Auto 6020 de julio 2 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN PENAL

PROCEDENCIA

Magistrado Ponente:

Dr. Dídimo Páez Velandia

Expediente No. 6020. Aprobado Acta No. 41-VI-26/91.

Bogotá, D. E., dos de julio de mil novecientos noventa y uno.

Vistos:

Por auto de fecha 8 de abril último, el Magistrado sustanciador declaró ADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por el procesado José Urías Duque contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de fecha 12 de febrero del presente año, por el delito de homicidio agravado, e INADMISIBLE respecto del porte ilegal de armas de uso de defensa personal, previsto y sancionado en el artículo 1o del Decreto 3664 de 1986.

Contra el referido auto, el Señor Procurador Tercero Delegado en lo penal ha interpuesto recurso de reposición para que sea admitida la impugnación respecto de las dos infracciones, cuyas consideraciones se insertarán posteriormente.

Al recurso se le dio el trámite previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual, la Sala entra a decidir lo pertinente.

Criterio de la delegada:

“El Código de Procedimiento Penal vigente, en su artículo 218, establece:

“Procedencia. Habrá recurso de casación contra las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por los delitos que tengan señalada sanción privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años''''.

Interpretando la anterior disposición, ha dicho la Sala de Casación Penal de la Corte que de ella se desprende inequívocamente que el recurso extraordinario sólo procede frente a aquellos ilícitos que tengan fijada una sanción privativa de la libertad cuyo monto sea igual o superior a cinco años, ya devenga ella del texto simple del artículo que hace la incriminación, ora de las circunstancias específicas que aumenten o disminuyan la punibilidad, en consideración a su máximo y a su mínimo, respectivamente. Precisó la Sala lo siguiente, con ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda el día siete de junio de mil novecientos ochenta y nueve:

“3. En el caso que se analiza, de los tres hechos punibles imputados al procesado recurrente, sólo el de falsedad en documento público colma el requisito de procedibilidad antecitado, pues la pena máxima privativa de la libertad que consagra es de diez años; los otros delitos contemplan prisión por un máximo de tres años (artículo 146 Código Penal) y arresto por un máximo de dos (artículo 137 Código Penal), de donde resulta que la norma procesal de que se habla, no permite el recurso de casación para los dos últimos delitos, pues el quantum, penológico para que éste proceda, es el de la norma tipo en abstracto armonizada con las que consagran variaciones que no dependen del criterio valorativo del juzgador (tentativa, grado de participación) sino que configura situaciones de forzosa observancia, siempre y cuando el máximo de pena privativa de la libertad imponible, aún así, no devenga inferior al de la exigencia en comentario, para cada uno de los delitos por los cuales se procede, contra una determinada persona, lo que significa que tampoco el juzgamiento por concurso de hechos punibles habilita a los delitos que no llenan el requisito, para ser atacados en casación''''. (Lo subrayado fuera de texto).

Acogiendo esta interpretación, el Magistrado Ponente declaró en este caso la admisibilidad del recurso de casación en relación con el delito de homicidio agyravado, no así respecto del de porte ilegal de armas de defensa personal.

No comparte esta delegada el anterior criterio. Estima, por el contrario, que en aquellos casos en los cuales la sentencia recurrida se refiera a delitos cometidos en concurso y con tal relación de interdependencia que las decisiones que se tomen respecto de uno pueden o deben incidir en la resolución de los demás, el recurso debe admitirse en relación con todos ellos, así los demás o algunos de los conexos, no habilitaran por sí solos la impugnación extraordinaria. Las razones de esta opinión, son las siguientes:

1. La sentencia es un acto procesal UNITARIO, en el cual si bien se pueden resolver varias relaciones jurídico-procesales, cada una de ellas es independiente. Así, en cuanto el fallo resuelve la situación individual de cada encausado, este no puede ser separado —en función de los límites punitivos correspondientes a los varios ilícitos— y por tanto se constituye en pieza única que no permite su ruptura para los efectos de la impugnación extraordinaria.

