Auto 6252 de noviembre 12 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ABUSO DE AUTORIDAD

POR OMISIÓN DE DENUNCIA

EXTRACTOS: «1. Sobre los hechos de que el juez tiene conocimiento “por cualquier medió'' y que pueden llegar a constituir hecho punible (art. 19 CPP, “deber de denunciar''''), o abre investigación si es competente para conocer del asunto, o lo lleva al conocimiento de quien lo sea.

En el orden lógico-jurídico de las cosas no es dable realizar sino una de las dos especificadas opciones, no ambas al propio tiempo y ni siguiera en tiempo separado. Por esto es desatinado analizar el asunto desde dos puntos de vista jurídicos independientes, esto es, como si con la negativa a la realización de una de las dos alternativas, estuviera cumpliendo dos conductas, dos actos delictivos porque así se coloca al funcionario en lo imperioso de trasegar la vía del absurdo o de la contradicción: abrir investigación y enviar copia de lo pertinente (o entablar denuncia) para que se investigue lo mismo.

Una sola es pues, en evento como el presente, la conducta omitida por la Juez, consistente en no abrir investigación o compulsar lo pertinente a la autoridad competente, entendiéndose que con CUALQUIERA de los dos actos que hubiera realizado, deviene en imposible un predicamento en su contra por omisivo, o, dicho de otra manera, así habría dado cabal cumplimiento a su obligación legal.

No se entiende entonces de qué manera válida, tanto Tribunal como Delegada, desmembran, dividen la conducta para desprender de la no apertura de investigación, PREVARICATO OMISIVO, y de la no compulsa de lo pertinente, ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIA. Hay allí un innegable absurdo que va irremediablemente contra el principio de non bis in idem.

En la práctica sucede lo siguiente:

a) Que, fruto del trámite de un proceso, el funcionario entre en conocimiento del hecho presuntamente delictuoso. Deberá entonces expedir copia de lo pertinente y, si no hay otros jueces de igual categoría en el municipio, “iniciará sin tardanza la investigación” —art. 19 C.P.P.—, porque si cuando menos son DOS los jueces competentes para conocer del caso, deberá someter las copias al reparto. Y, cualquiera de las dos actitudes que asuma, según el caso, comporta que la otra no tenga razón de ser. Para el primer evento, absurdo sería que a más de iniciar la investigación, PRESENTARA DENUNCIA. Y, para el segundo, a todas desatinado que, sometido el asunto al reparto, el propio tiempo el funcionario de su parte ABRIERA INVESTIGACIÓN.

b) Que el llegue al conocimiento del empleado oficial por vía no ídem. Entonces, tendrá que presentar una denuncia verbal o escrita, de la cual no podrá conocer por ser él denunciante, así el asunto sea de su competencia. Dicho de otro modo, si a más de la DENUNCIA, ABRE INVESTIGACIÓN por los mismos hechos, resulta obvio que su proceder no sólo es ilógico sino inclusive ILEGAL.

Con todo esto quiere la Corte resaltar lo disparatado del criterio del Tribunal y de la Delegada.

Quiso pues el legislador que esta conducta quedara plasmada en el artículo 153 del Código Penal, que se intitula “ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIÁ''. Pero, se insistirá, si lo que sucedió fue que el funcionario omitió la apertura de sumario, cómo subsumir tal hecho en la norma que se comenta. Y, se responderá, porque, como quedó visto y ahora se recalca, la conducta (acción de omisión) es una sola, esto es, que la posiblidad de predicamente de que faltó a su deber de abrir investigación, nace de que tampoco hubiera comunicado el hecho a la autoridad competente; mas, si hizo esto último, es impertinente formular cargo por la no apertura de averiguación. Dicho de otro modo, lo trascendente penalmente de la conducta omisiva queda subsumido en la faz del asunto que el legislador hizo figurar en el tipo consagrado en el artículo 153 del Código Penal que irremediablemente recoge la otra cara del mismo. No se puede pues desconocer que se compendia el todo del asunto con cualquiera de los dos extremos que se tome para integrar el tipo penal. Es que no se trata de que se falte a dos deberes funcionales, sino a uno exclusivo de doble apariencia; de ahí que con cualquiera de los dos, reitérese, que cumpla, satisfaga integralmente su obligación legal. Así las cosas, no hay entonces lugar aquí a referencias sobre existencia o no del delito de prevaricato por omisión porque el legislador así lo quiso, atendiendo a una cabal técnica legislativa y consultando la mejor doctrina.

Y mal puede hablarse de abuso de autoridad por omisión de denuncia porque el deber del funcionario de abrir investigación o de llevar el hecho al conocimiento del competente, nace o se impone cuando en su sano criterio se puede estar en presencia de un delito, de conocimiento suyo en un caso, o de otra autoridad, para el segundo evento; y, por contrario modo, si lo que entiende el funcionario es que hay inocurrencia delictiva, obviamente que mal puede saberse obligado a realizar cualquiera de las dos opciones».

(Auto de noviembre 12 de 1991. Radicación 6252. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez.

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