Auto 6811 de marzo 30 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA LEY 144 DE 1994

EXTRACTOS: «La Ley 617 de 2000, mediante la cual el legislador provee al fortalecimiento de la descentralización y a la racionalización del gasto público nacional, dispuso, en el capítulo V un conjunto de reglas orientado a la búsqueda y mantenimiento de la transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital.

Bajo esta perspectiva en el artículo 48 de la mencionada ley, promulgada el 9 de octubre de 2000, cuando ya se había presentado la demanda y rechazado, se reguló el proceso de pérdida de investidura de diputados, estableciendo expresamente las causales de desinvestidura, y adscribiendo la competencia para conocer y decidir dicha acción al Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento, y radicó en el Consejo de Estado la órbita de competencia atinente a la segunda instancia de los referidos procesos.

Si bien el precepto mencionado no señaló en forma expresa la ritualidad bajo la cual se adelantaría el proceso, ello no constituye óbice para acudir a los principios generales de interpretación y bajo la premisa esencial de protección del derecho de defensa, al marco legal aplicable a la misma materia tratándose de congresistas y de concejales, esto es, a la Ley 144 de 1994.

Así lo entiende esta corporación, no sólo porque corresponde a los principios que gobiernan la hermenéutica jurídica en el sistema colombiano, cuya consagración data del año de 1887, sino porque la ausencia del señalamiento explícito que echa de menos el tribunal, de ninguna manera impidió que, con antelación a la Ley 144 de 1994, el Consejo de Estado conociera y definiera diversas solicitudes de esta naturaleza.

Es evidente que la voluntad del legislador plasmada en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 está orientada a la efectividad de esta nueva acción introducida por el constituyente de 1991, como una de las herramientas pilares del interés público orientado a la moralización de la gestión pública y de las costumbres políticas, máxime tratándose de quienes han llegado a formar parte de las corporaciones públicas en virtud de los mecanismos de elección popular que sustentan el sistema democrático colombiano.

Precisamente, la protección de la confianza pública en las instituciones de representación y el interés colectivo en la puesta en marcha de acciones de saneamiento moral, hecho puesto de presente en las ponencias que sobre los proyectos 046, 030, 043, 051 y 114 de 1999, acumulados se rindieron ante la Cámara de Representantes, los que culminaron en la expedición de la Ley 617 de 2000, “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

Sobre el particular resulta ilustrativo traer a colación el aparte que sobre el punto se consignó en la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, así:

“Reglas para la transparencia de la gestión de las entidades territoriales.

En este capítulo se incorporan las reglas de inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.

Así mismo, se establecen las causales y procedimiento a través de los cuales los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales pierden su investidura.

De otro lado, el proyecto contiene, en este capítulo, las prohibiciones de los cónyuges y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de juntas administradoras locales.

Para finalizar, se prohíbe a los diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales intervenir en su propio beneficio o el de su partido o grupo político, en la asignación de cupos presupuestales, o en el manejo, dirección, o utilización de recursos del presupuesto, sin perjuicio de la iniciativa de gasto que les compete durante los debates de aprobación de los planes de desarrollo y los presupuestos de sus respectivas entidades territoriales.

Todas estas normas tienden de manera clara a determinar los límites a los cuales se encuentran sujetos los dirigentes de las entidades territoriales, de manera que existan mecanismos de control que permitan garantizar que el desarrollo de las funciones a su cargo se haga con criterios de interés general y no con fundamento en intereses particulares” (1) .

(1) Gaceta del Congreso año VII. Nº 394.

De esta manera, resulta inaceptable el rechazo de la demanda adoptado por el tribunal, toda vez que en sí misma, tal decisión equivaldría a la consagración del efecto inútil del mandato del legislador, hipótesis que no resiste análisis alguno, menos aun bajo la preceptiva de la Constitución Política de 1991, y en particular, del mandato consagrado en el artículo 299 de la Carta, a cuyo tenor,

“(...) El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda (...)”.

Recientemente, y a propósito de la definición de competencia funcional respecto de la acción de pérdida de investidura de diputados, en providencia de 17 de octubre de 2000, expediente PID-002, se señaló:

“1. La pérdida de la investidura es una figura jurídica establecida en la Constitución Política de 1991, que de acuerdo a su regulación constitucional y legal sigue el principio de ser aplicable a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular.

Así se desprende de los artículos 183 y 184 de la Constitución, en concordancia con su artículo 110 y con la Ley 144 de 1994 que la desarrolla respecto de los congresistas, y el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que establece la pérdida de investidura para los concejales, señala sus causales, asigna la competencia al tribunal y remite a la Ley 144 de 1994 en lo concerniente al procedimiento de la acción respectiva.

Así mismo, ha de ser tenida en cuenta la Ley 200 de 1995, que en su artículo 29, numeral 9º, consagra como una de las sanciones disciplinarias principales la “pérdida de la investidura para los miembros de las corporaciones públicas, de conformidad con las normas de la Constitución y la ley que la regule”.

2. Las asambleas departamentales son corporaciones públicas de elección popular, de acuerdo a lo señalado en el artículo 299 de las Constitución Política, y por tanto, sus miembros, los diputados, se encuentran sometidos a la posibilidad de ser objeto de la pérdida de investidura, esto es, son sujetos pasivos de la acción pública de pérdida de investidura”.

Y el procedimiento por el que debe rituarse el proceso debe ser el desarrollado en la Ley 144 de 1994 por ser un proceso de naturaleza especial por el que se tramitan en la actualidad las pérdidas de investidura de congresistas y de concejales».

(Auto de marzo 30 de 2001. Expediente 6811. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

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