Auto 6360 de septiembre 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6360

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de julio de 1996, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario seguido por los señores Jaime Alberto Orozco Valencia y Nelly del Socorro Correa Vargas, frente a los señores Jorge Mario Tejada Zambrano y Edilma Franco de Tejada.

Antecedentes

1. Solicitan los demandantes en el escrito con que dieron inicio a este proceso: que se declare que, como vendedores, sufrieron lesión enorme en el contrato de compraventa que hicieron a los demandados del 50% del lote y la construcción en él levantada, inmueble ubicado en la carrera Chile Nº 57-43 de Medellín, que identifican además por sus linderos, contenido en la escritura pública 3482 del 13 de septiembre de 1988, otorgada en la Notaría Catorce de esa ciudad, que, en consecuencia, se decrete la rescisión de dicho contrato y, por tanto, la restitución del bien, previa purificación de cualquier gravamen constituido, sobre él, así como la cancelación del registro de la mencionada escritura; y que se condene en costas a los demandados.

En respaldo de tales pretensiones, a más de invocarse la celebración del aludido negocio, expresan los actores que “el precio pagado por los accionados en la compraventa fue tres millones doscientos mil pesos ($ 3.200.000) precio que es inferior a la mitad del justo precio de la casa vendida”, y que, por tanto, dicha enajenación afectó negativamente su patrimonio y generó correlativamente enriquecimiento a los compradores.

2. El demandado Jorge Mario Tejada Zambrano, quien fue notificado personalmente del proveído admisorio de la demanda, guardó silencio durante el término del traslado. Como quiera que él falleció estando en curso el presente diligenciamiento, fue sucedido procesalmente por sus herederos, Mariana y Juan Carlos Tejada Franco, y se emplazó a sus herederos indeterminados, a quienes se designó curador ad litem.

Por su parte, el curador ad litem nombrado para representar a la demandada Edilma Franco de Tejada, previo su emplazamiento, se opuso a las pretensiones de la demanda y, en cuanto a los hechos, admitió como ciertos los tocantes a la compraventa y exigió la prueba del precio injusto. A la comparecencia de la nombrada, el auxiliar de la justicia cesó en sus funciones.

3. Tramitada la instancia el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Medellín, a quien correspondió el conocimiento del asunto, le puso fin con sentencia de 10 de noviembre de 1995, en la que negó las pretensiones del libelo introductorio, ordenó la cancelación de la inscripción de la demanda, declaró fundado el error grave planteado contra el primer dictamen pericial rendido en el proceso y condenó en costas a los actores.

4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver la apelación que contra el fallo del a quo interpusieron los demandantes, lo revocó y, en su defecto, decretó la rescisión de la compraventa ajustada entre las partes. Para el caso de que los demandados opten por completar el justo precio, les ordena pagar a los actores $ 8.624.303, “junto con los intereses legales de ese dinero al 6% anual que se causen a partir del vencimiento del referido término”; y para el caso de consentirse la rescisión, dispone la cancelación de la respectiva escritura pública y de su registro, la restitución del bien, que los demandados cancelen las hipotecas y demás gravámenes constituidos después del 13 de septiembre de 1988 y que los demandantes paguen a los demandados “$ 16.988.000 más los intereses legales a la tasa del 6% anual sobre $ 3.200.000 desde el 12 de mayo de 1989 hasta el día en que se cumpla la restitución ordenada” y “$ 31.310.500 por concepto de mejoras hechas al inmueble a restituir”. Las costas las impuso a los demandados en ambas instancias.

La sentencia del tribunal

Para arribar a la decisión que adoptó, el ad quem, básicamente encontró demostrados los supuestos de hecho que estructuró la acción rescisoria por lesión enorme, con referencia a los que aparecen consignados en los artículos 32 de la Ley 57 de 1887, 1498, 1946, 1947, 1950, 1951 y 1954 del Código Civil.

Ya, en lo que es pertinente al presente recurso de casación, o sea situado el sentenciador en el campo de las restituciones mutuas que se derivan de la rescisión del contrato disputado, dijo tajantemente: “... Y no están obligados [los demandados] a la restitución de frutos por cuanto se está demostrado que el inmueble no se halla en condiciones de producir frutos civiles debido a las fallas estructurales que presenta...”. Antes el tribunal había afirmado también, que en el momento de la venta estaba inconclusa la construcción del inmueble levantado sobre el lote en cuestión, a partir de lo cual concluyó que “el segundo dictamen, que fue el acogido por el a quo, no ha sido desacertado al estimar que el valor real del inmueble el 13 de septiembre de 1988, suponiéndolo terminado y con las fallas estructurales que mostraba, era de $ 45.836.229...”.

