Auto 6215 de agosto 27 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS

JUEZ COMPETENTE CUANDO EL MENOR CAMBIA DE DOMICILIO

EXTRACTOS: «El conflicto entre los juzgados mencionados atañe a la competencia relacionada con los procesos de ejecución de alimentos. Al respecto el artículo 152 del Decreto 2737 de 1989 es enfático en determinar que “la demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite ejecutivo de mínima cuantía en el cual no se admitirá otra excepción que la de pago”.

De conformidad con la citada disposición, la Corte considera que ésta es la norma general aplicable cuando se quiera hacer efectiva la obligación de alimentos ya reconocida en favor de un menor en virtud de una decisión judicial, en cuyo caso se podrán cobrar las mensualidades debidas y las que se vayan causando, dentro del mismo expediente en cuaderno separado, por el trámite propio del proceso ejecutivo de mínima cuantía, evento en el cual por consiguiente será competente el mismo juez que conoció del proceso en el que se fijaron o revisaron los alimentos.

Dado el alcance del citado artículo 152 del Decreto 2737 de 1989, es pertinente anotar que el trámite allí indicado se aplica en todos los eventos en que se haya decretado una obligación alimentaria en favor de un menor, bien como resultado de una pretensión exclusiva de tal clase o bien como consecuencia de una petición diferente de filiación o investigación de paternidad, por ejemplo.

Pero puede ocurrir que el menor al momento de hacer efectiva la obligación alimentaria, tenga un domicilio diferente a aquél en el cual se adelantó el correspondiente proceso judicial, evento en el que podrá adelantarse la ejecución en el domicilio del menor, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 2272 de 1989, según el cual, “en los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad legítima o extramatrimonial; los que deben resolverse de conformidad con la letra j del artículo 5º del presente decreto; custodia, cuidado personal y regulación de visitas; permisos para salir del país y, en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos en que el menor sea demandante, la competencia por razón del factor territorial corresponderá al juez del domicilio del menor”. Considera la Corte en consecuencia que, por el fuero de conexión, dentro de los procesos de alimentos a que alude la disposición transcrita, debe igualmente comprenderse los procesos ejecutivos de alimentos cuando estos se hayan impuesto en cualquier clase de proceso. En este último caso, es decir, cuando el menor haya cambiado de domicilio, la respectiva providencia que contiene la condena al pago de las prestaciones asistenciales en cuestión constituye el título ejecutivo y, por consiguiente, en el proceso ejecutivo autónomo que se adelante ante el juez de domicilio del menor, sólo podrán alegarse las excepciones contempladas en el numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el alcance del artículo 152 del Decreto 2737 de 1989, mediante auto del 23 de febrero de 1993, esta corporación recalcó que “es tal la claridad y perentoriedad de la disposición transcrita, que obligado resulta concluir, en todos los casos en que se hayan fijado en favor del menor cuotas alimentarias, que las acciones tendientes a hacer efectivo el cobro compulsivo de ellas deberán seguirse a continuación de aquel proceso, en la forma y por el procedimiento allí indicado, palmariamente ante la autoridad judicial que tiene aquel proceso en su conocimiento”.

En dicha providencia, así mismo, se mencionaba que no podía “echarse mano del artículo 8º del Decreto 2272 de 1989, para deducir de él que el proceso ejecutivo por alimentos tiene que instaurarse en el domicilio del menor”.

En consecuencia, mediante esta providencia, después de un nuevo análisis de la situación descrita, esta corporación modifica su posición anterior, atendiendo fundamentalmente los principios que orientan la legislación de los menores, y cuya finalidad desde luego persigue su debida protección y la efectividad y garantía de sus derechos. Por consiguiente, en materia de ejecución de alimentos y ante el cambio del domicilio del menor, queda a elección de este último iniciar el correspondiente proceso ante el juez que fijó y determinó los alimentos, cualquiera que haya sido la naturaleza del mismo, en la forma prescrita en el artículo 152 del Decreto 2737 de 1989 o bien iniciar un proceso ejecutivo autónomo ante el juez de su domicilio actual, y según lo indicado en esta providencia».

(Auto de agosto 27 de 1996. Expediente 6215. Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros).

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