro, por cuanto en tal evento, el cómputo del término respectivo arranca necesariamente desde el conocimiento presuntivo que suministra el registro de la sentencia. Entendimiento de la situación diferente al aquí expuesto, llevaría al absurdo de aceptar que quien conoce realmente una sentencia que le agravia, puede abstenerse de recurrirla argumentando que aún se encuentra esperando el conocimiento ficto que le proporcionará su registro».

(Auto de agosto 2 de 1995. Expediente 5650. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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