Sentencia 5826 de octubre 28 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actor: Hernán Fabio López Blanco

Acción: Nulidad.

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

El ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, del Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998, “por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”, expedido por el Gobierno Nacional.

I. La admisión de la demanda

Como la demanda y sus anexos se ajustan a las previsiones de los artículos 137 a 142 del Código Contencioso Administrativo, es del caso proceder a su admisión y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

II. La solicitud de suspensión provisional

II.1. En el mismo escrito de la demanda, en acápite especial, en el que se remite al concepto de la violación de aquélla, el actor impetró la suspensión provisional aduciendo al efecto, en síntesis, lo siguiente:

Que el decreto acusado viola de manera ostensible los parámetros que le señaló la Ley 446 de 1998 en su artículo 166, empezando por sus considerandos, ya que en éstos se asevera que el mismo se expide sin cambiar la redacción, ni el contenido de las normas objeto de la compilación, aspecto este que riñe con la realidad pues, (fl. 66) el artículo 11 compiló el 95 de la Ley 446 de 1998 y en su redacción se refirió al artículo 96; y que de igual manera el artículo 48 del decreto acusado, al compilar el artículo 85 de dicha ley, lo transcribió mal pues, éste se refirió al artículo 68 y no al artículo 69.

Que, además, el artículo 166 de la citada ley 446 autorizó al Gobierno Nacional para compilar las normas vigentes de dicha ley, de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, lo cual tampoco ocurrió pues, en el decreto acusado se incluyeron algunas disposiciones derogadas, así:

En el artículo 121, anulado por el Consejo de Estado, se recopiló el artículo 6º del Decreto 2279 de 1989, que había sido derogado por el artículo 167, numeral 2, de la Ley 446 de 1998.

El artículo 126, también anulado por el Consejo de Estado, recopiló el artículo 19 de Decreto 2279 de 1989, que había sido modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, norma ésta última que ha debido ser recopilada, al no haber sido derogada por la citada Ley 446.

Los artículos 135 y 136 recopilaron los artículos 15 y 16 del Decreto 2279 de 1989 que se encuentran derogados, pues, desde la expedición del Decreto 2651 de 1991 se eliminó toda intervención del juez civil del circuito en los procesos arbitrales.

El artículo 138 recopiló el artículo 26 del Decreto 2279 de 1989, olvidando que el artículo 167, numeral 2, de la Ley 446 de 1998, derogó el numeral 3 de dicho artículo.

Igualmente, aduce el actor que, además de haber sido mal recopiladas, se incluyeron normas que nada tienen que ver con la autorización dada, como ocurrió con el artículo 155 del decreto acusado, que incluyó a los numerales 4º y 5º del original artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, que expresamente fueron derogados por la Ley 446 de 1998 en su artículo 167; y los artículos 23 y 24 del Decreto 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la citada Ley 446, que se refieren a aspectos propios de la práctica de pruebas, aplicables a todo proceso, y no sólo al arbitral.

Que por lo anterior también se viola el artículo 150, numeral 2º, de la Constitución Política al no cumplirse con la labor encomendada, sino que se legisló al revivir normas derogadas, al modificar otras vigentes, o al dejar de incluir las mismas, como los artículos 63 de la Ley 23 de 1991, 75 de la Ley 446 de 1998, 5º a 9º del Decreto Reglamentario 0800 de 1991, 19 y 20 del Decreto 2651 de 1991 y la Ley 16 de 1981.

II.2. Consideraciones de la Sala

Sea lo primero advertir que la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 8 de abril de 1999 (Exp. 5191, Actor: Julio Roberto Cepeda Tarazona, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), en cuanto a la competencia de esta corporación para asumir el conocimiento del decreto acusado.

En efecto, dijo la Sala en la citada sentencia:

“... si bien es cierto que las normas compiladas en el Decreto 1818 de 1998 tienen rango legal, en la medida de que provienen de ordenamientos con tal carácter, también lo es que en el asunto sometido a su consideración no se está controvirtiendo la constitucionalidad de dichas normas, cuestión que en efecto le corresponde a la Corte Constitucional, sino que simplemente el demandante está cuestionando la inclusión de dichas normas en el decreto, cuando las mismas ya no estaban vigentes, asunto que la misma Corte Constitucional ... atribuye su conocimiento al Consejo de Estado...”.

Ciertamente, como lo señaló el actor, esta corporación en la precitada sentencia, declaró la nulidad de los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4 y 5 y 163 numeral 3, del Decreto 1818 de 1998, por cuanto en tales disposiciones se compilaron normas derogadas o se dejó de reproducir el texto de otras que, a su vez, habían modificado normas objeto de la compilación.

Significa lo precedente que en relación con las citadas disposiciones operó el fenómeno de la cosa juzgada, lo cual hace innecesario, por sustracción de materia, que la Sala vuelva a hacer pronunciamiento alguno al respecto.

