Auto 5950 de febrero 8 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MARCAS REGISTRADAS EN FRANCIA

TIENEN PROTECCIÓN EN COLOMBIA SIN NECESIDAD DE REGISTRO

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002).

Ref.: Expediente 5950

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por la sociedad Louis Vuitton S.A. contra Natalio Isaac Lustgarten Coldman.

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 1986, la sociedad mencionada demandó a Natalio Isaac Lustgarten Coldman, para que se dispusiera la cancelación de la marca “Louis Vuitton”, la cual fue registrada el 13 de diciembre de 1978 en la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, bajo el número 92.360 (fls. 169 al 181, c. 4).

2. Como fundamento de las pretensiones se invocaron básicamente los siguientes hechos:

2.1. En el año de 1854, el señor Louis Vuitton estableció en el número 4 de la Rue Neuve des Capucines, un taller y almacén que llevaba su nombre, el cual tenía por objeto la fabricación y venta de baúles y maletas de viaje. En atención al éxito obtenido, posteriormente abrió otros almacenes en algunas ciudades principales de Inglaterra, Estados Unidos, Italia, y luego lo hicieron sus sucesores en Japón, Bermuda, etc.

2.2. Louis Vuitton registró en Francia la marca de productos que lleva su nombre, bajo el Nº 1.056.6793, “para distinguir, entre otros, cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles, baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones; artículos de la clase 18 internacional”.

2.3. La marca mencionada pertenece a la sociedad demandante, según consta en el certificado de registro Nº 1180-5/86, expedido el 7 de febrero de 1982 por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia.

2.4. La marca “se encuentra vigente hasta el 6 de agosto de 1988”, y además los productos que la llevan se consideran “los más afamados de su género”, considerándose entonces “notoriamente conocida en el mundo”.

2.5. El 17 de septiembre de 1974, el demandado solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca Louis Vuitton, para amparar productos de la clase 18 de la clasificación internacional de marcas de productos y servicios, petición que fue resuelta favorablemente mediante la Resolución 1710 del 21 de junio de 1978. Dicho amparo fue concedido por un término de diez (10) años.

2.6. El 13 de diciembre de 1978, el ente gubernamental mencionado expidió el certificado de registro de marca Nº 92.360 a favor del demandado, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 284 de 4 de junio de 1981, en la página 149, número de orden 4.761.

2.7. La marca registrada por el demandado crea confusión con la marca registrada por la sociedad demandante, pues es idéntica al nombre comercial de propiedad de la actora, “por lo cual también es susceptible de causar confusión entre el público consumidor”.

2.8. Tanto el nombre comercial como la marca de los productos de la demandante, están amparados y protegidos por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por la Convención Colombo-Francesa de 1901.

3. Surtido el traslado de la demanda, el demandado la respondió oponiéndose a las pretensiones en ella contenidas (fls. 76 al 93, c. 1), no sin antes aceptar los hechos señalados en los numerales 13, 14, 15, 16, y 17; negar los anotados en los ordinales 7, 18, 19 y 20, y manifestar no constarle los otros. Además propuso como excepciones de mérito las que denominó: “ausencia de causa petendi”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “caducidad de la acción” y “genérica”.

4. El 1º de febrero de 1993 culminó la primera instancia con sentencia favorable a lo pretendido por la sociedad demandante (fls. 217 al 223, c. 9).

5. Contra lo así resuelto interpuso recurso de apelación la parte demandada, que decidió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, por sentencia de 30 de julio de 1993 (fls. 69 al 79, c. 10), mediante la cual revocó la del a quo, para en su lugar negar las pretensiones.

La sentencia del tribunal

El ad quem luego de reseñar los antecedentes del litigio, referirse de manera somera a la convención que sobre propiedad industrial celebrara el gobierno de Colombia con el de Francia el 4 de septiembre de 1901 y transcribir el texto de los artículos primero, segundo y tercero de la misma, manifestó:

“Si bien, el objeto de los dos estados contratantes, según la transcripción anterior, fue facilitar las relaciones comerciales entre los mismos y proteger a los ciudadanos de uno y otro, en el territorio extranjero, respecto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio y fábrica, sin que sea necesario establecer domicilio, residencia o representación mercantil en el país donde se reclama protección, quien así lo pretende está obligado a someterse a las condiciones y formalidades de las leyes gobernadoras de la materia en el país donde se solicita el amparo, pues no a otra conclusión se llega si tenemos en cuenta que el artículo segundo de la prealudida convención en lo pertinente preceptúa: “pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país”, que para el caso de Colombia es registrándose en la Oficina de Propiedad Industrial”.

Seguidamente explicó que las altas partes contratantes en manera alguna pactaron, ni tampoco fue su intención, la extraterritorialidad para los eventos de reclamación de la protección de los derechos consagrados en dicho convenio, pues por el contrario estipularon que quien quisiera aprovecharse de ellos tenía que observar las exigencias de las leyes y reglamentos del país donde se pretendieran hacer valer, lo cual significaba que en el caso concreto para obtener la protección deprecada, previamente había que registrar la marca francesa ante la oficina de propiedad industrial de este país, por así exigirlo el artículo 616 del Código de Comercio.

Es que la circunstancia, agregó, “de que la mencionada Convención Colombo-Francesa haya tenido como filosofía facilitar las relaciones comerciales entre los dos estados y a la vez proteger en cada nación las marcas adquiridas legítimamente por los industriales y comerciantes de uno y otro, al establecer que ‘Los ciudadanos... tendrán en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales...’, no lo está eximiendo de cumplir con la obligación de registrarse en la oficina de propiedad industrial, concretamente para el caso de los franceses en Colombia, sino por el contrario, les impone tal deber al decir que ‘deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país’”. De manera que si no se cumple con la formalidad del registro, “es apenas obvio que no puede invocarse el derecho de protección estipulado en la precitada Convención Colombo-Francesa, porque mientras así no se proceda, tal registro extranjero no surte efectos frente a terceros en nuestro país, según lo reglado sobre el particular por el artículo 616 de nuestra legislación comercial, al establecer dicha norma ‘Para que surta efectos frente a terceros, ...deberán inscribirse en la oficina de propiedad industrial ...marcas, nombres, enseñas...’”.

