Auto 581 de mayo 25 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DEMANDA DE ACTOS QUE RECONOCEN PRIMA TÉCNICA

CADUCIDAD CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ES QUIEN DEMANDA

EXTRACTOS: «Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de 22 de septiembre de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que admitió la demanda y suspendió provisionalmente los actos demandados.

La demanda. En ejercicio de la acción de nulidad el Hospital San Rafael de Tunja, mediante apoderado, instauró demanda tendiente a obtener la nulidad de la Resolución 875 de septiembre 22 de 1995, “por medio de la cual reconoció el derecho a prima técnica y se ordena su pago a la doctora Esther Clemencia Novoa Pineda proferida por el Hospital San Rafael”.

El auto apelado. El a quo, mediante providencia objeto del recurso admitió la demanda y suspendió provisionalmente el acto acusado.

(...).

Para resolver, se considera:

(...).

Las entidades públicas, según el artículo 136-7 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, tienen un plazo de dos (2) años para demandar esa clase de actos, contados a partir del día siguiente a su expedición.

La excepción está contenida en su numeral 2º, conforme al cual “los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados”.

La prima técnica no es una prestación periódica, pues en casos como el de autos el empleado la percibe como factor salarial y de una forma habitual, es decir, constituye retribución directa de los servicios prestados.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en sentencia de marzo 10 de 1994, al revisar la constitucionalidad de la frase “y los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo”, y en lo aplicable al caso concreto, sostuvo:

“Las prestaciones periódicas. En el régimen laboral colombiano por prestaciones sociales se entienden los pagos que el empleador hace al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos o necesidades de éste que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencian de los salarios en que no retribuyen directamente los servicios prestados y de las indemnizaciones en que no reparan perjuicios causados por el empleador.

En cuanto a su origen, las prestaciones pueden ser creadas por ministerio de la ley, o pactadas en convenciones y pactos colectivos o en el contrato de trabajo, o establecidas en los reglamentos de trabajo, en fallos arbitrales, o en cualquier otro acto unilateral del empleador.

La doctrina (Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T. VI, págs. 385 y 386) distingue las prestaciones en dinero, según se concreten en una suma única o en el abono de prestaciones periódicas. Se cita como ejemplo más frecuente el de los sistemas de capital o renta para indemnizar a las víctimas de riesgos o infortunios laborales. Las prestaciones periódicas a su vez pueden ser transitorias o permanentes, por lo general se denominan subsidios a las indemnizaciones periódicas con corta duración y pensiones cuando se abonan durante bastante tiempo e incluso de carácter vitalicio (…)”.

En síntesis, lo que la entidad actora pretende en esta oportunidad es instaurar la acción —que no puede ser otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho—, para conseguir la anulación de la Resolución 075 de septiembre 22 de 1995, “por la cual se reconoce el derecho a prima técnica y se ordena su pago”; empero, en este supuesto dicha prima fue reconocida como factor salarial, es decir, como parte integrante de la asignación salarial mensual de la demandada y no como prestación social periódica.

Así las cosas, es evidente que la demanda debió incoarse dentro de los dos (2) años posteriores a la expedición del acto, y como no ocurrió de esa manera, la acción está caducada, habida cuenta de que la resolución fue expedida el día 22 de septiembre de 1995, y por consiguiente, el plazo de que disponía la administración para presentar la demanda iba hasta el día 23 de septiembre de 1997; como ello aconteció el día 27 de julio de 1999 (fl. 15 vto.), se produjo el fenómeno de la caducidad de la acción.

En efecto, son los actos que reconocen prestaciones periódicas los que permiten ejercitar dichas acciones en cualquier tiempo. Pero como se dejó sentado, en este caso la situación es de otra naturaleza.

En ese orden de ideas, deberán revocarse la admisión de la demanda y el decreto de suspensión provisional, que naturalmente queda sin piso alguno, para rechazarla por caducidad de la acción».

(Auto de mayo 25 de 2000. Expediente 991078-581-00. Consejero Ponente: Dr.Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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