Auto 6065 de junio 6 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PROCESOS SOBRE COMPETENCIA DESLEAL

JUEZ COMPETENTE

EXTRACTOS: «1. Como es suficientemente conocido, el artículo 333 de la Carta Política de 1991, garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada, con sujeción a la ley, libertades éstas que han de ejercerse dando cabal operancia en la realidad a la función social que ha de cumplir la propiedad y, teniendo en cuenta que, en todo caso, la dirección general de la economía compete al Estado, el cual podrá intervenir, por mandato de la ley para los fines establecidos por el artículo 334 de la Constitución vigente, y, antes, para los efectos señalados por el artículo 32 de la Carta Política precedente.

2. Dentro de ese marco constitucional, ha sido preocupación permanente de la legislación nacional regular la libre concurrencia en el mercado, de tal suerte que se sancione la “competencia desleal”, precisamente para hacer efectiva aquella libertad. En efecto:

2.1. La Ley 31 de 1925, expresamente reguló lo atinente a la indemnización de perjuicios causados por un comerciante a otro comerciante, en virtud de adelantar el primero prácticas mercantiles desleales.

2.2. La Ley 59 de 1936, que sustituyó a la anterior, en su artículo 20 precisó lo que habría de entenderse por competencia desleal y, la definió entonces como el “acto contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales”, norma ésta que, en lo esencial, mantuvo el principio de la obligación resarcitoria de perjuicios a quien resultare víctima de tal competencia.

2.3. El Código de Comercio, expedido por el Decreto-Ley 410 de 1971, cuya vigencia se inició el 1º de enero de 1972, consagró el título V de su libro primero (arts. 75 a 77) a regular lo atinente a la competencia desleal, normas éstas que fueron declaradas exequibles por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 10 de julio de 1986, en la cual se expresó que “considerada objetivamente, la competencia debe significar una emulación entre comerciantes tendiente a la conquista del mercado con base en un principio según el cual logrará en mayor grado esa conquista el competidor que alcance la mejor combinación de los distintos elementos que puedan influir en la decisión de la clientela”, sentencia en la cual se agregó a renglón seguido que: “Así concebida la competencia, encaja perfectamente dentro del esquema de la libertad de empresa (art. 32 C.N.) y, por tanto, la posibilidad de competir por la clientela se convierte en un verdadero derecho para el empresario, garantizado en las disposiciones constitucionales” (G.J. CLXXXVII, 1986, segundo semestre, págs. 15 y 24 a 25).

2.4. Las normas sobre competencia desleal entre comerciantes de que tratan los artículos 75, 76 y 77 del Código de Comercio de 1971, fueron complementadas posteriormente mediante los decretos 3466 y 3468 de 1982 (estatuto del consumidor), en los cuales se establecieron algunas presunciones de competencia de esa estirpe, cuando estuvieren dirigidas a llevar a engaño a los consumidores de determinados productos mediante sistemas de bonificación a los compradores de los mismos.

2.5. La Ley 178 de 1994, aprobó el “Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, según el cual ha de entenderse que existe competencia desleal en la realización de “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial”.

2.6. Por último, la Ley 256 de 15 de enero de 1996, reguló integralmente la materia, y, al efecto, precisó que el objeto de las normas en ella contenidas es el de “garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994”. Además, de manera expresa derogó, entre otras normas, los artículos 75 a 77, 975 y 976 del Código de Comercio.

3. En cuanto hace referencia al conocimiento de los procesos surgidos entre comerciantes por competencia desleal, se observa por la Corte que:

3.1. A partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos 1400 y 2019 de 1970, que se inició el 1º de julio de 1971, por no existir disposición alguna en contrario, a este proceso ordinario eran aplicables las normas de carácter general establecidas para regular la competencia, entre las cuales, en cuanto hace al factor territorial y teniendo en cuenta el “fuero general”, conforme al artículo 23, numeral 1º de dicho código, de esa controversia judicial habría de conocer “el juez del domicilio del demandado”, o, cuando tuviere varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, salvo el caso de que se tratase de asuntos vinculados con exclusividad a uno de dichos domicilios, hipótesis ésta en la cual la competencia corresponde al juez de dicho domicilio.

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, cuando el demandado careciere de domicilio, la competencia se radica en el juez de su residencia, y si también careciere de ésta, entonces, el juez competente será el del domicilio del actor.