Por lo anterior concluyó que era equivocada la interpretación del a quo, procediendo a revocar su decisión para en su lugar denegar las pretensiones de la actora, ya que la marca respecto de la cual se solicitaba el amparo, no había sido registrada en la oficina de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de este país por parte de la sociedad demandante. En apoyo de su tesis destacó el fallador, que ésta luego de la introducción de la demanda, solicitó el registro de la marca en la oficina pertinente, solicitud que estaba en trámite.

La demanda de casación

Dentro del ámbito de la causal primera de casación un solo cargo formula la parte demandante contra la sentencia del tribunal.

Cargo único

Se acusa la sentencia de segundo grado de ser directamente violatoria del preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto 597 de 1904, aprobatorio de la convención sobre propiedad industrial celebrada entre Colombia y Francia en 1901. También se le acusa de violar de la misma manera los artículos 9º y 93 de la Constitución Política, en concordancia con el 31, 32 y 33 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, 27, 28, 30 y 32 del Código Civil, 616 del Código de Comercio, 17 y 414, numeral 17 del Código de Procedimiento Civil, antes de las reformas introducidas por los decretos 2282 y 2273 de 1989, respectivamente.

El censor inicia el desarrollo del cargo diciendo que el entendimiento que hizo el tribunal de la citada Convención vulnera tanto los criterios de interpretación consagrados por la ley colombiana, como los establecidos para la comprensión de los tratados por la comunidad internacional en la Convención de Viena aprobado por la Ley 32 de 1985, motivo por el cual la sustentación de la impugnación está dirigida a demostrar que todos y cada uno de los sistemas de hermenéutica conducen a una conclusión contraria a la que llegó el tribunal, es decir, que el registro de una marca efectuado en Francia tiene efectos en Colombia. Luego de la anterior introducción pasa a explicar que tres son los métodos fundamentales de interpretación establecidos en la legislación nacional e internacional, a saber: el gramatical, el sistemático y el teleológico o finalista, métodos que utilizará para interpretar el asunto objeto del litigio.

1. Empezando por el gramatical, consagrado en los artículos 27 y 28 del Código Civil y en el numeral 1º del artículo 31 de la Ley 32 de 1985. Conforme a dicho método, luego de transcribir el texto de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Convención Colombo Francesa, afirma que el sentido literal de cada uno de estos preceptos no deja lugar a dudas sobre que en el 3º se consagra la extraterritorialidad del registro de las marcas legítimamente adquiridas en uno de los Estados contratantes, pues sólo si se desconoce el sentido literal de la norma se puede concluir que ésta no establece el derecho de los industriales y comerciantes franceses que hayan adquirido legítimamente las prerrogativas sobre una marca en Francia, a la protección de la misma marca en Colombia, sin necesidad de cumplir con los requisitos de adquisición de marcas. Agrega que el artículo 1º, establece también sin ambigüedad alguna la igualdad de derechos entre los ciudadanos franceses y los colombianos en relación con la protección de marcas, conforme con la cual los primeros tienen la facultad de obtener de las autoridades administrativas y judiciales colombianas la protección de las adquiridas legítimamente en Francia, cuyos efectos se extienden a Colombia en virtud del mencionado precepto. En cuanto al 4º asegura, que éste también establece la extraterritorialidad de los derechos adquiridos en uno de los Estados contratantes, en relación con los nombres mercantiles, razones de comercio y rótulos, ya que no es necesario su depósito previo en el Estado de origen por parte de quien pretende la protección en el otro Estado. Finalmente, respecto al 2º manifiesta, que tampoco presenta dudas en su sentido gramatical, pues el mismo habla de “protección” de los derechos previstos en el artículo 1º, a diferencia del 3º que se refiere expresamente a la “adquisición” de los derechos de marca,

“Siendo evidente que se puede pedir la protección de un derecho sólo si éste se ha adquirido previamente, forzoso es concluir que el artículo 2º no hace alusión alguna a la adquisición del derecho marcario, sino que se limita a regular la protección del mismo (...) un segundo aspecto del artículo 2º que debe ser resaltado es su destinatario: la norma habla de “solicitantes” de la protección, es decir, de aquellas personas que habiendo adquirido el derecho bajo la ley de uno de los Estados desean ejercer los mecanismos de protección previstos en la legislación del otro Estado. Lo que se solicita es la protección del derecho, no el reconocimiento de la adquisición del mismo, de acuerdo con la distinción recién expuesta a partir del texto de la Convención”.

2. En segundo lugar pasa el recurrente a ensayar una interpretación de las normas denunciadas, de acuerdo al método sistemático.

Al efecto dice que el artículo 30 del Código Civil y el 31 de la Convención de Viena ordenan al intérprete consultar el contexto de la ley o del tratado para determinar el sentido de las normas aplicables a los casos particulares, motivo por el cual no es correcto “seleccionar injustificadamente una de las disposiciones de un tratado y aplicarla aisladamente, sin tener en cuenta los demás mandatos del mismo tratado”, pues el hacerlo así, como lo hizo el Tribunal, resulta vulneratorio tanto de los principios elementales de hermenéutica jurídica como de las pautas señaladas para el desarrollo de tal actividad en los citados preceptos. Dentro de ese marco afirma que en el error anotado incurrió el fallador, al haber entendido de manera “distorsionada y aislada” el texto del artículo 2º de la Convención de 1901, pues frente a esa situación

“...es inevitable preguntarse qué suerte corre el mandato expreso y claro del artículo 3º de la misma Convención, según el cual ésta “es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia por los industriales y negociantes que usen de ellas, y viceversa”. Tampoco se sabe qué efectos tendría, entonces, el artículo 4º de la Convención que, fundado en los efectos extraterritoriales de la protección de los derechos de propiedad industrial, ordena claramente que “los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos, no necesitan de depósito para quedar protegidos en los dos Estados”. De igual forma, el artículo 1º sería también desconocido si de él se extrae alguna conclusión distinta de la consagración de iguales derechos entre los nacionales de los dos estados en relación con la protección de los derechos marcarios y el señalamiento de los titulares de estos, dentro del conjunto armónico del convenio” (destacado del texto).