Demanda de casación

Cargo único

Con respaldo en la causal primera de casación consagrada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, denúnciase la sentencia acusada de ser directamente violatoria “por falta de aplicación (debido a errónea interpretación)” del artículo 964 del Código Civil, “en cuanto éste dispone que con respecto a frutos percibidos después de la contestación de la demanda, el poseedor de buena fe “estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores”, según las cuales “... es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder... Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción...”. Agregan los recurrentes, que “Así como las cosas parece para el dueño (...) producen para él (...), según los artículos 669, 713 y 964 citado del Código Civil, que fueron desconocidos en la sentencia, así como el 58 y el 333 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo del cargo los recurrentes sientan como premisas, sobre las que discurren, que toda decisión judicial es un acto cultural en que “el juez vierte lo que sabe del derecho, del hombre, de la sociedad en que vive y de la vida cultural”; que “las reglas de la experiencia son conocimientos culturales necesarios para legislar, para interpretar la ley y los contratos y para apreciar las pruebas racionalmente....” y que “la naturaleza enseña al hombre que —ella, agrega la Corte— no rinde lo suficiente si éste no le colabora, con medianas (...) inteligencia y actividad, en lo cual se basa el artículo 964 del Código Civil para hacer al poseedor responsable de los frutos no producidos por la cosa reivindicada...”. Con tal base precisan, que “no importa, pues, si espontáneamente el bien produjo frutos o no, sino si pudo producirlo con medianas inteligencia y actividad, que exigen también los artículos 58 y 333 de la Constitución Nacional, en cuanto no admiten bienes ociosos, porque el derecho moderno rechaza una forma pasiva de abuso del derecho, consistente en dejar que los bienes produzcan solo un lucro espontáneo, a costa de la inversión social ajena: del Estado, de los particulares, de las necesidades ajenas (...). Así, estas normas de la Constitución también salen violadas, porque el tribunal desconoció que imponen al hombre el deber de colaborar a la naturaleza y a la sociedad”.

Por último, los impugnantes, a vuelta de insistir en que la sentencia contradice las bases culturales de las normas citadas como infringidas, terminan pidiendo que se case la sentencia del tribunal y que se condene “a los demandados a pagar a los demandantes los frutos que el inmueble hubiera podido producir en poder de los demandantes, desde la notificación de la admisión de la demanda, con medianas inteligencia y actividad, mediante pruebas en instancia, que se sirva decretar la H. Corte, según lo juzgue necesario”.

Consideraciones

1. En el entendido que lo que los recurrentes aducen es la plena aplicabilidad del artículo 964 del Código Civil al presente caso, porque cuando esta norma señala que para la restitución de frutos estos son “...no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder...”, es decir, que hay que comprender que ellos se imponen sin consideración a la aptitud física o material del bien para producirlos, es lo cierto que el argumento no resiste el menor análisis, pues justamente el referido precepto parte del supuesto de que el dueño los haya “podido percibir”, proposición a la cual evidentemente se opone la imposibilidad física que, en forma permanente o transitoria, haya hecho la cosa infructífera, situación en la que, de otro lado, se hallaría igualmente el demandante de haberla tenido en su poder, y que al haber resultado plenamente acreditada en el sub lite según la ponderación que de los hechos hizo el ad quem, condujo a la desestimación del pago de frutos a los actores.

2. Es que, como se destacó al hacer la síntesis del fallo combatido, el tribunal, para desestimar el reconocimiento de frutos en favor de los demandantes y a cargo de los demandados, consideró que no había lugar a ello “por cuanto se está demostrado que el inmueble no se halla en condiciones de producir frutos civiles debido a las fallas estructurales que presenta...”, conclusión fáctica que debe estimarse compartida por los recurrentes, como quiera que el ataque por ellos propuesto lo fue por violación directa de la ley sustancial.

3. Ahora bien, si como atrás se indicó, el artículo 964 del Código Civil no consagra la causación de frutos al margen o con desconocimiento de la aptitud física del respectivo bien para producirlos, la aplicación del precepto implica, según, claro está, las circunstancias de cada caso particular, tener en cuenta para el reconocimiento de los mismos, que para su dueño o para quien detenta la cosa, haya sido posible obtenerlos.

4. En tal orden de ideas, propio es ver, entonces, que en el asunto que se analiza, de un lado, se impone a la Corte, cual lo dedujo el ad quem, aceptar que el inmueble aquí disputado, por las deficiencias estructurales que presenta, no está posibilitado para producir frutos, aserto que al no ser cuestionado en casación no puede ser alterado ni ignorado por la Sala, y, de otro, que, por tanto, incluso de aplicarse en este caso el citado artículo 964 del Código Civil, como lo reclaman los impugnantes, habría que concluir, de todas maneras, por razón de la referida imposibilidad y del comentado alcance del precepto, que no se generaron frutos, lo que al paso traduce, también en este supuesto, el acierto de la desestimación que en relación con dicho aspecto hizo el juzgador de segundo grado.

5. Desde luego que cayendo en desgracia la acusación por las razones comentadas, inane es considerar la supuesta infracción de los otros preceptos que el cargo cita como quebrantados, orientada en la misma dirección.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia de 25 de julio de 1996 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.

Costas del recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, remítase el expediente al tribunal de origen.

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