SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PROCESOS EN QUE ES PARTE UN FUNCIONARIO CONSULAR

SU COMPETENCIA NO CORRESPONDE A LA CORTE SUPREMA

Ref: Exp. 6774

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Ante la declinatoria de competencia de la cual da cuenta el auto de fecha tres (3) de julio del año en curso, decisión esta mediante la cual el juzgado tercero civil municipal de Cartagena se abstuvo de asumir el conocimiento de la demanda que contra la sociedad Inversiones Herrera Téllez SCS, entabló el Cónsul General de la República de Venezuela en esa ciudad, disponiendo igualmente el envío de la actuación a la Corte apoyándose en los artículos 235, numeral 5º, de la Constitución Nacional y 25, Numeral 5º, del Código de Procedimiento Civil, corresponde darle aplicación al artículo 148 de esta última codificación y para tal fin son pertinentes las siguientes.

Consideraciones:

1. Una primera observación por hacer, referente a un punto que sin duda cobra especial relevancia en el caso presente y que al parecer, por razones que se desconocen, no lo tuvo en cuenta el juzgado remiso, es que las funciones consulares son distintas de las funciones diplomáticas, toda vez que por principio las primeras no envuelven la representación del Estado que envía el personal consular.

En efecto, de la cuidadosa lectura de la convención de viena sobre relaciones consulares, firmada en abril de 1963 y aprobada por la Ley 17 de 1971, sin mayor dificultad se deduce que dichas relaciones se encuentran vinculadas al establecimiento de nexos pacíficos entre los estados y, en estricto rigor técnico, se caracterizan por la presencia en el territorio del Estado receptor de uno o varios órganos que se denominan “oficinas consulares”, llamados a realizar en ese territorio y dentro de sus respectivas circunscripciones, las tareas que en su artículo 5º indica aquella convención. Así, pues, surgida de las necesidades del comercio entre los pueblos, la institución consular es una de las más antiguas que se ocupa de reglamentar el ordenamiento internacional y en la actualidad, valga apuntarlo con miras a evitar lamentables confusiones por el estilo de la que estos autos ponen de manifiesto, esa preponderancia inicial de las funciones comerciales de los agentes consulares, ha cedido el paso a atribuciones de otra índole en el ámbito de la cooperación internacional, centradas fundamentalmente en la asistencia en la esfera del derecho privado a los nacionales del Estado enviante.

2. Entendidas de este modo las cosas, debe concluirse entonces que aún cuando es lo cierto que existe alguna semejanza entre las funciones diplomáticas y las consulares, las diferencias abundan y por eso, aquellos que de las primeras se predica no es aplicable en forma automática a las segundas. En términos generales, los actos que los diplomáticos ejecutan tiene eficacia en el plano del derecho internacional público, mientras que según acaba de verse, el contenido de la actividad consular tiene carácter interno en el sentido de que ella está destinada, por su naturaleza, a operar jurídicamente en el ordenamiento del Estado enviante, en el del Estado receptor o en ambos, de donde se sigue que “...Los Estados que mantienen entre ellos relaciones consulares, no mantienen forzosamente relaciones diplomáticas, y las relaciones consulares pueden existir aunque uno de esos Estados no haya reconocido al otro...” (C. A., Collard Instituciones .., cap II, Cap 2º num 243); el contraste entre ambos estatutos es ostensible y se aplica por el hecho de que el de los diplomáticos concierne estrechamente a las relaciones entre los Estados, lo que no ocurre con el de los cónsules, y es en atención a esta diversidad sustancial que se tiene por sabido, a manera de axiomático principio, que las llamadas “inmunidades consulares”, en particular la inmunidad de jurisdicción que consagra el artículo 43 de la convención de viena, son muy inferiores en su configuración y alcance a aquellas de que gozan los diplomáticos con arreglo también al derecho internacional, regla que al tenor del artículo 17 del mismo instrumento, no pierde vigencia ni aun en el evento en que los funcionarios consulares se encuentran autorizados para realizar “actos diplomáticos”.

3. La consecuencia que por simple lógica se desprende de todo cuanto queda expuesto en los párrafos precedentes, es que la norma de excepción que establece el artículo 235, numeral 5º, de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 25, numeral 5º, del Código de Procedimiento Civil, en tanto le atribuye competencia funcional privativa a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para conocer, “en los casos previstos por el Derecho Internacional”, de los procesos contencioso en que sea parte un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la república, no pueda hacerse extensiva a actuaciones de la misma naturaleza en que intervengan funcionarios consulares. Lo cierto es que en la interpretación de los preceptos recién citados, tomando en consideración desde luego el carácter limitativo de la prerrogativa exorbitante que consagran, tiene por fuerza que prevalecer la restricción literal como criterio rector adecuado, y si esto se suma que el “status consular” de suyo y con arreglo a acuerdos internacionales vinculantes para Colombia, no otorga iguales privilegios a los que disfrutan los diplomáticos, inevitable resulta concluir que la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, declarándose incompetente para asumir el conocimiento de la demanda en referencia, no tiene fundamento ninguno y, por lo tanto, se dispondrá la inmediata devolución del expediente a dicha oficina para que prosiga el trámite del proceso de acuerdo con la ley.

DECISIÓN

En mérito de las razones expuestas, por cuanto no se trata de un asunto de los que de manera privativa le es atribuida competencia a la Corte Suprema de Justicia por el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, no hay lugar a asumir el conocimiento del presente proceso.

En consecuencia, una vez adquiera firmeza esta providencia y en los términos que señala el artículo 148, Inciso 3º, del mismo código, remítase el expediente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena. Líbrese por secretaría el oficio correspondiente. Notifíquese.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss 

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