Para finiquitar el punto expresa, que la interpretación que hiciera el fallador del artículo 2º contraría abiertamente los artículos 1º, 3º y 4º de la misma Convención, porque dicho precepto fue entendido fuera de su contexto, pues la única interpretación armónica, se funda en la afirmación del efecto extraterritorial de los derechos allí protegidos, el cual está consagrado en el artículo 3º para el caso de las marcas y en el 4º para el de los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos. Seguidamente agrega que conforme a ese efecto, es evidente que cuando el inciso segundo del citado artículo 3º habla del derecho de un Estado a “rehusar el depósito” efectuado en el otro Estado, no significa que dicha protección requiera de un nuevo depósito o registro ante sus autoridades competentes, sino que se refiere es a la posibilidad que por razones de orden público, moral o buenas costumbres no se acepte el registro hecho en el Estado origen de la marca, o no permita su uso por los mismos motivos.

Para el recurrente la diferencia que existe entre los artículos 3º y 4º, obedece a una distinción tradicional del régimen de propiedad industrial que existía al momento de la celebración de la convención, pues el requisito del depósito de las marcas se encontraba establecido en el artículo 1º del Decreto 217 de 1900.

“De esta forma, —dice el censor— en conclusión, es evidente que la diferencia entre el artículo 3º y el 4º de la Convención de 1901 se origina en el tratamiento diferente dado por el ordenamiento interno a las marcas y a los nombres comerciales y que una interpretación armónica de dichas disposiciones debe llevar a la afirmación del principio de la extraterritorialidad entre Francia y Colombia tanto en relación con las marcas como en relación con los derechos mencionados en el artículo 4º del tratado”.

Posteriormente agregó que el cotejo de los artículos 3º y 4º con el 2º, permite descartar “inmediatamente la conclusión de que esas condiciones y formalidades son todas las exigidas por las legislaciones, incluyendo el registro de la marca en el país en el que se pretende la protección”. Para la censura la interpretación sistemática de esas disposiciones debe “afirmar la extraterritorialidad de la protección marcaria y determinar cuáles son, en este contexto, las condiciones y formalidades exigidas a los franceses que deseen proteger sus derechos en Colombia y viceversa. Como se expuso anteriormente, el artículo 2º se refiere a condiciones de protección del derecho extraterritorialmente adquirido, no a las condiciones de adquisición del mismo, como quiera que estas son precisamente las cobijadas con el beneficio de la extraterritorialidad”. Dentro de ese orden de ideas asevera, que el ciudadano francés que adquiere legítimamente una marca en Francia goza “por ese solo hecho” de la protección de sus derechos en Colombia, y viceversa, salvo el evento en que aquí se rehuse el registro efectuado en aquel país por motivos de orden público, moral o buenas costumbres, ya que las formalidades son necesarias para el ejercicio del derecho adquirido en Francia, como es acudir ante las autoridades colombianas para pedir la cancelación del registro irregular hecho en este país.

3. Por último, la censura hace una nueva interpretación de los citados preceptos, aplicando el método teleológico o finalista. A manera de introducción explica que éste atiende al objeto o fin del tratado y a la interpretación de buena fe del mismo, de acuerdo con la intención de los Estados contratantes, lo cual en este caso, según el preámbulo consiste en el propósito de facilitar o hacer más expeditas las transacciones comerciales que se realizaran entre los dos países contratantes, especialmente en cuanto hace referencia a la protección de la propiedad industrial, siendo fundamental para lograr el objetivo propuesto “la eliminación del obstáculo más importante para su realización eficaz: la separación tajante de los ordenamientos legales nacionales, que permite en la práctica la usurpación de marcas extranjeras al amparo de la legislación interna”, circunstancia por la cual “la extraterritorialidad del registro de la marca aparece, así, como el objeto y fin indubitable de la Convención de 1901 y de los tratados similares a ella”. De no ser así, dice, el acuerdo internacional en mención no tendría razón, ya que al momento de su celebración la legislación colombiana permitía, en el artículo 1º del Decreto 217 de 1990, tanto a los nacionales como a los extranjeros solicitar el registro de una marca.

Concluye la impugnación asegurando, que los métodos utilizados muestran que el acuerdo citado consagró la extraterritorialidad de la protección de las marcas legítimamente adquiridas en Francia y en Colombia, lo cual significa que “no es necesario que se cumplan tanto las formalidades de adquisición exigidas en la legislación francesa como las establecidas en la legislación colombiana para que la marca goce de protección en nuestro país, por cuanto la Convención fue celebrada precisamente para eliminar los obstáculos que la territorialidad presenta a la eficacia de los derechos de propiedad industrial. Por esta razón, la búsqueda de los derechos de propiedad industrial marcarios mediante el doble registro de la marca resulta intranscendente frente a la unívoca conclusión que acaba de enunciarse”. Según el censor, la interpretación del Tribunal no sólo desconoce las normas de la Convención de 1901, sino que la deja sin efecto, transgrediéndose así los principios universales de hermenéutica plasmados en la Convención de Viena de 1969.

