Auto 6862 de mayo 4 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DESPIDOS COLECTIVOS

INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

EXTRACTOS: «En el caso de despidos colectivos, el artículo 40 del decreto 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, dispone que deberá solicitarse autorización previa al Ministerio de Trabajo, el que a su juicio en cada caso, “determinará cuándo una empresa o patrono ha efectuado un despido colectivo de trabajadores”, pero las indemnizaciones a que haya lugar por la violación de las disposiciones “se harán efectivas por la justicia del trabajo”.

A su vez, el artículo 40 del decreto 1469 de 1978 dispone que los trabajadores afectados por la determinación del empleador “se encontrarán en la situación prevista por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo” y en el 43 ibídem se consagra nuevamente la disposición, respecto de las indem-nizaciones, en el sentido indicado.

Dentro del anterior contexto normativo se deducen sin mayor esfuerzo dos aspectos de real importancia:

Contra la decisión o acto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que califica el despido proceden las acciones contencioso administrativas, cuyo conocimiento le está atribuido a esta jurisdicción, pero las consecuencias que de allí puedan derivarse en el supuesto de que los actos se declaren nulos no son de su conocimiento por disposición del precepto.

Es claro que al declararse la nulidad de aquéllos, si bien surge de manera incontrovertible y nítida el derecho a la indemnización en cuanto no produce ningún efecto el despido, cuando tales peticiones se formulan en la demanda configuran una indebida acumulación de pretensiones al tenor de lo pre-ceptuado en el artículo 82 del CPC, numeral primero, pues en tal caso el juez debe pronunciarse sobre este extremo de la litis —la procedencia de la indemnización y la aplicación del artículo 140 del CST que contempla el pago de salarios—, lo que es materia y objeto del proceso que decida sobre tal aspecto, en la jurisdicción ordinaria laboral.

Cabe agregar, que la función de la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente la de decidir —en este evento—, en cuanto a la legalidad de los actos acusados proferidos por el ministerio, pero no en relación con las pretensiones sobre restablecimiento del derecho, en cuanto se hacen provenir de la terminación de los contratos de trabajo, como bien lo advierte la colaboradora fiscal.

El artículo 2º del CPL establece que esa jurisdicción está “instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo” y no cabe duda de que la solicitud de restablecimiento se deriva en forma directa de la terminación de esos contratos, como consecuencia del conflicto surgido entre la entidad y sus trabajadores. De otro lado, los artículos 131 y 132 del CCA disponen que la jurisdicción cono-ce de los procesos de restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, por lo que cualquier pronunciamiento en relación con peticiones derivadas del mismo, —como sería el caso de las que contiene el libelo—, son ajenas a su conocimiento».

(Auto de mayo 4 de 1993. Expediente 6862. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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