Auto 5785 de noviembre 20 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y DIRECTA DEL JUEZ

QUIEN LA DEMANDE DEBE HABER SIDO PARTE EN EL PROCESO

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Ref.: Expediente 5785

Santafé de Bogotá, D.C., veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Decídese el recurso de súplica interpuesto contra el proveído de 23 de octubre de 1995, en virtud del cual el magistrado ponente rechazó in límine la demanda que, con fundamento en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, formuló el doctor Francisco José Vergara Carulla contra los doctores Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz.

I. Antecedentes

1. El actor instauró la referida demanda para que, tras declararse que los demandados cometieron error inexcusable en el fallo de revisión de la tutela distinguida con el número 56.732, sean condenados a indemnizar los perjuicios que a él le causaron.

2. Tal pedimento lo apoya fácticamente en que estando viciado de nulidad el trámite de la tutela, y pese a reconocerlo así la H. Corte Constitucional, ésta consideró sin embargo que estaba saneada, al afirmar erróneamente que no había sido alegada ni planteada oportunamente.

3. El aquí demandante, doctor Francisco José Vergara Carulla, fue el apoderado de las personas contra quienes se enderezó dicha tutela; y considera que tal pronunciamiento, que no vacila en calificar como producto de un error inexcusable, le ha irrogado perjuicios en su condición de profesional del derecho. Cosa que elucidó del siguiente modo:

“Perdí junto con tales clientes la confianza de múltiples personas del mismo medio porque los honorables magistrados demandados arrojaron sobre mi prestigio la mancha de no saber siquiera plantear en forma correcta una nulidad o, peor aún, de que pese a saberlo, deje de hacerlo en forma maliciosa”.

4. El magistrado ponente de esta corporación a quien correspondió por reparto el asunto, decidió rechazar de entrada la demanda, por falta de jurisdicción, auto contra el cual ha interpuesto el demandante, según se advirtió enantes, el recurso de súplica.

II. Consideraciones

Está bien definido que al lado de la responsabilidad directa que le pueda caber al Estado por la acción u omisión reprochable de los encargados de ejercer la función pública de administrar justicia, quiso el ordenamiento legal establecer una acción especial dirigida derechamente contra la persona del funcionario judicial, a fin de que resarza los perjuicios causados con tales procederes.

Razón suficiente para aseverar desde ya, cual se hizo en el auto suplicado, que se trata de un específico linaje de responsabilidad.

Mas ha de verse que la singularidad de ella no se manifiesta solamente de ese modo. Otros aspectos, en verdad, también la ponen al descubierto. Así, al tenor de la disposición que la consagra (CPC, art. 40), es muy de notar que se estableció una competencia especial para el conocimiento de ese tipo de asuntos, atribuida a los tribunales superiores cuando los demandados sean jueces, y a la Corte Suprema de Justicia, cuando se les endilgue a magistrados (arts. 26 y 25 ejusdem, respectivamente); igualmente, en tal tipo de juicios no pueden aducirse sino las precisas causas que de manera taxativa señala la norma en sus tres numerales. En fin —y es lo que más importa señalar ahora—, la preceptiva legal en análisis puntualizó lo atinente a los sujetos entre quienes podía trabarse litigio semejante, tanto por activa como por pasiva: como demandados no pueden estar, ciertamente, sino los jueces o magistrados que en el caso concreto hayan ejercido la función pública; y, como demandantes, las partes del proceso en donde se asegura que ocurrió el desafuero.

Por sobre todo conviene poner el acento en el extremo activo de la relación jurídico procesal. Porque de lo dicho se desprende el axioma de que no cualquiera puede ser la persona que promueva tan singular juicio. Requiérese, siempre y en todo supuesto, una calidad específica en el demandante, que no es otra que la de haber sido parte en el trámite en el cual se dice que ocurrió el error judicial. Nadie más. Lo que autoriza para afirmar sin ambages que el del artículo 40 citado es un proceso cuya finalidad, única además, es la de procurar el abono de los perjuicios causados directamente a los sujetos procesales llamados partes, en el bien entendido de que son éstas quienes de ordinario sufren el impacto de las actuaciones extraviadas de los funcionarios judiciales.

Significa que quienes no tengan esa calidad —como ocurre con los apoderados—, no pueden acudir a dicho trámite.

Cumple enfatizar aquí lo inadmisible que es refundir las calidades de parte y apoderado, como lo hizo el aquí demandante cuando afirmó que acudía al trámite ya señalado “porque como apoderado que fui en el negocio, tengo la calidad de parte exigida en la norma”. Desde luego que el apoderado, como simple mandatario judicial que es, apenas sí presta su concurso en beneficio de una causa ajena; es un extraño en cuanto a la relación sustancial debatida en la litis. No todos los que intervienen en un proceso son partes, porque únicamente tienen esta calidad quienes tienen un interés propio y directo en la suerte del derecho material controvertido; vale decir, por lo regular, quien reclama la relación material para sí y la persona frente a quien se reclama. Quizás por esto es que hasta el propio actor dudó en un pasaje de la demanda acerca de la viabilidad en este caso del trámite indicado en el artículo 40, al decir que si no es aceptada su calidad de parte, “se le deberá imprimir el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía” seguido ante el juez civil del circuito.

A este propósito conviene advertir que el demandante olvida que los jueces y magistrados personifican al Estado; de tal suerte que cuando ellos pronuncian sus decisiones no lo hacen a título personal sino a nombre de él. De ahí que la responsabilidad por sus hechos y omisiones recaiga principalmente en dicho ente, cuya averiguación corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, que no a la ordinaria civil como equivocadamente lo asevera el actor. Y que sólo por vía de excepción puedan dirigirse las acciones directamente contra el órgano judicial, cual acontece con la hipótesis restringida del pluricitado artículo 40.

Total, obsérvase que, independientemente de la polémica que este caso pueda suscitar en torno al extremo pasivo de la litis, es lo cierto que esta Corporación, en tanto que el aquí promotor de la misma no fue parte en el trámite de la tutela, sino meramente el apoderado de alguna de las partes, carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de la misma, cual se decidió en el proveído impugnado.

Así las cosas, no hay lugar a revocar la providencia recurrida en súplica.

III. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, confirma el auto que fue materia del recurso de súplica, calendado el 23 de octubre de 1995.

Notifíquese.

Nicolás Bechara Simancas—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Rafael Romero Sierra—Javier Tamayo Jaramillo. 

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