Consideraciones

1. Planteamiento del problema.

Como quedó expuesto en los antecedentes, la cuestión que debe responderse con ocasión de la decisión adoptada por la sentencia impugnada, concierne a la interpretación de la Convención suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, aprobada por el Decreto 597 de 1904. Tratado bilateral éste, aún vigente, según lo certifica el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo como finalidad, según lo indica su preámbulo, “facilitar las relaciones comerciales entre Colombia y Francia”, y como objeto la “propiedad industrial”.

Según la sentencia recurrida que hubo de revocar la de primera instancia, para que una marca registrada en Francia goce de la protección en el territorio de Colombia precisa del correspondiente registro en el país, conforme a las leyes que reglamentan esta formalidad, porque en la mencionada convención las naciones contratantes en modo alguno pactaron, ni tampoco fue su intención, la extraterritorialidad para los casos de reclamación de protección de los derechos reconocidos en dicho acuerdo. En cambio para el recurrente, quien para tal efecto acude a los distintos métodos de interpretación de la ley, el artículo 3º del citado convenio consagra de manera diáfana el principio de extraterritorialidad del registro de las marcas legítimamente adquiridas en uno de los Estados contratantes, otorgando a su vez el derecho a su protección sin necesidad de cumplir con las formalidades que para la adquisición de marcas establezca el otro Estado.

2. Contenido de la Convención celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901 (D. 597/04).

En consideración a que el tema de controversia gira en torno al alcance del citado tratado, la Corte procede a transcribir textualmente los artículos de la Convención que convergen al caso, como ulteriormente lo hará con las demás normas que incidan en la decisión e integren la especialidad del llamado derecho de marcas.

Dice así la Convención con Francia:

“El Vicepresidente de la República de Colombia, encargado del poder ejecutivo, y el Presidente de la República Francesa, deseando facilitar las relaciones comerciales entre Colombia y Francia, han resuelto celebrar una convención sobre propiedad industrial, y al efecto han nombrado como sus plenipotenciarios, a saber: (...)

ART. 1º—Los ciudadanos de cada una de las altas partes contratantes tendrán, en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegios de invención, marcas de fábrica, etiquetas, rótulos, nombres de comercio de fábrica, razones sociales, dibujos y modelos de fábrica, en cuanto a las indicaciones y nombres de los lugares de origen.

ART. 2º—Para asegurarse la protección garantizada en el artículo anterior, los solicitantes de uno y otro Estado no necesitan establecer su residencia o su representación mercantil en el país cuya protección reclamen; pero sí deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país.

ART. 3º—La presente convención es aplicable para proteger en Colombia las marcas que se hayan adquirido legítimamente en Francia, por los industriales y negociantes que usen de ellas, y viceversa.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público o a la moral y las buenas costumbres.

ART. 4º—Los nombres mercantiles, las razones de comercio y los rótulos no necesitan de depósito para quedar protegidos en los dos Estados.

ART. 5º ...

ART. 6º ...

ART. 7º ...

ART. 8º ...

ART. 9º ...”

3. El derecho sobre la marca.

Antes de identificar los derechos que la legislación confiere al titular de la marca registrada, resulta pertinente precisar algunas definiciones y traer a colación, también para determinar su alcance, algunos términos propios del denominado derecho marcario con incidencia en el presente caso, empezando, por supuesto, por el concepto de marca de productos.

Conforme al inciso 1º del artículo 583 del Código de Comercio, por marca de productos se entiende “todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los de otra”, o “el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor y como tal cumple una función individualizadora”, según el criterio del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que además agrega que, “Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca”. Por su parte, el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993 del Acuerdo de Cartagena, modificatoria de la Decisión 85, entendía “por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Hoy, el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, define la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Definición esta que guarda coincidencia esencial con lo que al respecto establece el artículo 1º de la ley de marcas española de 12 de noviembre de 1988, que a la letra dice: “Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Las definiciones transcritas, todas, destacan la función básica que la marca desempeña: “indicar el origen empresarial de los productos o servicios”, como lo expresa Carlos Fernández-Novoa (Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1990). Función esta que comporta o lleva inmersos múltiples roles: (1) proteger al empresario de terceros que pudieran aprovecharse de su capacidad y esfuerzo, así como del prestigio de sus productos o servicios; (2) proteger a los consumidores garantizando la originalidad y autenticidad de los productos que adquieren, lo mismo que la calidad, y (3) servir de instrumento de publicidad de los bienes, pues la marca en gran medida forja el éxito del producto en el mercadeo, por cuanto ella por sí misma, dado el sales appeal o selling power que posee, se constituye en instrumento adecuado para la atracción de la clientela.

Ahora bien, una vez definido el concepto de marca e identificada la función jurídica básica que ella cumple, así como las económicas que ad latere se proponen, procede verificar cuáles son los derechos que la legislación otorga a quien demostrare ser el titular de una marca registrada.

Carlos Fernández-Novoa (opus cit., págs. 162 y ss.), comentando la Ley de Marcas española de 1988, y particularmente los artículos 30 y 31, que en su orden reconoce de modo expreso el carácter exclusivo del derecho conferido al titular de la marca registrada (el primero), y al mismo tiempo ejemplifica las principales facultades que integran el aspecto positivo del derecho, en tanto que el artículo 31 regulando la cara negativa de ese mismo derecho, enuncia, ejemplificativamente, las facultades que en esencia comporta el ius prohibendi para el titular de la marca, explica que “En materia de marcas el carácter exclusivo del derecho subjetivo del titular registral está íntimamente entroncado con la función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la marca desempeña”, lo cual se refleja en las facultades de que dispone el titular de la marca registrada, reconocidas ad exemplum por las citadas normas legales, que así examina:

“1. La facultad de designar con la marca los correspondientes productos o servicios”. En su faceta positiva, dice, “esta facultad implica que el titular puede fijar la marca sobre el producto correspondiente, o su envoltorio, envase o presentación. En su faceta negativa, esta facultad implica que el titular puede prohibir que un tercero fije la marca o un signo semejante sobre un producto (o su envoltorio, envase o presentación) siempre que la fijación pueda inducir a errores. En la esfera económica el ejercicio de esta facultad constituye un acto preparatorio del proceso de comercialización de los productos”.

