Auto 62 de junio 21 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

AUTO NÚMERO 62

Ref.: Nulidad de una sentencia.

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, conoce de oficio acerca de la posible nulidad de la Sentencia C-642 del 31 de mayo de 2000, proferida por ella misma, y sobre el particular ha proferido el siguiente auto

I. Antecedentes

La Sala Plena de la Corte Constitucional debía decidir, durante la sesión del 31 de mayo de 2000, sobre la ponencia presentada por el magistrado José Gregorio Hernández Galindo, también ponente de la presente providencia, relativa al expediente D-2687 (demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Fernando Matallana Usaquén contra el artículo 25 de la Ley 29 de 1993).

No se encontraban presentes en la Sala, por hallarse en comisión oficial en el exterior, los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Carlos Gaviria Díaz, de suerte que la Sala sesionó con la presencia de las restantes siete miembros de la Corte.

Cumplido el debate, se produjo la votación, de la cual resultó lo siguiente: los magistrados Alejandro Martínez Caballero, Antonio Barrera Carbonell, Fabio Morón Díaz y José Gregorio Hernández Galindo apoyaron la ponencia presentada, y los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis votaron negativamente.

La Sala entendió aprobado el proyecto, se firmó la sentencia, se notificó y se divulgó.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Ha sostenido esta corporación en forma reiterada que toda decisión judicial que viole el debido proceso, por desconocer el artículo 29 de la Constitución, debe ser anulada.

Con mayor razón ha de promoverse la estricta observancia del mencionado principio cuando se trata de las providencias a cargo de la Corte Constitucional, guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, y particularmente las de Sala Plena, que recaen, ni más ni menos, sobre las disposiciones integrantes del orden jurídico legal, para definir si ellas se ajustan o no a los preceptos y principio superiores.

Esta Sala ha sido exigente en lo relacionado con la sujeción plena y exacta de sus propias decisiones al debido proceso, y no ha vacilado en anular aquéllas que por cualquier circunstancia lo hayan contravenido.

En reciente providencia se manifestó:

“...el debido proceso garantizado en todas las actuaciones judiciales (C.P., art. 29), debe ser observado con mayor razón y de modo más exigente en el seno de la Corte Constitucional, mucho más si se recuerda que, justamente a través de los fallos de revisión de tutelas, está llamada a velar por la efectividad y certeza de los derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, la propia Corte debe proceder de oficio a declarar la nulidad de sus fallos, si al proferirlos han sido desconocidas, así sea levemente, las garantías constitucionales. Ello otorga certidumbre y confianza a la colectividad en el sentido de que el tribunal encargado por excelencia de preservar la base del ordenamiento jurídico se obliga a sí mismo de manera estricta y con todo rigor. (Cfr. C.Const. S. Plena. Auto 17 mayo/2000).

También ha dicho la Corte que son anulables por la plenaria sus decisiones cuando se ha desconocido, en el momento de dictarlas, el debido proceso.

Elemento esencial de la validez de las providencias que profiere cualquier corporación judicial está constituido por la mayoría con la cual se adopten, pues si el número de votos es insuficiente resultan quebrantadas las reglas propias del juicio, y se lesiona el derecho de las partes e intervinientes.

En el caso de los procesos de constitucionalidad, aunque es sabido que no hay partes enfrentadas, esa lesión se produce, y en grado mayúsculo, en contra del interés general, que no es otro que el de la efectividad y vigencia del ordenamiento jurídico fundamental.

El artículo 14 del Decreto 2067 de 1991 dispuso que las decisiones sobre la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional debían ser adoptadas “por la mayoría de los miembros” de la misma, y que los considerandos de la sentencia podían ser aprobados “por la mayoría de los asistentes”.

El artículo 54 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), declarada exequible por esta Corte mediante Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, estipuló lo siguiente:

“Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, sala o sección”. (Subraya la Corte).

El artículo 3º del reglamento de la corporación dispone que “las decisiones de la Corte, salvo lo dispuesto en la ley para determinados casos, se adoptarán por mayoría absoluta”. Y el 34, regla sexta (según recodificación contenida en el Acuerdo 05 de octubre 15 de 1992), dispone:

“Terminado el debate, se hará la votación, primero sobre la parte resolutiva y después sobre la motiva o sobre las conclusiones del informe.

La parte resolutiva requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los magistrados. La parte motiva se podrá aprobar por mayoría relativa. Para aprobar los informes de comisión y demás documentos se requerirá mayoría absoluta”.

La norma aclara lo que se entiende por mayoría absoluta: “cualquier número entero de votos superiores a la mitad del número de magistrados que integran la Corte”. Según la Ley 5ª de 1992 y el artículo 44 de la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96), la Corte Constitucional está integrada por nueve miembros, luego en el entendido de las disposiciones citadas, toda mayoría para la adopción de decisiones debe estar compuesta por un número de votos mayor que el número entero que supere a la mitad de nueve, es decir, se necesitan mínimo cinco votos para que una decisión de esta Corte sea válidamente adoptada.

Surge de lo anterior que las providencias proferidas con una mayoría inferior son nulas, y así debe declararlo el pleno de la corporación.

Es verdad que, según el artículo 54 de la ley estatutaria de administración de justicia, ya citado, “cuando quiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces”, de lo cual deducen algunos que la mayoría debe computarse sobre los magistrados restantes, siempre que no se disminuya el quórum (en el caso de la Corte Constitucional, cinco miembros), y que sólo se requeriría la presencia de conjueces cuando tal número mínimo de asistentes se disminuyera.

No obstante, debe observarse que el aludido inciso del artículo 54 regula situaciones muy específicas, cuales son las de los impedimentos o recusaciones y la referente a las causales legales de separación del cargo.

Pero lo más importante es que la regla aplicable directamente a la toma de decisiones es la del primer inciso del mismo artículo, ya transcrita, que exige el voto de la mayoría de los miembros de la corporación.

Se declarará la nulidad de la sentencia y se dispondrá que el proyecto de fallo vuelva a distribuirse entre todos los magistrados, para resolver sobre él en la próxima Sala.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de la Sentencia C-642 del 31 de mayo de 2000, proferida por la Sala Plena de la corporación.

2. Por secretaría, distribúyase de nuevo la ponencia entre los magistrados, para su estudio y decisión en la Sala siguiente.

3. La secretaría dejará constancia acerca de la presente providencia al pie del fallo anulado, y, junto con la relatoría de la Corte, tomará las medidas necesarias para que, al publicar aquél, sea publicado, junto con él, este auto y la nueva sentencia que se dicte.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Alejandro Martínez Caballero, Presidente—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz —José Gregorio Hernández Galindo—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis.

Martha Sáchica de Moncaleano, secretaria general.

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