Le asiste razón al actor en cuanto a que el artículo 11 del decreto acusado, que compiló el artículo 95 de la Ley 446 de 1998, en su texto hace referencia al artículo 96 ibídem, cuando en realidad es el 95; el artículo 48 de aquél al compilar el artículo 85 de dicha ley lo transcribió mal pues, éste se refirió al artículo 68 y no al 69; y los artículos 135 y 136 compilaron los artículos 15 y 16 del Decreto 2279 de 1989, derogados por el Decreto 2651 de 1991, en su artículo 19.

En efecto, prevén los artículos 11, 48, 135 y 136 del Decreto acusado:

“ART. 11.—Centros de conciliación de facultades de derecho. Las facultades de derecho podrán organizar su propio centro de conciliación.

Dichos centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a que se refiere el artículo 66 de la presente ley, sin limitarse a los asuntos de competencia de los consultorios jurídicos (L. 446/98, art. 96)”.

Confrontando esta norma con el texto del artículo 96 de la Ley 446 de 1998 al cual alude, fácilmente se extrae que este artículo se refiere es a las tarifas que pueden cobrar los centros de conciliación por sus servicios, es decir, que no guarda relación con la materia regulada en aquélla, cual es la de los centros de conciliación de las facultades de derecho, materia consagrada en el artículo 95 ibídem.

“ART. 48.—Inasistencia. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y no comparezca a la audiencia a la que se citó.

La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante la autoridad administrativa del trabajo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.

La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de conciliación, obliga al inspector de trabajo a consignar expresamente este hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 69 de la presente ley (art. 85, L. 446/98 que modifica el art. 32 de la L. 23/91)”.

De la comparación entre el texto transcrito y el del artículo 85 de la Ley 446 de 1998, que modificó al artículo 32 de la Ley 23 de 1991, sin esfuerzo alguno la Sala observa que la norma compilada en su inciso 3º se remite a los efectos del artículo 68 de la citada ley, mientras que aquél alude al artículo 69, el cual por no regular la materia prevista en la norma en estudio, hace que ésta resulte incoherente.

No obstante lo anterior la Sala considera que se hace necesario dilucidar si la cita equivocada de las disposiciones legales constituye o no un error mecanográfico susceptible o no de ser subsanado. Lo cual es materia de estudio en la sentencia que ponga fin al proceso y no en esta etapa inicial.

“ART. 135.—Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de los árbitros haya empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede recurso alguno (D. 2279/89, art. 15)”.

“ART. 136.—Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del circuito para que decida de plano.

Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento para que proceda al reemplazo en la forma prevista en la designación.

Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación (D. 2279/89, art. 16)”.

Según el artículo 19 del Decreto-Ley 2651 de 1991 “los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director del centro de arbitraje”. De tal manera que al consagrar las disposiciones antes transcritas tal facultad en cabeza del juez civil” del circuito está compilando normas derogadas por aquél, contrariando el texto del artículo 166 de la citada Ley 446 pues, éste facultó al Gobierno Nacional para hacer la compilación de normas vigentes relativas a los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Así las cosas, debe la Sala acceder a decretar la medida de suspensión provisional de los efectos de los artículos 135 y 136 del decreto acusado.

En lo que respecta a las disposiciones que debieron incluirse en la compilación y que, a juicio del actor, no fueron objeto de la misma, no basta hacer una simple confrontación de textos para arribar a tal conclusión, sino que resulta menester efectuar un análisis más detallado y profundo acerca de las facultades conferidas al Gobierno Nacional en el artículo 166 de la Ley 446 de 1998 y de la materia a la cual se contraen ellas; así como precisar si la no inclusión de tales disposiciones puede afectar o no la totalidad del decreto acusado, lo que no es propio de esta etapa inicial del proceso, sino de la sentencia que dirima la controversia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

I. Admítese la demanda presentada por el ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco. En consecuencia, se dispone:

a) Notifíquese personalmente al señor Ministro de Justicia y del Derecho. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos;

b) Notifíquese personalmente al señor Procurador Sexto Delegado de lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado;

c) Fíjese el proceso en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada o los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas;

d) Solicítese a la Secretaría General del Ministerio de Justicia y del Derecho que en el término de ocho (8) días envíe los antecedentes administrativos correspondientes al acto administrativo acusado. El desacato a esta solicitud o la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria;

e) De conformidad con lo ordenado en el numeral 4 del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el Decreto 2867 de 1989, deposite el actor la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) moneda corriente, dentro de los diez (10) días siguientes al del regreso del expediente a la secretaría.

II. Tiénese como demandante al ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco.

III. Tiénese como demandada a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho.

IV. Decrétase la suspensión provisional de los efectos de los artículos 135 y 136 del decreto acusado; y

V. Deniégase la suspensión provisional de los efectos de las demás normas del decreto acusado relacionadas en la demanda.

Copíese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de octubre de 1999.

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