2. La facultad de introducir en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca. Dentro de esta facultad deben englobarse tanto los actos de comercialización stricto sensu, como ciertas actividades preparatorias o complementarias de la comercialización”.

“3. La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados mediante la marca. En su faceta positiva esta facultad implica que el titular puede utilizar la marca a efectos publicitarios. En su faceta negativa esta facultad implica que concurriendo el presupuesto genérico del riesgo de inducción a errores, el titular puede prohibir que los terceros utilicen la marca en la publicidad y en la documentación comercial. En la esfera económica el uso publicitario de la marca se integra en el proceso de comercialización de los productos o servicios. Es innegable, además, que la utilización publicitaria de la marca contribuye significativamente a difundir la marca entre los consumidores y repercute, por lo mismo, sobre el grado de notoriedad de la misma”.

Siguiendo de cerca la legislación española de 1988, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de establecer en el artículo 154 que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, señala los derechos que la marca confiere a su titular, los cuales, como se vio en el comentario del autor ibérico, deben examinarse desde sendas perspectivas, es decir, la positiva y la negativa, aunque debe acotarse que la Decisión 344 había eliminado la referencia a las facultades positivas que establecía el artículo 95 de la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, pero como lo sostiene la doctrina del país (Manuel Pachón, el Régimen Andino de la Propiedad Industrial, pág. 272), de todas maneras el examen del “derecho al uso exclusivo”, reconocido por el citado artículo 154, debe hacerse bajo las dos ópticas o dimensiones, esto es, la positiva y la negativa, verificando en la primera, las facultades que la doctrina identifica (véase comentario anterior de Fernández-Novoa) y que antes de la Decisión 486, de modo expreso consagraban las decisiones 311 y 344, estableciéndose la facultad de utilizar la marca en el tráfico económico; la facultad de designar los productos o servicios, fijándola en el mismo producto, en su envoltorio o envase; introducir en el mercado debidamente identificados con la marca los productos para los que se hubiere registrado y emplear la marca para efectos publicitarios.

Tratándose de la perspectiva negativa el artículo 104 de la Decisión 344 expresamente la reconocía al señalar los actos de abstención que el titular de una marca puede reclamar de “cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca”. Actos que de modo ejemplificativo o enunciativo mencionaba el citado artículo.

Además, como tutela jurídica del derecho al uso exclusivo de la marca registrada, el inciso tercero del artículo 105 de la Decisión 344, declaraba que “El titular de la marca registrada podrá ejercer las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público en error”. Norma esta que sin identificar la especie o la naturaleza de la pretensión, como tampoco la competencia para el conocimiento, abre una amplia gama proteccionista del derecho al uso exclusivo de la marca registrada, tal como lo hizo el artículo 35 de la ley de marcas española, que de modo general estableció que “el titular de la marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho”.

Desde luego que la citada disposición constituía un nicho abierto para la multiplicidad de tutelas que particularmente ofrecen y concretan tanto el derecho interno como el comunitario del Pacto Andino, que van desde la anulación del certificado conforme al artículo 596 del Código de Comercio hasta la cancelación definitiva de la marca, pasando por la cancelación del registro, la prohibición de uso y las pretensiones indemnizatorias de los perjuicios causados con la violación del derecho, a las destinadas a la remoción o cesación de los actos perturbadores del mismo, en ejercicio del llamado ius prohibendi, que como quedó explicado, confiere al titular de la marca la facultad de prohibir de los terceros los actos que menoscaben la fase positiva del mismo derecho, entre otras.

4. Alcance de la Convención de 1901.

4.1. Criterios del Tribunal y del recurrente:

Como quedó consignado anteriormente, el Tribunal de instancia atendiendo al tenor literal del tratado celebrado entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, concluyó que no obstante que la “filosofía” del acuerdo era “facilitar las relaciones comerciales entre los dos estados y a la vez proteger en cada nación las marcas adquiridas legítimamente por los industriales y comerciantes de uno y otro...”, este no los “está eximiendo de cumplir con la obligación de registrarse en la Oficina de Propiedad Industrial, concretamente —agrega— para el caso de los franceses en Colombia, sino por el contrario, les impone tal deber al decir que ‘deberán observar las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese país’”. En otras palabras, el tribunal sostiene, contrario a lo que predica el recurrente, que a pesar del registro de una marca en la oficina competente de Francia, ésta carece de amparo en Colombia mientras que la misma no haya sido registrada en la dependencia nacional con competencia para realizar tal acto, pues en tanto así no se proceda, dice el ad quem, “tal registro extranjero no surte efectos frente a terceros en nuestro país, según lo reglado sobre el particular por el artículo 616 de nuestra legislación comercial, al establecer dicha norma ‘Para que surta efectos frente a terceros,... deberán inscribirse en la Oficina de Propiedad Industrial... marcas, nombres, enseñas...’”.

