Auto 680-99 de diciembre 1º de 2005 

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

PROSPERIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Efectos sobre los actos administrativos de cumplimiento de la sentencia infirmada.

EXTRACTOS: «El apoderado judicial de las Empresas Públicas de Medellín, ESP, solicita aclaración y/o adición de la sentencia de 21 de abril de 2005, proferida por esta subsección dentro del recurso extraordinario de revisión propuesto por esa misma entidad contra el fallo de 16 de agosto de 1996 emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Afirmó el memorialista que, en obedecimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, su representada viene cancelando al señor Libardo Gallego Restrepo “... las sumas que dejaron de pagarle desde la expedición de los actos que han sido declarados nulos”. Por lo tanto, se le viene pagando la totalidad de la pensión de jubilación en la forma ordenada en el fallo que ahora se infirma por esta subsección, según resoluciones 273 de noviembre 14 de 1996 y 282 de diciembre 2 de 1996, expedidas por la División de Gestión Humana de las EPM ESP, por las cuales se acata la decisión judicial y se reconoce, y paga la suma de $13''353.008,29 por sumas adeudadas y actualización.

Dice que la sentencia de revisión no dispuso lo necesario para reestablecer la situación al estado anterior, esto es, ordenar que cesen todos los efectos de la providencia que se revoca, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa respecto de la persona que recibe un beneficio sin tener derecho a ello, lo cual fundamenta en lo dispuesto en el artículo 384 —inciso 3º— del Código de Procedimiento Civil.

Como consecuencia solicita:

1. Que se deje sin efectos las resoluciones 273 y 282 de noviembre 14 y diciembre 2 de 1996 expedidas en su orden por el Departamento de personal y la división de gestión humana de las EPM, por medio de las cuales se liquida y cumple la sentencia que se infirma.

2. Que se ordene al señor Libardo de J. Gallego Restrepo reintegrar todas las sumas que le fueron pagadas en cumplimiento del fallo de 16 de agosto de 1996.

3. Que las sumas que se ordenan reintegrar se actualicen conforme al ordenamiento jurídico.

Para resolver se CONSIDERA:

Como la solicitud anterior es formulada dentro del término previsto en la ley, es procedente entrar a examinarla. [...].

Ciertamente cuando prospera un recurso de naturaleza extraordinaria, como en este caso el de revisión (CCA, art. 185), el juez que conoce del medio excepcional de impugnación, además de infirmar la sentencia objeto de reproche, entra a examinar de fondo la situación planteada en la demanda y, como consecuencia, a dictar la sentencia que corresponda.

En el caso examinado, esta subsección encontró probada la causal de revisión prevista en el numeral 4 (1) del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y como consecuencia procedió a dejar sin efecto alguno la sentencia de 16 de agosto de 1996 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Como se trataba de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, al no encontrar válidos los argumentos allí expuestos —por no tener fundamento legal alguno o carecer precisamente de ellos—, esta subsección resolvió negar las súplicas de la demanda, como conclusión lógica de ese debate judicial, pues no había lugar a pronunciamiento adicional alguno, en tanto no se estaba juzgando la legalidad de las resoluciones 273 y 282 de 1996.

No obstante considera esta Sala, que si bien la entidad accionada —ahora recurrente en revisión extraordinaria— para darle cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia expidió unos actos administrativos (Res. 273 de nov. 14/96 y 282 de dic. 2/96) que gozan de la presunción de legalidad, se tiene que, por efectos de la sentencia de 21 de abril de 2005 de esta corporación, tales decisiones perdieron fuerza ejecutoria, esto es, que frente a tales resoluciones administrativas operó la figura del decaimiento del acto (CCA, art. 66-2), por haber desaparecido precisamente el supuesto de derecho en que se fundamentaban, como lo era la sentencia de 16 de agosto de 1996.

En esas condiciones resulta aplicable, por no ser contrario a la normatividad que gobierna el recurso extraordinario de revisión en materia contencioso administrativa (CCA, arts. 185-193) y en virtud del artículo 267 ibídem, lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, que es del siguiente tenor:

“(...) En la sentencia que invalide la revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. (...)”.

Obsérvese que la disposición anterior permite al juez de conocimiento, en caso de invalidarse la sentencia objeto de revisión, adoptar ciertas medidas que resulten congruentes con su determinación, esto es, referirse en concreto sobre las demás situaciones que se causan como consecuencia del fallo de revisión.

Como las Empresas Públicas de Medellín ESP, en acatamiento al fallo de 16 de agosto de 1996, profirió las resoluciones 273 de noviembre 14 y 282 de diciembre 2 de 1996, expedidas en su orden por el Departamento de personal y por la división de gestión humana, estima esta Sala necesario dejar sin efectos tales resoluciones con fundamento en lo previsto en los artículos 66, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo y 384, inc. 3º, del Código Procedimiento Civil.

En ese sentido, procede la adición de la sentencia de 21 de abril de 2005, proferida por esta subsección dentro del proceso de la referencia.

2) En cuanto al reintegro de las sumas reconocidas en virtud del citado fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, dirá esta Sala que dentro del proceso de revisión extraordinaria, así como en el inicial de nulidad y restablecimiento del derecho, no se demostró, en manera siquiera alguna, que el señor Libardo de Jesús Gallego Restrepo hubiese obrado de mala fe (arts. 83 de la C.P. y 136 num. 2º, in fine, del CCA), como para ordenarle ahora la restitución de tales valores.

Por el contrario, se advierte que el entonces demandante agotó todos los recursos necesarios, tanto en sede administrativa como en sede judicial, a fin de obtener el reconocimiento y pago de la señalada prestación social periódica, logrando tal beneficio a través de una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero —se repite— sin que obrara de manera sinuosa, es decir, que en su particular caso no está demostrado un proceder torcido.

En tal caso, no hay lugar a la devolución de suma alguna por ese concepto.

3. Como conclusión lógica de lo dispuesto anteriormente, tampoco se ordenará la indexación de tales valores.

Por lo expuesto, la Sala RESUELVE:

Adiciónase la sentencia de 21 de abril de 2005, proferida por esta subsección dentro del recurso extraordinario de revisión propuesto las Empresas Públicas de Medellín, ESP.

En consecuencia se dispone:

Déjanse sin efecto jurídico alguno las resoluciones 273 de noviembre 14 y 282 de diciembre 2 de 1996, expedidas en su orden por el Departamento de personal y por la división de gestión humana de las Empresas Públicas de Medellín ESP, por medio de las cuales se dio cumplimiento a la sentencia de 16 de agosto de 1996 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

No se procede a la adición y/o aclaración de las demás solicitudes formuladas.

Cópiese, notifíquese y, una vez ejecutoriada esta providencia, regrese el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

(Auto de 1º de diciembre de 2005. Expediente 680-99. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

(1) Dispone esa norma: "No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida”.

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