En efecto, por relación jurídico-procesal se entiende la vinculación que se establece entre unas determinadas normas de derecho que señalan un específico procedimiento y la realización por parte de un sujeto de un hecho determinante a su vez de una relación con otra norma de derecho (sustantiva). Así, para los efectos del derecho penal, la relación jurídico-procesal estaría dada en la medida en que, cometido uno o varios delitos, se impone su examen frente a la norma sustancial que los contempla con los trámites establecidos en el ordenamiento procesal que determina, como uno de sus presupuestos, el de la unidad de la actuación que dispone cobijar con un mismo procedimiento y una misma sentencia a todas aquellas situaciones que se encausen bajo la misma cuerda, sin que sea posible escindir respecto de cada sujeto, las varias violaciones de la ley sustancial.

Esta visión de la relación jurídico-procesal determina en consecuencia, que para cada sujeto infractor se presente una correspondencia diversa, en virtud del principio de la responsabilidad individual. Aun cuando distintos incriminados pueden ser juzgados bajo un mismo proceso, las declaraciones y actuaciones para cada uno de ellos resultan autónomas e independientes en tanto que todos ellos pueden por separado hacer uso de los derechos y cumplir las obligaciones que les impone el procedimiento, debiéndose resolver su situación de la misma manera como se tramitó la actuación procesal, con una sentencia particularizada para cada uno de ellos.

Es fácil ver, entonces, que el fallo constituye una unidad respecto de cada uno de los procesados, pero diversas entidades en relación con los varios sujetos sometidos a juicio. Por ello, de recurrirse contra uno de los sectores de la sentencia (el relativo a un procesado), se deben presentar en él los requisitos señalados en el ordenamiento procesal para que se pueda tramitar la impugnación, la que englobará toda la decisión referente al recurrente.

2. el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal convierte en legislación positiva lo que antes era un principio general de derecho procesal, en tanto que establece la finalidad del procedimiento que es la “efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que en él intervienen''''. Para que en el proceso penal pueda desarrollarse adecuadamente esta norma rectora, preciso resulta que en sede de casación se admita la impugnabilidad de la sentencia como acto unitario, referida a todos los hechos punibles que se hayan juzgado bajo una misma relación jurídico-procesal, ya que las disposiciones relativas a los concursos, a la regulación de las penas y demás eventualidades que se discuten en el proceso, constituyen parte de este derecho material que debe ser declarado en la sentencia y por ello, no puede entenderse referido solamente a una porción de los hechos que le dieron base a ésta, sino que necesariamente ha de ser considerado en su integridad. Individualizar el fallo respecto de cada hecho punible, esto es, romper su unidad, no es más que contrariar el principio rector mencionado en tanto que se divide sin razón alguna el derecho material aplicable.

3. Igualmente el artículo 14 del mismo estatuto citado establece el principio de la unidad, según el cual salvo los casos de conexidad, se hará un solo proceso por cada hecho punible. Esto significa que, siendo varios los delitos materia de la actuación, y estando ellos en relación de conexidad, débese conformar un solo proceso para su juzgamiento integral, de donde resulta lesivo a dicha norma rectora la separación a último momento, para los exclusivos fines de la casación, de los diversos juzgamientos —que son uno solo— en razón de los hechos punibles involucrados.

4. De otra parte, específicas situaciones de hecho imponen la consideración del recurso extraordinario de casación en los términos a que se hace referencia, puesto que de no ser ello así, fácilmente se colocaría la propia Corte en imposibilidad de dictar sentencia ante la prosperidad de uno de los cargos enfilados contra el fallo. Piénsese en la situación en que, dictada una sentencia por los delitos de homicidio y lesiones personales —o como en este caso, homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal—, el requisito punitivo solamente lo reúna el primero de los mencionados delitos. Presentado el libelo, por vía de ejemplo con fundamento en la causal primera con argumentos dirigidos a atacar el pronunciamiento que se hizo en relación con el homicidio y encontrado que tiene razón el impugnante, debe la Corte entrar a dictar la sentencia de remplazo, como lo dispone la ley procesal.