4.2. Alguna posición doctrinal.

Ciertamente, la interpretación que hubo de concretar el ad quem en la sentencia objeto del recurso de casación, no es extraña en el ámbito de la doctrina nacional, escasa por cierto, más en el tema del análisis de la Convención subexamen. En efecto, Manuel Pachón, especialista en derecho marcario al comentar el tratado sobre propiedad industrial entre Colombia y Francia, dice con respecto al artículo 1º que el único efecto que de éste se deriva es el de “asimilar en dicho país (Francia) los nacionales colombianos a los nacionales franceses..., y viceversa”. Hoy día, agrega,

“el artículo 1º de la Convención con Francia no crea derechos especiales en lo referente a las marcas de que no dispongan los nacionales franceses de acuerdo con la legislación colombiana interna, ya que, como lo afirma el más conocido autor sobre propiedad industrial: ‘tales derechos (los consagrados en el trato nacional) fueron, especialmente, la admisión a registro de la marca en los Estados contratantes respectivamente, y el gozar de las medidas contra la infracción o uso fraudulento de las marcas. Ninguna discriminación contra los nacionales de la otra parte se podía hacer. Este fue el entendimiento general’. (Stephen P. Ladas, ob. cit., pág. 48. La traducción es nuestra)”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2º, anota el citado comentarista, “quien quiera ‘asegurarse’ que se le otorgará el trato nacional para asuntos de propiedad industrial en el territorio del otro Estado contratante, debe cumplir con todas las condiciones y formalidades prescritas en la ley del país en que pretenda hacer valer su derecho, salvo el requisito de establecer residencia, o de tener un mandatario para asuntos mercantiles”. Las condiciones, dice más adelante, “y los requisitos a que se refiere la convención, incluyen los establecidos para depositar (registrar) una marca que se menciona en los artículos 56, 58, 59 y 61 de la decisión 85, ya que a estos requisitos o condiciones están sometidos los nacionales colombianos en Colombia y el artículo 1º de la Convención con Francia se limita a otorgar los mismos derechos que tienen los nacionales”.

Por último, a propósito del artículo 3º, se dice:

“Este artículo va más allá del trato nacional que han reconocido y reglamentado los artículos 1º y 2º de la Convención con Francia, pero en ninguna forma consagra la protección automática en Colombia de las marcas legalmente protegidas en Francia, puesto que no tendría explicación alguna que el segundo inciso se refiriera a un ‘depósito’ que puede negar el otro país cuando ‘la marca en sí misma fuere contraria a la moral y las buenas costumbres’.

La Convención con Francia es por consiguiente, un tratado del tercer tipo a que se refiere LADAS en su obra ya citada, cuando dice: ‘Ciertas convenciones de la clase tercera intentan eliminar para los extranjeros la situación legal desfavorable de la mera asimilación a los nacionales. Por tanto, un pequeño número de acuerdos bilaterales intentan hacer que la validez (Lawfuness) de las marcas esté gobernada por la ley del país de origen exclusivamente. Pero las disposiciones que así lo hacen varían en cada tratado, fueron muchas veces inadecuadamente redactadas, y dan lugar a opiniones divergentes’ (ob. cit. pág. 51)”.

Luego de afirmar que comparte la interpretación teórica precedente, el autor en cita sostiene

“que ni el primer inciso del artículo 3º de la Convención con Francia, ni el artículo en su totalidad, pueden interpretarse en el sentido de que las marcas legalmente protegidas en Francia quedan por este solo hecho legalmente protegidas en Colombia, como si se hubieran registrado en este último país.

La interpretación anterior se apoya, igualmente, en el lenguaje empleado en el artículo 3º de la Convención con Francia: ‘la presente Convención es aplicable para proteger las marcas’, que da clara idea de que no se quiso decir ‘la presente Convención protege a los titulares de las marcas’ y que en ninguna forma constituye una modificación de la exigencia señalada en el artículo 2º de la misma convención, que exige a los nacionales franceses, para gozar del trato nacional en Colombia, cumplir con las condiciones y formalidades requeridas por las leyes colombianas que en materia de marcas incluye la necesidad de solicitar el otorgamiento del registro de marca.

El correcto entendimiento del artículo 3º sólo puede ser el de que se ha consagrado un principio equivalente al del registro de la marca ‘tal cual es’ que se halla en el artículo 3º de la Convención de Washington y en el artículo 6º quinquies de la Convención de París, que establece la regla de que una marca regularmente registrada en su país de origen debe ser ‘admitida a depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión’”.

Por lo tanto, anota seguidamente,

“el artículo 3º de la convención con Francia señala que una marca legalmente protegida en ese país (registrada, por regla general, según lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 31 de diciembre de 1964), debe registrase en Colombia, previa presentación de la solicitud, y ese registro puede negarse solamente si el signo utilizado como marca es contrario al orden público o a la moral y las buenas costumbres; pero no pueden aplicarse otras exigencias contenidas en las normas legales colombianas, como la de que cuando la marca consista en el nombre del solicitante debe llevar una forma distintiva.

El texto del artículo 3º de la convención con Francia, cualquiera que fuere la interpretación que se le dé, permite concluir: a) que no existe un automático registro de una marca en Colombia con base en el registro logrado en Francia, porque de todas maneras es necesario cumplir con los requisitos formales previstos en la legislación colombiana; b) que sólo con el registro obtenido en Colombia puede considerarse que la marca se encuentra plenamente protegida, como se deduce cuando se interpretan conjuntamente los artículos 2º (ya transcrito) y 3º de la Convención con Francia; c) que hay motivo para negar el depósito, cuando la marca en sí misma sea contraria al orden público o a la moral y las costumbres, puesto que la validez del signo se entiende juzgada por la ley francesa, como quiso Francia que lo fuera de acuerdo con lo pactado en varias convenciones bilaterales”. (Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios, Ed. Temis, Bogotá, 1983).

4.3. La interpretación de la Corte.

4.3.1. Estado de la legislación marcaria nacional para el momento del tratado. 

Antes de averiguar sobre ese dato histórico, que se considera significativo para abordar la interpretación que propone el caso, resulta importante recordar que existen modos originarios y derivados para adquirir la propiedad industrial. Los primeros predicables de creaciones nuevas o descubrimientos, por ende sin propietario, dueño o titular anterior. Los segundos para cuando el objeto de la propiedad industrial pertenece a una persona y siendo susceptible de disposición se transfiere a otra por un acto de voluntad, cualquiera sea el título, o por sucesión mortis causae.

