Auto 6371 de 29 de septiembre de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA DE CASACIÓN LABORAL

INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN

SENTENCIAS QUE ORDENAN O NIEGAN EL REINTEGRO

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Méndez Arango

Radicación: 6371

Santafé de Bogotá D. C., veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Para que le fuera concedido el recurso de casación contra la sentencia de 26 de marzo de 1993, que el Tribunal Superior de Tunja le negó por auto del 16 de julio siguiente, Gaseosas Boyacá, S.A., recurrió de hecho ante la Corte.

La sentencia que pretende impugnarse en casación condenó a la recurrente de hecho a reintegrar al demandante Vidal Alfonso Montaña Talero a su empleo como chofer vendedor, que junto con el reclamo del pago de los salarios dejados de recibir fue la pretensión principal de la demanda inicial, en la que subsidiariamente pidió el pago de la indemnización prevista en la cláusula 46 de la convención colectiva de trabajo y la “pensión sanción” prevista en el inciso segundo del artículo 37 de la Ley 50 de 1990 al cumplir los 50 años, por haber sido injustamente despedido después de haber laborado por espacio superior a 15 años, y a que se continuara cotizando por el patrono exclusivamente para el Instituto de Seguros Sociales en caso de que él no contara con el número mínimo de cotizaciones para gozar del derecho a la pensión de vejez.

El Tribunal, no obstante que ordenó practicar un dictamen pericial en el cual el experto designado al efecto conceptuó finalmente que el interés de la demandada para recurrir en casación superaría la cantidad de $ 60.000.000, no tomó en consideración el justiprecio pericial y negó el recurso con la consideración de que el interés que en este caso tenía la parte resultaba del cómputo objetivo del valor de los salarios dejados de devengar por el trabajador cuyo reintegro se dispuso, valor concretado en la cantidad de $ 2.265.600, inferior al actualmente exigido en la ley. Esta decisión la basó el Tribunal en el criterio reiterado por ambas Secciones de la Sala Laboral de la Corte, según el cual y reproduciendo lo textualmente transcrito en el auto de 6 de agosto de 1993, “...ha de tenerse en cuenta que la evaluación del interés jurídico que le corresponde al demandado, única y exclusivamente puede comprender las condenas que expresamente le hayan sido aplicadas y que son determinadas o determinables en dinero, es decir, cuantificables pecuniariamente y no otras supuestas o hipotéticas que crea encontrar en la sentencia contra la que intenta acudir en casación” (folio 38).

Para resolver, se considera:

En efecto y como con acierto lo anota el Tribunal de Tunja en el auto por medio del cual mantuvo su negativa a conceder el recurso de casación, el criterio jurisprudencial sostenido por ambas Secciones de la Sala de Casación Laboral es el que plasma el fragmento reproducido en el auto de 6 de agosto pasado. Con este enfoque nada diferente a lo allí expresado podría decirse para declarar bien denegado el recurso extraordinario.

Sin embargo, ocurre que en los últimos tiempos se conocieron decisiones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en las que al evaluar el interés para recurrir en procesos en los cuales se ventilaban acciones de reintegro, se llegaba a la paradójica conclusión de que las pretensiones principales, ordinariamente la solicitud de reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir, no alcanzaban la cuantía que permitiera conceder la casación; pero que el cómputo de las pretensiones subsidiarias sí permitían concederlo, y con este fundamento le otorgaban a la parte el recurso extraordinario.

Esta singular situación llevó a considerar que el criterio que hasta ahora se había tenido para determinar el interés para recurrir contra sentencias que ordenaban o negaban el reintegro, según fuera la parte interesada en hacer valer la impugnación ante la Corte, podía no cobijar algunas situaciones que en la práctica se presentan, por no mostrarse razonable que un litigante promoviera un proceso en el que su principal pretensión económicamente tuviera menor significación para él que lo pedido de modo subsidiario.