Pero, como la Corporación había declarado la admisibilidad del recurso solamente por el ilícito contra la vida, esto es, había manifestado su incompetencia para revisar lo pertinente respecto del delito de lesiones personales, queda privada de la posibilidad de tomar decisiones que a él se refieran. Así las cosas, demostrada la necesaria absolución por el homicidio, la Corte no podría más que hacer dicha declaración dejando en el vacío las determinaciones en torno al delito de lesiones personales para la cual, por otra parte, no podría definirse su sanción ante la no individualización de ella en la sentencia recurrida.

5. En providencia de fecha 24 de junio de 1980, con ponencia del doctor Alvaro Luna Gómez, había dicho la Corte:

“Tercero. El quantum de la sanción se determina en el artículo constitutivo del delito o de cada uno de los delitos por los cuales se dictó la sentencia que se pretende impugnar y señalada en los artículos que estructuran las circunstancias específicas que se tuvieron en cuenta para aumentar o disminuir la sanción con los aumentos máximos o disminuciones mínimas que pudieran computarse. Todo lo cual dará por separado la sanción máxima imponible en cada delito, que de resultar para uno solo de cinco o más años, hará la sentencia susceptible del recurso extraordinario de casación” (resalta la Delegada).

De lo arriba subrayado, se puede concluir que la Sala, en la ocasión citada, consideró la admisibilidad del recurso extraordinario de casación bajo los parámetros que ha planteado la delegada, esto es, que en relación con el concurso de delitos, si uno de ellos —atendido el factor punitivo— permite la impugnación, ésta ha de admitirse para el conjunto integral de la sentencia, no en forma exclusiva en relación con aquél que cumple el requisito.

Finalmente, la Delegada se permite advertir que los hechos que dieron origen a este juzgamiento se encuentran por tal modo en relación de conexidad, que la imputación por el delito de porte ilegal de armas de defensa personal surge, precisamente, del instrumento con el cual se perpetró el ilícito de homicidio agravado que también cobijó la sentencia, como claramente se deduce no solamente de los hechos debatidos en el juicio, sino también de las diversas consideraciones que se encuentran plasmadas en los autos. Su unidad inescindible para los efectos de la casación, pues, surgen claros para la Agencia Fiscal. Las decisiones que se tomen respecto de uno de los ilícitos, bien pueden repercutir en la suerte procesal del otro, razo~n por la cual reiteramos nuestra comedida petición de que se REPONGA el auto impugnado y en su lugar se declare ADMISIBLE el recurso extraordinario por los dos hechos que motivaron la sentenciá''.

Consideraciones de la Corte

El recurso de casación, entendido como la oportunidad que tienen las partes, para que la sentencia que los afecta, pueda ser sometida por la Corte a un riguroso juicio frente a la ley, ha estado reservado para los delitos revestidos de mayor entidad o gravedad.

Dicha gravedad ha sido considerada por el legislador desde dos puntos de vista bien diversos: el primero respecto de la jerarquía del juzgador, razón por la cual, le ha atribuido la competencia paa decidir los procesos de mayor entidad provenientes de los juzgados superiores, del circuito (en la jurisdicción ordinaria); comandos de brigada, base aérea o comandos de policía (en la jurisdicción castrense); juzgados superiores de aduanas y juzgados de orden público (en las jurisdicciones especiales), en primera instancia y a los Tribunales Superiores, en segunda, requisito éste que contempla el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal para la procedibilidad del recurso. Y en segundo término, la ha reservado para los delitos considerados de mayor entidad, es decir, aquellos cuya pena privativa de la libertad máxima posible, en cada caso particular, tenidas en cuenta las circunstancias específicas de agravación y atenuación concurrentes, sin que cuente para ello, el concurso de delitos, sea o exceda de cinco (5) años.

Siendo el criterio de la pena el que ha creado dificultad para determinar la procedibilidad del recurso extraordinario de casación, de acuerdo con el pensamiento de la Delegada ya visto, debe la Sala, una vez más, determinar cómo se entiende ese máximo de pena a que se refiere el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal.

