Auto 6829 de noviembre 19 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

HABEAS CORPUS

NO HAY APELACIÓN DEL AUTO QUE LO RESUELVE

EXTRACTOS: «Sea lo primero observar que el fundamento del cual se ha valido el Tribunal de Orden Público para conceder el recurso pendiente, radica prioritariamente en una interpretación literal y facilista, que por exclusión pretende la viabilidad de la instancia cuando la decisión que se produce es denegatoria del amparo, por el solo hecho de que el Código de Procedimiento Penal actual no reprodujo la norma del artículo 422 anterior, y porque el artículo 15 ibídem no entraña restricciones para el principio de la doble instancia.

Un razonamiento tal, fácilmente se contesta recordando que en la codificación procesal penal que ahora rige sí se hace mención sobre la recurribilidad de la “decisión” que se tome con relación a la prosperidad de la solicitud, pues el artículo 462 advierte que siendo interlocutorio el auto que reconoce el éxito del pedimento, en su contra no procede recurso alguno, sin que de la hipótesis contraria (improsperidad del pedimento) pueda válidamente desprenderse la admisibilidad de la alzada, pues dentro de una interpretación teleológica emerge justamente y con diafanidad la conclusión adversa a la propuesta:

Es así como desde un punto de vista racional que consulte la naturaleza del amparo de habeas corpus, fácilmente se desprende que apuntando ese instituto a la garantía de la libertad personal “contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad que tienda a restringirlá'', su reglamentación se excepciona de los mecanismos propios de la instancia, dentro de los cuales bien podría de otro modo subsistir, precisamente para que con ajenidad a esos ritos ordinarios, halle prevalencia y efectividad inmediata la garantía que trata de ampararse.

En un enfoque sistemático, esta primera apreciación sólo halla su confirmación rotunda, partiendo de la observación misma de la regulación que de este derecho se hace dentro de un capítulo aparte e independiente de los atinentes a la libertad del procesado, y que al propio tiempo señala los funcionarios competentes, los términos y los ritos dentro de los cuales se ha de resolver la solicitud, sin que de modo expreso se otorgue la opción de la apelación interpuesta.

Es más: lejos de oponerse a la conclusión anterior, los artículos 15 y 203 del Código de Procedimiento Penal invocados por el Tribunal remitente, se refieren al principio de las dos instancias y a la operancia del recurso de apelación contra la sentencia y los autos interlocutorios “de primera instanciá'', siendo evidente que del habeas corpus no se conoce en modo alguno por esa jerarquizada, sino dentro de una competencia especial, ceñida a un amplio parámetro (CPP, art. 456), incompatible inclusive con el conocimiento de instancia, si su operancia se advierte frente a los actos arbitrarios de “cualquier autoridad que tienda a restringirlá'' (artículo 454 ibídem), lo que de modo notorio ocurre en el caso bajo controversia, donde el conocimiento del asunto era del dominio de un juez de orden público y no del Tribunal de procedencia.

Por lo demás, y advirtiendo la competencia de “cualquier juez penal” del lugar donde se encuentre el aprehendido, el artículo 456 del Código de Procedimiento Penal lejos de prever las revisiones en instancia, las torna incompatibles, como ocurriría en el evento fácilmente dable en que el convocado a desatar la instancia sea justamente el funcionario de quien provino la arbitrariedad que se pretende superar.

Por último, y destacando que a las normas del procedimiento penal se acude en esta motivación ante la no adopción como legislación permanente de las disposicones que sobre habeas corpus incorporaban los decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991, habrá de insistirse en que lejos de recibir las anteriores consideraciones rectificación en la Constitución Política vigente, su artículo 30 ratifica con la competencia de “cualquier autoridad judicial'''', que no hay supeditaciones al conocimiento ni a las revisiones propios del trámite de instancia, y con la advertencia de su operatividad en “cualquier tiempo”, que tampoco podría restringirse un funcionario a la doble obligación de respeto y cumplimiento que generan las determinaciones del superior jerárquico, pues la operancia del derecho deberá privar por encima de esos límites legales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, SE INHIBE de desatar, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto dentro del presente asunto».

(Auto de noviembre 19 de 1991. Radicación 6829. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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