Auto 59493 de abril 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 59493

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

AL3289-2014

Acta 12

Bogotá, D. C., nueve de abril de dos mil catorce.

Resuelve la Corte sobre la demanda ordinaria laboral promovida por Albert Angello Cabrera Burbano contra la Organización de Naciones Unidas – Programa Mundial de Alimentos, la cual fue remitida a esta corporación por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta.

I. Antecedentes

Con la demanda citada, pretende el actor que se declare respecto de la convocada a juicio, la existencia de un contrato de trabajo y, en consecuencia, se le condene al reconocimiento y pago de todas las acreencias laborales; aportes al sistema de seguridad social, debidamente indexados; intereses moratorios, y la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST.

En apoyo de sus pedimentos refirió que a través de la modalidad contractual de prestación de servicios, laboró a favor del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), desde el 1º de agosto de 2006 hasta el 31 de enero de 2012.

Aduce que a partir de la fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2011, devengó una remuneración de $3.670.000, la cual incrementó a partir de esta última fecha a un monto de $4.037.000.

Afirma que desde el momento de su vinculación, desarrolló sus labores de manera personal y subordinada, cumpliendo un horario y desempeñando las funciones específicas del cargo de acuerdo con las políticas, procedimientos y lineamientos de la entidad demandada.

Refiere que el PMA terminó de manera unilateral y sin justa causa el “negocio jurídico” que los unió, sin que a la fecha haya cancelado las acreencias laborales que le corresponden por ley.

De la demanda conoció el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, quien luego de admitirla y correr el traslado a la parte demandada, decidió remitirla por competencia a la Corte Suprema de Justicia, en razón a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 235 de la Constitución Política.

II. Se considera

1. Se equivoca el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta al remitir las diligencias a esta corporación, comoquiera que la competencia subjetiva que le otorgó el Constituyente a la Corte Suprema de Justicia lo fue para conocer de aquellos asuntos en los cuales se encuentre involucrado un agente diplomático, no así un organismo internacional.

Al respecto, el numeral 5 del artículo 235 de la C.N. dice:

“ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional” (negrillas y cursiva propias de la Corte).

2. Dicho lo anterior, lo procedente sería remitir el expediente al juzgado de origen para que continúe con el trámite correspondiente, si no fuera porque esta Sala advierte la existencia de una nulidad de carácter insaneable, la cual de conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se ve avocada a decretar de oficio, en razón a lo siguiente:

Sabido es que la capacidad de las organizaciones internacionales (OI), sus fines y propósitos depende enteramente de la voluntad de los miembros que las conforman (generalmente Estados), y por lo tanto, gozan o no de inmunidad de jurisdicción, según lo establezcan los tratados constitutivos, convenios o acuerdos de sede.

En este orden, su inmunidad, no surge de forma endógena, como tampoco deriva del Derecho Internacional Consuetudinario, sino que se encuentra consagrada, según sea el caso, en el tratado constitutivo del organismo o acuerdo de sede, con el alcance que sus miembros decidan.

Lo anterior no significa que la inmunidad de los organismos internacionales pueda ser absoluta cuando así lo convengan los Estados, en tanto que, si bien es cierto estos fijan y delimitan los alcances de la inmunidad de las OI, también lo es que conforme a diferentes convenios internacionales de Derechos Humanos, dicho beneficio no puede privar al particular afectado del derecho al acceso a la justicia, razón por la que, es indispensable que la organización internacional cuente con mecanismos apropiados para la resolución de las controversias suscitadas con sus trabajadores, bien sea a través de tribunales propios o jurisdicción arbitral o internacional con garantías suficientes.

3. En el presente asunto, el señor Albert Angello Cabrera Burbano acciona ante la jurisdicción ordinaria laboral a la organización intergubernamental denominada Organización de Naciones Unidas y al Programa Mundial de Alimentos, entes que se encuentran investidos de inmunidad de jurisdicción conforme a diferentes instrumentos convencionales.

En efecto, el tratado constitutivo de las Naciones Unidades —Carta de la ONU—, establece en su artículo 105 lo siguiente:

La organización gozará, en el territorio de cada uno de sus miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

Los representantes de los miembros de la organización y los funcionarios de esta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la organización.

La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo, o proponer convenciones a los miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

En similar sentido, el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas señala en la Sección 2 del artículo II, que:

Sección 2. Las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria (resalta la Sala).

De su lado, el Acuerdo Básico suscrito entre el Gobierno de Colombia y el PMA “sobre asistencia del Programa Mundial de Alimentos”, actualmente vigente, estipula en el artículo V, numerales 1 y 2, lo siguiente:

1. El Gobierno concederá a los funcionarios internacionales del Programa Mundial de Alimentos, las facilidades que suelen otorgarse a los funcionarios de las Naciones Unidas, y de los organismos especializados.

2. El Gobierno concederá todos los privilegios e inmunidades contenidos en la Convención General sobre Privilegios e Inmunidades aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946.

Así las cosas, no le queda duda alguna a esta Sala de que la Organización de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) —en razón a su estatus de programa autónomo conjunto subsidiario de las Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura—, son entes que se encuentran exentos de la jurisdicción de la República de Colombia contra todo procedimiento judicial, lo cual se justifica dada la especialísima condición de esta organización intergubernamental y los fines que le fueron encomendados a nivel mundial y que debe desarrollar bajo los principios de neutralidad e imparcialidad y bajo una independencia operacional de los Estados, lo cual incluye que las disputas laborales no deban resolverse en los tribunales laborales del Estado anfitrión sino a través de los mecanismos diseñados para el efecto y que en el sub judice se encuentran en la Sección 15 del Contrato de Servicios Nº COL-WFP 153/2009, suscrito entre el demandante y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMD), mediante el cual la agencia convocada a juicio proveyó al señor Albert Angello Cabrera Burbano de modos apropiados para la solución de disputas derivadas de su vínculo contractual, que a la fecha no ha utilizado. En efecto, en la cláusula en mención se lee:

Cualquier reclamación o diferencia relativa a la interpretación o ejecución del presente contrato que no se pueda resolver de forma amistosa se solucionará mediante arbitraje de la CNUDMI. En todos los casos, el arbitraje vinculante estará precedido de un procedimiento de conciliación con arreglo a las reglas de la CNUDMI.

En este orden de ideas, no era procedente que el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta diera viabilidad al proceso al admitir la demanda, notificarla y correr el traslado, puesto que carencia de jurisdicción frente al organismo convocado a juicio.

Por tales razones y dada la necesidad de adoptar las medidas de saneamiento procedentes en tanto que se alcanzó a dar trámite a algunas actuaciones con desconocimiento del régimen de inmunidades jurisdiccionales, debe esta Corte proceder a decretar la nulidad insubsanable de todo lo actuado de conformidad con el artículo 140, numeral 1, del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 145 de la misma obra, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del rito procesal laboral. En su lugar, se dispondrá el rechazo de plano de la demanda.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Primero. DECRETAR la nulidad insubsanable de todo lo actuado a partir del auto que admitió la demanda, inclusive.

Segundo. RECHAZAR de plano la demanda interpuesta por Albert Angello Cabrera Burbano contra la Organización de Naciones Unidas – Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

Tercero. ORDENAR que por secretaría se haga devolución al interesado de la demanda y sus anexos, luego de dejar copia completa y auténtica de estas diligencias para el archivo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, Presidente—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.