No existe duda alguna en cuanto a que no se trata de la sanción efectivamente impuesta en la sentencia recurrida, esto es, de la individualización judicial de la pena, pues ello comportaría que en la mayoría de los casos, no obstante la gravedad del delito juzgado, al imponerse como pena privativa de la libertad, menos de cinco (5) años, se privara a las partes de recurrir en casación el fallo de segundo grado. Es, entonces, la máxima pena que eventualmente pueda imponerse respecto de cada delito que se haya investigado y por el cual dictó resolución de acusación, con prescindencia del concurso (artículo 26 del Código Penal), o sea, el límite hasta el que se puede llegar frente a cada delito en forma independiente, de acuerdo con su gravedad, o lo que es lo mismo, la individualización legal de la pena, entendiendo por ella, la que hace el legislador al expedir la norma, desde luego, después de haberse realizado los cálculos sobre su incremento máximo en razón de las agravantes específicas concurrentes y disminuida en su mínimo con relación a las circunstancias de atenuación punitiva, igualmente específicas y concurrentes.

Esto lo ha sostenido reiteradamente esta Sala por cuanto el recurso de casación, al tenor del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, sólo procede “contra las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por los delitos que tengan señalada sanción privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco (5) años'''', término éste de pena en el cual no es dable computar el fenómeno de los concursos, ya que la pluralidad de infracciones no es circunstancia que pertenezca a cada delito en particular, como sí lo son las que se señalan en el estatuto punitivo como de agravación o atenuación, específicas.

Esta es la razón para que la Sala ratifique una vez más la decisión de fecha 7 de junio de 1989 con ponencia del Magistrado doctor Juan Manuel Torres Fresneda ha insertado la Delegada en su escrito de reposición que, por lo demás modifica en su integridad el criterio expuesto por la Sala en providencia de fecha 24 de junio de 1980 que transcribe el recurrente, pues esta contiene el pensamiento que en su momento sostuvo la Corte, el que ha sido rechazado reiteradamente por esta Sala.

Tal criterio, es decir, el expuesto ahora por esta Sala, de modo alguno contraría los presupuestos del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, así como tampoco quebranta el mandato del artículo 14 ibídem sobre la unidad procesal.

Veamos: Es cierto que por cada hecho punible, salvo los casos de conexidad y de las excepciones constitucionales o legales, debe adelantarse un solo proceso penal, sin importar el número de autores o partícipes y que, el mismo debe culminar con una sola sentencia. Igualmente, que al investigarse en un mismo proceso varias infracciones a la ley penal, conoce de todas ellas el juez de mayor jerarquía, es decir, al que corresponda el delito de más entidad, así los otros estén asignados a funcionarios diferentes. Igualmente se predica el procedimiento, es decir, que si uno de los delitos a que se contrae la investigación tiene un rito especial, los demás se rigen por el mismo. Igualmente procede en caso de acumulación jurídica de causas.

Ocurre que el legislador tiene prevista la ruptura de la conexidad como lo es, entre otros, en el caso de la reapertura de la investigación por uno o varios delitos, distintos del o de los que permiten una resolución de acusación, o cuando dicha decisión (la reapertura), se contrae a uno o varios procesados que han sido investigados conjuntamente como autores del hecho a todos atribuido.

En suma, el proceso debe concluir con una sola sentencia, absolutoria o condenatoria, con relación a los procesados y las infracciones a que se refiere la resolución de acusación, desde luego, y como bien lo destaca la Delegada, en la que se resuelven las varias relaciones jurídico-procesales y la situación individual de todos los encausados.

Pero frente al recurso extraordinario de casación, la situación debe resolverse en cada caso, de conformidad con las decisiones adoptadas y en particular respecto de cada sujeto procesal.

