Auto 6500 de julio 1º de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DEMANDA DE CASACIÓN CIVIL

NO REQUIERE PRESENTACIÓN PERSONAL

EXTRACTOS: «1. El artículo 140 numeral 5º del C. del P.C. erige en motivo de nulidad del proceso adelantarlo “...después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida”. A su turno, el artículo 168 numeral 2º ejusdem consagra como causa de interrupción del mismo la “...muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes...”.

El apoderado judicial de la parte demandante reclama la declaración de nulidad de lo actuado a partir del momento en que se vio afectado por un padecimiento grave, pues tal acontecimiento generó la interrupción del proceso, razón por la que no podía válidamente proseguirse su tramitación.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 168 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil , no toda dolencia que aqueje al apoderado judicial de alguna de las partes tiene virtualidad suficiente para propiciar la interrupción del proceso, pues para tal propósito es menester que su padecimiento revista caracteres de gravedad, en cuanto lo coloque en imposibilidad de “...realizar aquellos actos de conducta atinentes a la realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí sola o con el aporte o colaboración de otro” (CSJ, auto de 26 de abr. de 1991).

De conformidad con lo expuesto, la causa de nulidad en comentario se perfila en tanto se reúnan las siguientes condiciones: a) Que la enfermedad sea “grave”, es decir, que imposibilite al apoderado para realizar la gestión por sí mismo, b) que esa actividad no se pueda cumplir “con el aporte o la colaboración de otro”, como lo indica el antecedente citado, y c) que la solicitud se formule dentro de los cinco días siguientes a aquel en que recuperó la capacidad para actuar.

2. Con el propósito de demostrar la dolencia padecida y sus consecuencias, el incidentista arrimó la orden médica expedida el 20 de abril de 1997, mediante la cual se le incapacitó por un período de (8) días a partir de su fecha y se le ordenó guardar reposo absoluto. (...) Dando por demostrado con apoyo en lo expresado por el galeno y los señores ... y ... que efectivamente el abogado ... sufrió un quebranto de salud que lo obligó a permanecer en su residencia, guardando absoluto reposo, entre los días 20 y 27 de abril de 1997, período durante el cual se le incapacitó, a tal padecimiento no se le pueden atribuir efectos interruptivos del proceso, pues no encaja en lo que jurídicamente se ha entendido como “enfermedad grave”.

En efecto, aunque es evidente que la prescripción médica llevó al peticionario a permanecer en su residencia y guardar reposo absoluto, pues en opinión de aquel “una bronconeumonía exige guardar cama, sobre todo en clima frío cambiante como es el clima de Bogotá...” también lo es que la prohibición de movilizarse de un sitio a otro no le impedía encauzar su actividad en orden a atender los requerimientos inherentes al mandato conferido, aun con el concurso de otra persona, pues tenía la posibilidad de hacer llegar a la corporación, por cualquier medio, la demanda de casación que dijo tener elaborada cuando sufrió el quebranto de salud, junto con el expediente, por cuanto para ello no requería de “secretaria-dependiente en legal forma”, como manifestó, ni debía hacer presentación personal de la demanda, o atender exigencia distinta que reclamara su comparecencia personal en la Secretaría de la Corte. Bastaba, entonces, la remisión del expediente y de la demanda a la Secretaría de la Corte, por intermedio de cualquier persona responsable, sin calificación especial alguna, pero bajo su responsabilidad, porque lo cierto es que ninguna norma exige que la demanda de casación sea presentada personalmente.

Según lo preceptúa el inciso 2º del artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, los memoriales que deben ser presentados personalmente son aquellos para los cuales la ley expresamente consagra esa exigencia, “la requieran”, dice textualmente la norma. De manera que en este punto el código acude a la técnica de la especificidad o taxatividad, descartando por consiguiente la integración analógica como mecanismo para definir si el memorial o escrito debe ser presentado personalmente.

Siendo así las cosas, como en efecto lo son, no se ve el motivo justificatorio de la omisión en que ocurrió el incidentista, porque como ya se dijo, ninguna norma establece expresamente la exigencia de la presentación personal de la demanda de casación.

En todo caso no la trae el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, que al reglamentar el trámite del recurso de casación, se limita a señalar que el recurrente puede “remitir la demanda a la Corte desde el lugar de su residencia”, pero sin consagrar la exigencia de la presentación personal por la que se viene averiguando. Tampoco lo hace el artículo 107, porque como ya se indicó, la presentación personal a la cual este artículo se refiere (inc. 2º), la hace en relación con los memoriales o escritos que “la requieran”, o sea, respecto de los cuales haya norma que expresamente haya señalado dicha condición. Por último, tampoco se puede acudir a la analogía legis del artículo 84, no sólo porque la vigencia del principio de la taxatividad se opone a ella, sino porque allí se regula situación distinta, cual es la presentación de la demanda con la cual se inicia “todo proceso”, si se tiene en cuenta que dicho artículo consagra requisitos adicionales a los previstos por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo expuesto por el numeral 12 del mismo.

En otras palabras, el artículo 84 está referido al memorial que incoa materialmente la acción, sin duda muy distinto al que sustenta la casación, llamado “demanda” por el Código de Procedimiento Civil, artículos 373 y 374, pero que como bien se sabe es un recurso extraordinario al interior del proceso y como otra fase más de su desarrollo, por cuanto su procedencia depende, entre otros requisitos, que su interposición ocurra antes de la ejecutoria de la sentencia del Tribunal o del juzgado de circuito tratándose de la casación per saltum (art. 369 del CPC.). Por consiguiente, su incorporación al expediente no precisa de la presentación personal como equivocadamente lo entendía al incidentista, pues de esta exigirse, como se ha explicado, significaría establecer caprichosamente una formalidad carente de norma consagratoria, y por ende sin sentido, más cuando quien tiene la carga de presentarla es un apoderado que venía actuando en el proceso, hasta el punto de tener en sus manos el expediente entregado por la secretaría.

Otro es el caso y por supuesto la solución, cuando la demanda de casación es el primer acto procesal que realiza el apoderado (abogado), porque esta circunstancia implica al tenor de lo preceptuado por el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 22 del Decreto 196 de 1971, la exhibición de la “tarjeta profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente”, agregando el texto legal en cita, que “sin el cumplimiento de esta formalidad no se dará curso a la solicitud”. Desde luego que esta norma se orienta por teleología diversa a la del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, porque mientras que en ésta la presentación personal conlleva la autenticación del documento otorgándole certeza a la autoría, en la otra la exhibición de la tarjeta profesional tiene como objetivo la demostración de una calidad, la de abogado inscrito, que permite postular en nombre ajeno (art. 63 del CPC). Claro está, y no sobra reiterarlo, que la situación del abogado incidentista es completamente diferente, por cuanto su actuación en el proceso viene de antes, como que ha sido apoderado de la parte recurrente en casación desde el trámite de las instancias.

Como corolario de lo expuesto fluye que la dolencia padecida por el incidentista no puede servir de estribo al motivo de interrupción del proceso que viene considerándose, porque como se explicó, éste se origina únicamente en el evento de la enfermedad que “...imposibilita a la parte o al apoderado en su caso, no sólo la movilización de un lugar a otro, sino que le resta oportunidad para superar lo que a él personalmente le corresponde...” (auto de 26 de abril de 1991).

En armonía con lo anterior, la solicitud de nulidad no está llamada a prosperar».

(Auto de julio 1º de 1997. Expediente 6500. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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