Auto 6419 de septiembre 5 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PARTE CIVIL

LEGITIMACIÓN

EXTRACTOS: «Es verdad que la Corte ha dicho que la constitución de parte civil corresponde a “quienes en forma directa o inmediata se les irroga el perjuicio o a sus herederos'''', pero de ahí no puede inferirse que el apoderado dentro de un proceso nunca sufre un daño efectivo y real por el prevaricato de un funcionario, pues es darle a la jurisprudencia un alcance que realmente no tiene.

Si, por ejemplo, el pago de los honorarios depende de que se logre la cancelación de una obligación, o se pacta la entrega de una parte de los bienes que sean adjudicados en una sucesión, etc., no hay duda de que el apoderado adquiere un interés económico directo y personal en el éxito de la gestión, de manera que la conducta ilícita del funcionario que lesiona ese interés le causa perjuicios materiales de manera inmediata. En este tipo de contratación el abogado se vincula con su cliente en la empresa común de obtener un reconocimiento judicial que los beneficia a los dos, de modo que el actuar del juez manifiestamente contrario a la ley, les causa simultáneamente daño directo, en igual o diferente proporción, pero cada uno tiene su propia legitimidad para demandar.

Desde luego que el abogado que pretenda constituirse en parte civil debe presentar pruebas de la personería para hacerlo, es decir, aportar elementos de convicción que le permitan al fallador llegar a la conclusión de que es un perjudicado de manera directa. No basta su simple afirmación, pues si su interés surge de un contrato de prestación de servicios profesionales, éste debe ser allegado al expediente, o probarse debidamente por los medios pertinentes».

(Auto de septiembre 5 de 1991. Radicación 6419. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

______________________________________