Por eso, se pueden presentar diversas situaciones entre las cuales se tienen:

a) El fallo es absolutorio y se contrae a un solo delito que tiene prevista como sanción máxima privativa de la libertad atendidas las circunstancias de agravación y atenuación específicas y concurrentes, cinco (5) o más años.

No puede ser recurrido por el procesado y su defensor, pues su interés concuerda con el declarado en la sentencia.

La parte civil, si se ha constituido, puede recurrir el fallo en casación en busca de una sentencia condenatoria contra el procesado, pues sólo con una decisión de este género podrá ver garantizados los perjuicios ocasionados con la infracción, dentro del proceso penal.

Y respecto del Ministerio Público, podrá igualmente recurrir la sentencia;

b) el fallo es condenatorio y se contrae a un solo delito que admite el recurso extraordinario de casación.

Puede ser recurrido por el procesado y su defensor, en busca de una sentencia absolutoria o la modificación prcial del mismo.

El Ministerio Público podrá interponer el recurso extraordinario, pero en tratándose de indemnización de perjuicios, en las mismas condiciones que se le exige a la parte civil. Esta, sólo podrá recurrir un fallo condenatorio en la medida que la declaración sobre indemnización de perjuicios, resulte insuficiente, pero en el evento de que la cuantía insatisfecha, alcance o sobrepase el mínimo exigible en las normas del Código de Procedimiento Civil para la procedibilidad del recurso extraordinario. No podrá hacerlo, respecto de la pena privativa de la libertad o penas accesorias, pero sí respecto a la indemnización de perjuicios, y en la forma ya indicada;

c) Fallo condenatorio contra un solo procesado por un delito que tiene pena privativa de la libertad en su máximo de cinco (5) años y otro cuyo máximo no alcanza el requisito cuantitativo de la pena.

El recurso extraordinario de casación lo será exclusivamente contra la sentencia respecto de la infracción que satisface en su integridad los requisitos previstos en el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal es decir, como lo viene sosteniendo la Sala en sus más recientes pronunciamientos.

En el caso del delito de homicidio culposo y lesiones personales del mismo género. Si bien es cierto que con un solo hecho el procesado infringe las dos disposiciones y que solamente una de ellas, reúne los requisitos previstos por el legislador para la admisibilidad del recurso extraordinario (homicidio), no por ello la Corte tiene que atender acusaciones contra el fallo de segunda instancia relacionadas con el punible no sujeto a casación (lesiones) pues ello contraría la esencia del recurso extraordinario.

Ocurre sin embargo, que la Delegada considera viable el recurso respecto de este último punible, en atención a su conexidad y, advierte, que en el evento de prosperar la demanda, por homicidio, el fallo sustitutivo se vería incompleto pues nada podría la Corte enmendar respecto del de lesiones personales y que al declarar la absolución por homicidio frente a la declaración de inadmisibilidad del recurso por lesiones personales, la sentencia sustitutiva se vería incompleta y, además, no se podría definir la sanción que le correspondiera por el punible rechazado en casación.

Tal afirmación resulta improcedente. Lo que la Sala ha querido dejar en claro es que los fallos de segunda instancia proferidos por los Tribunales Superiores, sólo son susceptibles del recurso extraordinario de casación, por los delitos cuya sanción de la libertad en su máximo, sea o exceda de cinco (5) años y que la demanda que se presente, debe dirigirse exclusivamente respecto de esas precisas infracciones.

No puede la Corte so pretexto de la conexidad existente, admitir demandas en las que solamente se ataque la sentencia recurrida respecto de las infracciones, por conexas que sean, que no admiten la impugnación extraordinaria, pues si el delito que le da competencia a la Corte en sede de casación no es objeto de reparo por el recurrente, cualquier pronunciamiento con relación al otro, convertiría a esta Corporación en Tribunal de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible.