Esta paradójica situación obligó a pensar que lo más razonable es entender que como cuestión principal se reclamara lo de mayor significación económica para el accionante y solamente al no conseguir esto que más le importaba, se resignara éste a suplir su reintegro por algo que desde luego tendría que tener un menor valor. Comprender las cosas de otra manera sería suponer, contra toda razón práctica, que el actor en un proceso realmente no sabe lo que quiere y que pide lo que menos vale como principal para que en subsidio le concedan un bien de mayor valor. E igualmente, que los demandados están más dispuestos a conceder el reintegro que lo subsidiariamente pedido, pasando por alto toda la experiencia que muestra precisamente lo contrario: que muchas veces el demandado condenado a un reintrego se vale del recurso de casación no para que se le deje absuelto sino para que no se conceda el reintegro al trabajador.

El problema vendría a ser entonces determinar a cuanto ascendería en cada caso el derecho al reintegro como bien jurídico con significación económica que tiene un por sí valor, diferente al de la indemnización equivalente al monto de los salarios dejados de percibir. La respuesta más práctica a este problema, y a la incertidumbre que podría resultar de considerar que la evaluación del interés jurídico se estaría haciendo no sobre los salarios que como consecuencia del reintegro ordenado deban pagarse al trabajador, liquidados ellos por el tiempo que haya transcurrido entre la fecha del despido y la de la sentencia de segunda instancia —que era la regla que se utilizaba para determinar el interés en estos casos de reintegro del trabajador— sino sobre condenas “supuestas o hipotéticas”, es el de entender que siempre, y aparte del valor de los salarios, el derecho al reintegro por sí mismo tiene un valor que necesariamente por lo menos será el equivalente al de las pretensiones subsidiarias; súplicas estas que son fácilmente determinables por el propio juez, o que, si el asunto muestra alguna complejidad, será siempre posible justipreciar pericialmente, conforme ocurre, por ejemplo, con el valor de las condenas futuras correspondientes a las pensiones de jubilación vitalicias, que como es sabido se determinan tomando en consideración la expectativa de vida del pensionado o aspirante a pensión.

Este criterio que ahora se expresa, además de razonable —así por lo menos lo piensa ahora la Sala Plena de Casación Laboral—, elimina cualquier incertidumbre y evita la objeción de que se pretenda justificar el interés para recurrir sobre pretensiones o condenas no valorables pecuniaria-mente sino sobre meras suposiciones o hipótesis no cuantificables.

Lo anterior no significa que pueda acumularse el valor de las pretensiones principales al correspondiente a las súplicas subsidiarias. Esta suma no es jamás procedente. Lo que aquí se afirma es que resulta imperativo considerar que las peticiones que en forma principal contiene una demanda siempre tendrán un valor y una significación económica superiores a las que se reclaman subsidiariamente, motivo por el cual éstas se solicitan sólo de manera supletoria. Por ello, si las pretensiones subsidiarias alcanzan el interés suficiente para acudir en casación, necesariamente las principales también lo tendrán.

Para el caso concreto que se estudia, encuentra la Sala Plena de Casación Laboral que entre lo demandado subsidiariamente aparece la petición de una pensión del jubilación vitalicia desde cuando el actor cumpla los 50 años de edad; así que prolongándose esta obligación de ejecución sucesiva por todo el lapso de la vida probable del demandante, salta a la vista que por ese solo factor habría interés suficiente en el recurso extraordinario.

No es más lo que debe decirse para conceder el recurso que el Tribunal denegó con fundamento en el criterio jurisprudencial que en esta oportunidad se unifica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. CONCEDER el recurso de casación interpuesto por Gaseosas Boyacá, S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 26 de marzo de 1993, en el proceso que le sigue Vidal Alfonso Montaña Talero.

2. COMUNÍQUESE por la Secretaría esta decisión al inferior para que envíe el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Manuel Enrique Daza Álvarez—Ernesto Jiménez Díaz—Rafael Méndez Arango—Jorge Iván Palacio Palacio—Hugo Suescún Pujols—Ramón Zúñiga Valverde. 

Javier Antonio Fernández Sierra, Secretario.

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