Auto 6610 de junio 3 de 1992 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN SEGUNDA

SUSPENSIÓN PROVISIONAL

NO SE APLICA A LA DESTITUCIÓN DE EMPLEADOS

EXTRACTOS: «El artículo 238 de la Constitución Nacional dispone que “La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de lo actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

De este precepto se desprende que la finalidad de la institución de la suspensión provisional consagrada legalmente en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo es la inaplicabilidad temporal del acto, es decir, impedir que un acto flagrantemente violatorio de la ley continúe surtiendo efectos en el tiempo y evitar que se cause o que se prolongue un perjuicio inferido injustamente.

Ello procede entonces respecto de actos que generan efectos durante cierto tiempo, no en relación con aquellos cuyo efecto se produce de una sola vez y producido éste puede considerarse consumado o agotado.

Tratándose de un acto, que como el de retiro del servicio de un empleado, es de aplicación inmediata y sus efectos no permanecen en el tiempo, toda vez que producida la remoción se cumple ipso facto el efecto querido por el acto, no es posible dar aplicación a la figura de la suspensión provisional, por cuanto no existe objeto sobre el que pudiera recaer tal medida; sería inane declarar suspendidos los efectos de un acto ya consumado, pues el perjuicio que con él se infirió ya se causó y sólo podría cesar con la expedición de un nuevo acto que colocara al interesado nuevamente en la situación anterior y ello únicamente puede hacerse a través de una orden de restablecimiento del derecho que no es propia de una decisión cautelar.

En estos casos, causado el perjuicio, sólo es susceptible de resarcirse con la sentencia, en la medida en que ésta, además de anular el acto, ordena el reintegro al cargo y la ficción de la continuidad en el servicio, durante todo el tiempo que el afectado injustamente permaneció fuera de él, así como el pago de los emolumentos dejados de percibir. La medida provisional que está limitada exclusivamente a la suspensión del acto, no lograría la finalidad de la institución, porque cualquier decisión que vaya más allá constituiría un pronunciamiento de fondo, excediendo el carácter de la medida cautelar.

Por otra parte, en el evento de que se ordenara la suspensión y el proceso no concluyera con sentencia condenatoria, se favorecería a quien no le fue conculcado derecho alguno, colocándolo en una situación de privilegio, al restablecérsele su derecho sub judice por todo el tiempo que dure el proceso; es decir, que el demandante lograría con la suspensión lo que al final no podría obtener mediante sentencia».

(Auto de junio 3 de 1992. Expediente 6610. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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