Auto 593 de septiembre 19 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

FUNCIONARIOS INVESTIDOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA

EN EL NIVEL DEPARTAMENTAL

EXTRACTOS: «El artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, prescribe:

“ART. 561.—Procedimiento. Las ejecuciones por jurisdicción coactiva para el cobro de créditos fiscales a favor de las entidades públicas se seguirán ante los funcionarios que determine la ley, por los trámites del proceso ejecutivo de mayor o menor y de mínima cuantía, según fuere el caso, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el presente capítulo.

En este proceso no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de recursos por la vía gubernativa”.

El acto administrativo que sirve de título de recaudo liquidó a favor del departamento de la Guajira el impuesto de timbre nacional sobre los vehículos automotores, que el artículo 52 de la Ley 14 de 1983 cedió a dichas entidades. Esa norma la reprodujo el artículo 113 del Decreto 1222 de 1986, así:

“ART. 113.—Cédese el impuesto de timbre nacional de que trata el artículo 111 a los departamentos, intendencias, comisarías y al Distrito Especial de Bogotá; en consecuencia, dicho impuesto será recaudado por las referidas entidades territoriales. Sin embargo, los departamentos podrán convenir con los municipios capitales de departamento y con aquellos donde existan secretarías de tránsito clase A, formas de recaudación delegada del tributo.

Cédese igualmente el debido cobrar existente por este concepto a las entidades territoriales mencionadas en este artículo”.

Corresponde, entonces, a los departamentos el recaudo del impuesto de timbre nacional sobre los vehículos automotores. Pero debe dilu-cidarse si el gobernador es quien está investido de la potestad legal de adelantar los respectivos procesos de jurisdicción coactiva, aspecto cuestionado en el que se examina.

El gobernador, según lo dispone el artículo 303 de la Constitución Política, es el jefe de la respectiva administración seccional y representante legal del departamento. También, en las materias taxativamente señaladas, es agente del Presidente de la República. Entre sus atribuciones, previstas en el artículo 305 de la Carta, está la de:

“11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación”.

A su vez, el Decreto 1222 de 1986 tiene previsto en sus artículos 94 y 95:

“ART. 94.—Son atribuciones del gobernador: (...)

2. Dirigir la acción administrativa en el departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o revocando los actos de éstos, y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración”.

“ART. 95.—Son atribuciones de los gobernadores, las siguientes (...)

21. Cuidar de que las rentas sean recaudadas con acuciosidad y esmero, y que se les dé el destino señalado en las leyes”.

Respecto de la naturaleza de la jurisdicción coactiva no ha habido una interpretación uniforme por parte de las altas cortes. Para la H. Corte Suprema de Justicia se trata de una actividad administrativa, cuyo ejercicio está reservado exclusivamente a los funcionarios a quienes la ley inviste con esa jurisdicción; ésta no se deduce de las funciones administrativas asignadas ni puede considerarse implícita en las mismas. En igual sentido se ha pronunciado la H. Corte Constitucional.

En cambio, esta corporación la ha considerado función jurisdiccional ejercida por empleados administrativos a quienes la ley expresamente se la otorgue, según lo previsto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política, que expresa:

“ART. 116.—(...)

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no le será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos”.

Conforme a esta norma sólo la ley puede investir de función jurisdiccional a determinadas autoridades administrativas. Cualquiera sea la naturaleza que se reconozca a la jurisdicción coactiva, debe estar atribuida de manera expresa por la ley o por una norma con fuerza de ley a un funcionario determinado de la administración. Ello también implica que no puede atribuirse o asignarse por ordenanza o acuerdo.

En el presente asunto, si bien el gobernador en calidad de jefe de la administración seccional debe velar por el pronto y eficaz recaudo de las rentas departamentales, la ley no le ha atribuido expresamente, en forma específica, la competencia para el cobro por vía de jurisdicción coactiva del impuesto de timbre nacional sobre los vehículos automotores, cedido a favor del departamento.