Por supuesto que el susodicho régimen vale frente a las marcas sin consideración a su registro, por cuanto la propiedad de una marca se adquiere por quien primero la usa y no la abandona ni expresa, ni tácitamente. Desde luego que el registro, como antes quedó explicado, concede a su titular ciertas prerrogativas, como el uso exclusivo y su defensa legal. Por consiguiente, el registro se cumple en beneficio del propietario de la marca, pues de no llevarse a cabo se somete a consecuencias negativas, que van desde afrontar una competencia desleal, hasta sufrir usurpaciones sin lugar a indemnización.

Ahora bien, antes de la Convención Colombo-Francesa de 1901, no existía un procedimiento para obtener el registro de marcas de fábrica y comercio, según expresamente se estableció en el Decreto 217 de 23 de noviembre de 1900, pero esto no significaba que no existiera el registro. Empero, se reitera, fue este decreto el que luego de definir las marcas de fábrica y comercio (arts. 4º y 6º), desarrolló el correspondiente procedimiento (art. 8º).

Frente a la ocupación o posesión de una marca, es decir, al modo originario de adquirirla, pues se supone que su creador es el primero que ejecuta actos de señorío, el artículo 7º de ibídem decreto, declaraba que “el individuo o compañía que primero haga uso de una marca de fábrica o de comercio, es el único que tiene derecho de adquirir la propiedad de ella. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuere una misma, al primero que haya solicitado el registro en la oficina respectiva”.

Colígese de esta norma, como antes se había señalado, que para entonces la propiedad de la marca se derivaba de su posesión, sin consideración a su registro, pues éste según lo indica claramente su tenor, sólo incidía en la definición del propietario cuando se estaba ante dos o más poseedores con igual tiempo de posesión, porque si entre las posesiones enfrentadas había una de mayor tiempo, esto bastaba para determinar la propiedad.

Tratándose de marcas de fábrica y de comercio, pertenecientes a un individuo o compañías extranjeras, residentes en el exterior, el artículo 6º del mismo decreto supeditaba su registro en Colombia a que “lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen, lo que se comprobará con la copia autenticada del título expedido en el extranjero, que deberá acompañarse a la solicitud”. Registro este, se explica, que operaba con independencia de la posesión o el uso con ánimo de señor y dueño que de la marca hiciera la persona extranjera en el interior del país, directamente o por interpuesta persona, que era lo prevalente para ese momento, pues como ha quedado expuesto, lo que confería la propiedad era la posesión material y no el registro.

4.3.2. El momento actual. 

Sin duda alguna que el Decreto 217 de 1900, como legislación nacional referente para cuando se celebró el tratado colombo-francés objeto de examen (1901), se constituye en una ratio legis para la interpretación de dicho acuerdo y para de una vez por todas dejar por sentado que la Corte se habrá de separar de la interpretación que orientó la decisión del tribunal, la cual no solamente se halla alejada de la intención de las partes contratantes, sino de la realidad política y económica del mundo actual, caracterizado por estructuras supranacionales y por la integración económica que en procura de una mayor eficiencia mercantil, ha generado el llamado proceso de globalización y la liberación comercial, pero que al mismo tiempo en el ámbito objeto de análisis ha producido una fractura del principio de territorialidad, que es el que de algún modo guía la interpretación del tribunal, como faro orientador de la protección jurídica de la marca, porque precisamente es él el que ha permitido la piratería de marcas, para “criar en nido ajeno”, como dice la doctrina especializada. De ahí que para atacar este nefasto comportamiento se haya abierto paso la instauración de un derecho internacional marcario que acorde con ese mundo global ofrezca protección allende las fronteras, como sucede, a simple modo de ejemplo, con el Convenio de la Unión de París, mediante el cual se procura la protección internacional de la marca y del derecho de propiedad industrial en general, mediante “el derecho de prioridad” y “la protección de la marca notoriamente conocida” (art. 6º bis), superándose así la concepción del principio del trato nacional que básicamente consiste en obtener en otro país el trato ofrecido a los nacionales, que es el que la doctrina, conforme a cita anterior, ve realizado en el tratado de 1901, calificado entonces como de tercer tipo o clase, extraño por consiguiente a eficacias extraterritoriales del registro verificado en otro país, pues para que ello ocurriera, se dice, se requería de un texto normativo más expreso, señalándose como ejemplo el tenor del tratado celebrado entre Francia e Italia el 8 de enero de 1955, que en su artículo 1º declaró: “Sin otra obligación que el pago de una sobretasa del 50% y el envío de un ejemplar suplementario, toda marca de fábrica o de comercio regularmente depositada y registrada en uno de los dos países será protegida en el territorio del otro país, si el depositante ha formulado el requerimiento expreso en el otro país”, que no registró, aclara la Corte.

Ciertamente que los artículos 1º y 3º de la Convención celebrada entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, no contienen declaración tan expresa como la del tratado entre Francia e Italia que se acaba de citar. Empero, su tenor literal visto en la perspectiva histórica de la legislación vigente para el momento de su perfeccionamiento y ratificación, años 1901 y 1904, respectivamente, así como en el entorno económico actual, pues las normas necesariamente tienen que interpretarse de acuerdo con la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, ofrece válidamente una proyección de extraterritorialidad, a partir de la cual se tiene que otorgar la tutela reclamada, pues de no ser así, definitivamente se estaría negando la eficacia al tratado porque no obstante su vigencia sus normas estarían en incapacidad de comprender casos como el que hoy ocupa la atención de la Corte, que no es de los del primer día del siglo XX, sino uno de los más palpitantes del mercado de cien años después.