Y si las partes limitan su actuación (demanda), en cuanto a los delitos susceptibles de la impugnación, a demostrar vicios del fallo recurrido, y éstos llamados a prosperar, desde luego que la Corte al declarar fundada la acusación, procede a sustituir la sentencia recurrida y a hacer las declaraciones que considere ajustadas a derecho, es decir, que al dictar fallo sustitutivo, puede y debe enmendar todos los yerros que se presenten y plasmar la decisión correspondiente no solamente respecto del delito que le dá la competencia como lo sería el homicidio, sino también el de lesiones personales, pues dada la conexidad que existe entre las dos infracciones sería inconsecuente proferir un fallo absolutorio y dejar vigente, aunque parcial, una condena por un delito originado en un mismo hecho.

Quiere decir lo anterior que, al declararse la inadmisibilidad del recurso de casación por un hecho punible cuya pena máxima imponible no alcanza las exigencias del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, las determinaciones que se hayan tomado en el fallo recurrido respecto de él, quedan en suspenso en espera de la decisión que deba tomarse con relación a las acusaciones presentadas en la demanda, es decir, que ese extremo de la sentencia no causa ejecutoria ni hace tránsito a cosa juzgada, hasta tanto no se decida el recurso extraordinario. Si la demanda no prospera, la sentencia recurrida resulta inmodificable; pero si la acusación impone a la corte la sustitución del fallo, ésta no solamente toma las determinaciones pertinentes respecto de delito o delitos por los cuales se admitió el recurso, sino de aquél o aquellos que fueron inadmitidos, lo cual, evita el fraccionamiento del fallo como lo considera la Delegada, ya que la no aceptación de la impugnación por los delitos que no la admiten, en modo alguno genera rompimiento de la sentencia o quebranto al principio de unidad procesal. La ejecutoria parcial que se predica del fallo recurrido es aparente, ya que solamente quedan en suspenso las determinaciones adoptadas que no pueden ser objeto de la impugnación extraordinaria. Pero en el caso concreto, homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, la situación puede dar lugar a diferentes variantes, así:

Dichas infracciones por más conexidad que exista entre ellas (con el arma se causa el homicidio)podrían admitir pronunciamientos distintos, cuando la decisión de un delito no sea condicionante a la del otro. Bien puede ser un procesado condenado por homicidio y absuelto por el porte ilegal de armas de defensa personal o viceversa, es decir, condenado por el segundo punible y absuelto por el homicidio. Tal decisión no se opone y de llegar a producirse, en nada afectaría el derecho de defensa ni el debido proceso.

Por ello, una vez dictada sentencia de segunda instancia, bien sea absolutoria o condenatoria por un delito que no tenga prevista sanción privativa de la libertad de cinco (5) años o más, pero sí contenga pronunciamientos por otra infracción susceptible de ser impugnados por esta última circunstancia no puede ser recurrido el primer delito por vía extraordinaria. Pero en la hipótesis de recurrirse el que lo admite, podría por ejemplo en el evento de la causa tercera de casación, verse afectada la totalidad del fallo, pues al declararse por la Corte la procedibilidad de la censura presentada en la demanda o de manera oficiosa, también se señalará el momento procesal afectado por el vicio de nulidad y se dispondrá su enmienda por el competente, y

d) En causas acumuladas se dicta sentencia por un delito que admite el recurso extraordinario de casación y por otro que no reúne los requisitos.

En esta hipótesis la solución es más sencilla porque no hay, en principio, subordinación y dependencia entre los delitos de las causas acumuladas, debiéndose arbitrar el caso en la forma señalada para el evento anterior, guardadas las particularidades para el evento en que la invalidez afecte la actuación conjunta o solamente a una de las causas, para efectos de los ajustes de punibilidad.

Lo anteriormente expuesto, es suficiente para que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,

RESUELVA:

1. NO REPONER elk auto de fecha 8 de abrikl del presente año, por medio del cual se declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el procesado José Urías Duque contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de fecha 12 de febrero de 1991, respecto del porte ilegal de armas de uso de defensa personal.

Córrase traslado al recurrente por el término legal a fin de que presente la correspondiente demanda de casación por medio de abogado titulado y con relación al delito de homicidio agravado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Dídimo Páez Velandia—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M. 

Rafael I. Cortés Garnica, Secretario.

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