Conviene observar que el Decreto 2304 de 1989 en su artículo 11 disponía:

“De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, los representantes legales de los establecimientos públicos nacionales, departamentales, intendenciales, comisa-riales y municipales, de las áreas metropolitanas y de los establecimientos públicos interadministrativos tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos, mediante el procedimiento ejecutivo prescrito por el Código de Procedimiento Civil, los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades”.

Esa disposición, que la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia declaró inexequible mediante sentencia de 26 de junio de 1990, por exceder en su expedición las facultades extraordinarias otorgadas, puso fin a la discusión planteada sobre el alcance del artículo 79 del Código Contencioso Administrativo entre la Sala de Consulta y Servicio Civil, que consideraba titulares de la jurisdicción coactiva a los representantes legales de las entidades mencionadas por la norma, y la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación que argumentaba que la jurisdicción coactiva debe ser atribuida expresamente por la ley a un funcionario determinado, quedando en claro desde entonces que la interpretación válida es la dada por esta última.

Pero el apoderado judicial del ente territorial afirma que con apoyo en la Ley 4ª de 1913 y en el artículo 6º de la Ley 84 de 1915 puede colegirse la facultad de los jefes de las entidades territoriales para ejercer la jurisdicción coactiva, advirtiendo además que dichas normas se encuentran vigentes.

Al respecto cabe anotar que el artículo 339 del Decreto 1222 de 1986, prevé:

“ART. 339.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 35, literal b, de la Ley 3ª de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración departamental no codificadas en este estatuto”.

En consecuencia, debe entenderse que la Ley 4ª de 1913, denominada “Código de Régimen Político y Municipal” fue derogada por el Decreto 1222 de 1986 en lo referente a la organización y funcionamiento de la administración departamental.

Distinto resulta ser el caso del artículo 6º de la Ley 84 de 1915, que expresa:

“Los empleados encargados de la recaudación de las rentas departamentales tendrán jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de los créditos a favor del tesoro del departamento”.

Esta norma inviste de jurisdicción coactiva al funcionario encargado del recaudo de las rentas departamentales, y dado que sobre esta materia no hace reglamentación alguna el Decreto 1222 de 1986 y que tampoco concierne a la organización y funcionamiento de la administración departamental sino al ejercicio de una función jurisdiccional conferida por la ley, mal podría entenderse la pérdida de su vigencia. Tiene razón, entonces, la parte ejecutante en cuanto afirma que dicha norma se encuentra derogada pero, se aclara, quien está investido de jurisdicción coactiva en el departamento es el empleado que recauda sus rentas, no el gobernador a quien compete la función de vigilar el buen recaudo de ellas y su destinación.

De lo anterior se deduce que quien se encuentra facultado para proferir el mandamiento de pago y adelantar la ejecución es el empleado que recauda el impuesto de timbre nacional sobre los vehículos automotores en el departamento de la Guajira, condición que puede resultar de lo previsto en norma seccional que no se conoce y cuyo aporte es carga de quien sustente allí su argumentación, toda vez que el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo exige que las normas que no tengan alcance nacional deben acompañarse por el demandante, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente.

Contrario es lo sucedido con el régimen municipal desarrollado bajo los presupuestos de la Constitución Política de 1991 por la Ley 136 de 1994, pues el numeral 6º, literal d de su artículo 91 otorga a los alcaldes la facultad de ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio, pudiendo delegarla en los tesoreros municipales.

Por tanto, la Sala concluye que el impuesto de que trata la Ley 2ª de 1976, regulado por el artículo 1º del Decreto 3674 de 1981 y cedido a los departamentos por el artículo 52 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 113 del Decreto 1222 de 1986, es perseguible por jurisdicción coactiva, sin que sea el gobernador competente para hacerlo por no estar investido expresamente por la ley con esa jurisdicción, ni haberse acreditado que tenga funciones de recaudador, caso en el cual por ministerio de la ley estaría investido de jurisdicción coactiva. En consecuencia, como en este proceso el funcionario que dictó el mandamiento ejecutivo no tiene la calidad de ejecutor de acuerdo al artículo 561 del CPC procede revocar ese proveído, ordenar el cese de la ejecución y levantar las medidas cautelares en el caso de que se hayan decretado».

(Auto de septiembre 19 de 1996. Expediente 0593. Consejero Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez).

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