Recuérdese que para cuando se celebró el tratado, según lo informa la reseña legal que antes se hizo, la propiedad de la marca se derivaba de su posesión, antes que del registro, incluyendo a los individuos o compañías extranjeras, según las palabras del Decreto 217 de 1900, que al establecer los procedimientos para el registro que antes no existían, con respecto a los extranjeros residentes en el exterior, se limitó en el artículo 6º a exigir como condición para el registro de la marca en Colombia el previo y regular registro en el país de origen, pero sin desconocer la propiedad derivada del uso exclusivo de la persona extranjera, bien directamente o por interpuesta persona, según quedó explicado, porque, se reitera, lo que confería la propiedad era la posesión material y no el registro. De manera que si ésta era la visión legal para cuando en 1901 se celebró el tratado objeto de análisis, el artículo 3º de la Convención no puede entenderse de manera distinta a la propuesta, es decir, que por virtud del acuerdo el titular del derecho sobre una marca “legítimamente” “adquirida” “en Francia” (punto que no se discute en el caso), goza de la protección en Colombia cuando “usen de ellas”. Desde luego que esta interpretación ninguna mengua sufre por el contenido del inciso 2º del artículo 3º, visto también a la luz del Decreto 217 de 1901, porque él se limita en armonía con principios generales, a reservar a favor de cada uno de los Estados, el derecho a “rehusar el depósito” (registro) y “prohibir el uso de cualquier marca que en sí misma fuere contraria al orden público o a la moral y las buenas costumbres”, pero sin que por ninguna parte se lea o se pueda entender, que la protección que confiere el artículo 3º penda del referido registro, como tampoco se llega a esa conclusión con el texto del artículo 2º del tratado, porque las condiciones que para entonces exigía la ley para otorgar la protección no eran otras que el uso con animus domini o posesión de la marca, en todo caso con independencia del registro.

Como lo predica Ulrich Beck (¿qué es la globalización?), “En el plano económico, el globo ya no es ancho y grande con países alejados, sino denso y pequeño y próximo con centros de mercado (del dinero) telecomunicadamente conectados”. Pues bien, ésta la llamada “globalización”, que hace del mundo la también denominada “aldea global”, compele a un replanteamiento de paradigmas, porque esa pérdida de fronteras establece nuevas relaciones de poder y competitividad, pero también “unos conflictos y entrecruzamientos”, por la propia confusión de los espacios, que no pueden seguirse manejando bajo los esquemas de los Estados nacionales con fronteras que aislaban y dividían.

Uno de los esquemas que gobernaba en el campo de la marca (transnacional por excelencia), era el del principio de la territorialidad, por el cual, según la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, se ha de entender que una marca registrada estará protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada. Este principio, como ya se anotó, ha cedido en cuanto a su fuerza, no sólo por la celebración de tratados como el que antes se mencionaba entre Francia e Italia, o el Convenio de la Unión de París, previéndose en este último la protección internacional de la “marca notoriamente conocida”, sino porque el principio en sí mismo se ha reformulado dándole otro alcance y “dimensión geográfica” para cuando se trata de la “marca notoria”, puesto que frente a ella no se circunscribe la protección al país donde se registró, sino que adquiere una connotación internacional, universal si se quiere, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos en el marco de la Comunidad Andina, siempre y cuando se den las condiciones que para la notoriedad haya establecido la misma comunidad. “De ahí que el titular o el poseedor —consideró el Tribunal Andino con apoyo en la Decisión 344 (proceso 5 IP-04, G. of. Nº 177 de 20 de abril de 1995)— de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d, y 107 de la Decisión”. Esa protección, como lo dice la providencia, no sólo garantiza el derecho al registro, sino una tutela judicial efectiva con el fin de evitar los actos usurpatorios o perturbatorios de terceros, que aprovechándose de la notoriedad, proceden a inscribir la marca como suya, beneficiándose del prestigio adquirido en el exterior o aún en el mismo país donde se hace el nuevo registro.

De acuerdo con lo expuesto, lógicamente se debe concluir que el tribunal incurrió en el yerro in judicando que se denuncia, el cual incidió en la decisión adoptada, pues dada la interpretación asumida, consecuentemente procedió a negar las pretensiones de la parte demandante, ahora recurrente en casación. Por consiguiente, el cargo prospera para dar lugar a la casación de la sentencia impugnada, y en su defecto proceder la Corte a dictar la sentencia que en derecho corresponde. Sin embargo, antes de proferir la sentencia de instancia, de conformidad con el artículo 375 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, la Corte de oficio decretará las siguientes pruebas: Ofíciese a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se informe a esta corporación si allí se encuentra en trámite alguna petición de registro o depósito de la marca Louis Vuitton, formulada por Louis Vuitton S.A., o por otra persona. En caso de haberse definido el procedimiento, se remitirá copia auténtica de la resolución respectiva con nota de ejecutoria, si es el caso. De otro lado, la parte demandante informará si la marca objeto de la controversia ha sido registrada, siendo ella su titular, en alguno de los países que constituyen el Acuerdo de Cartagena. En caso afirmativo allegará, debidamente diligenciada, la prueba de dichos registros.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por la sociedad Louis Vuitton S.A. contra Natalio Isaac Lustgarten Coldman. Antes de proferir la sentencia de instancia, se dispone decretar de oficio las siguientes pruebas:

Ofíciese a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se informe a esta corporación si allí se encuentra en trámite alguna petición de registro o depósito de la marca Louis Vuitton, formulada por Louis Vuitton S.A., o por otra persona. En caso de haberse definido el procedimiento, se remitirá copia auténtica de la resolución respectiva con nota de ejecutoria, si es el caso. De otro lado, la parte demandante informará si la marca objeto de la controversia ha sido registrada, siendo ella su titular, en alguno de los países que constituyen el Acuerdo de Cartagena. En caso afirmativo allegará, debidamente diligenciada, la prueba de dichos registros. Igual información y prueba se allegará con respecto a cualquier país donde exista registro de la marca.

Sin costas en el recurso de casación por cuanto fue favorable al recurrente.

Cópiese y notifíquese.

Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno. 

____________________________