3.2. La Corte Suprema de Justicia, en auto 078 de 6 de abril de 1995, en virtud de la vigencia de la Ley 178 de 1994, aprobatoria de “el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883”, con sus modificaciones y adiciones, que incluyó en el numeral 2º del artículo 1º, como objeto de la protección a la propiedad industrial, “la represión de la competencia desleal”, expresó que, desde entonces, “lo que en el Código de Comercio eran dos instituciones reglamentadas en forma separada, fueron unificadas de tal manera que las normas destinadas a poner coto a la competencia desleal pasaron a formar parte de las que regulan la propiedad industrial, perspectiva desde la cual, entonces, aquellos funcionarios que son competentes para conocer de los litigios sobre esta última, pasan a serlo, también, respecto de las controversias sobre aquélla”, es decir, que el conocimiento de estos procesos corresponde a los jueces civiles del circuito de Santafé de Bogotá, quienes ejercen al efecto competencia privativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

3.3. Con todo, ha de precisarse ahora que a partir del 18 de enero de 1996, fecha en la cual fue promulgada la Ley 256 de 1996, “por la cual se dictan normas sobre competencia desleal”, la competencia por el factor territorial para conocer de procesos de esta índole, fue asignada, conforme a su artículo 25, al “juez del lugar donde el demandado tenga su establecimiento, y a falta de éste su domicilio” y, en el supuesto de que “el demandado carezca de establecimiento y domicilio en el territorio nacional, será competente el juez de su residencia habitual”. Además, ese fuero general concurre, “a elección del demandante” con aquél “del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal”; y “si éste se ha realizado en el extranjero, el del lugar donde produzcan sus efectos”.

4. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub lite, encuentra la Corte que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Medellín, por las razones que van a expresarse:

4.1. Conforme a la demanda que obra a folios 34 a 45 del cuaderno Nº 1, la sociedad Ingeniería Gustavo Adolfo Restrepo y Cía. Ltda., domiciliada en Medellín, y Gustavo Adolfo Restrepo Bustamante, también con domicilio en esa ciudad, convocaron a un proceso ordinario a Jorge Alberto Restrepo Duperly y a la sociedad Informática Profesional Ltda., ambos con domicilio en Medellín, para que, surtida su tramitación, se condene a los demandados al pago de una indemnización de $ 500.000.000 “o el mayor o menor valor que resulte pericialmente determinado”, por actos de competencia desleal, causados “a través de las publicaciones periodísticas” a que se refiere el hecho 11 de la demanda, las cuales causaron “lesiones” a su nombre, “a su prestigio comercial y a su posición en el mercado”, razón ésta por la cual, además, se impetra conminar “a los infractores bajo multas sucesivas hasta de $ 50.000 convertibles en arresto, a fin de que se abstengan de repetir los actos de competencia desleal ya sea en público o en privado” (fls. 38 y 39, C.1).

4.2. La demanda anteriormente mencionada, fue rechazada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Medellín, por “falta de competencia”, en auto de 22 de enero de 1996, por considerar que, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 178 de 1994, aprobatoria del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, con sus modificaciones y adiciones, en armonía con lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, la competencia para conocer de ese proceso correspondía, en forma privativa al Juez Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, decisión ésta para cuya adopción se citó, además, la jurisprudencia de la Corte contenida en el auto 078 de 6 de abril de 1995 (ordinario Laboratorios Prolabel Ltda. y otros contra Luis Enrique Avilés y otra).

4.3. No obstante, en la fecha en que fue proferido el auto mediante el cual se rechazó la demanda presentada por Ingeniería Gustavo Adolfo Restrepo y Cía. Ltda. y Gustavo Adolfo Restrepo Bustamante contra Jorge Alberto Restrepo Duperly e Informática Profesional Ltda., es decir, el 22 de enero de 1996 (fls. 48 a 50, C.1), ya se encontraba en vigencia la Ley 250 de 1996, publicada en el Diario Oficial Nº 42.692 de 18 de enero de 1996, lo que significa que, la competencia territorial para conocer de este proceso ya no correspondía, en forma privativa, a los jueces civiles del circuito de Santafé de Bogotá, sino, al juez “del lugar donde el demandado tenga su establecimiento, y a falta de éste, su domicilio”, o al juez de la residencia del demandado, o, si el demandante así lo hubiere preferido al juez “del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal”; y, “si éste se ha realizado en el extranjero, el del lugar donde se produzcan sus efectos”.

4.4. De manera pues que si conforme se expresa en la demanda, la sociedad Informática Profesional Ltda. tiene domicilio en la ciudad de Medellín, al igual que Jorge Alberto Restrepo Duperly (fls. 38 y 39, C.1), resulta claro que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 256 de 1996, la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Medellín y no al Juzgado Once Civil del Circuito de Santafé de Bogotá».

(Auto de junio 6 de 1996. Expediente 6065. Magistrado Ponente: Pedro Lafont Pianetta).

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