Auto 688 de junio 24 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

TRANSACCIÓN

NO ESTÁ AUTORIZADA EN PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

EXTRACTOS: «La parte actora en escrito presentado el 11 de marzo de 2004, hizo llegar el acuerdo de transacción, suscrito entre el actor y el alcalde de Sincé para que se le imparta la respectiva aprobación.

En el contrato de transacción se acordó:

“1. El municipio de Sincé (Sucre), a través de acto administrativo, incluirá en su nómina de pensionados al señor Carlos Alfredo Merlano de la Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 800.041 en Barranquilla, a partir del 1º de mayo de 2004.

2. El municipio de Sincé (Sucre), estima las mesadas pensionales causadas, desde el 6 de febrero de 1998 hasta el 30 de abril de 2004, en la suma de $ 69.000.295, los cuales serán pagaderos, previa apropiación presupuestal, de conformidad al acuerdo de pago que suscriba entre las partes, una vez el honorable Consejo de Estado imparta aprobación a esta transacción.

Las partes, por lo expuesto, solicitan del honorable Consejo de Estado se imparta aprobación a este acuerdo”.

El Tribunal Administrativo de Sucre en primera instancia declaró la nulidad de las resoluciones 172 de 1998 y 603 de 199(sic) proferidas por el Alcalde de Sincé, por las cuales se negó la pensión de jubilación al actor y ordenó a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de la misma con efectos fiscales a partir del retiro.

El proceso entró al despacho para fallo de segunda instancia el 22 de noviembre de 2002.

Para resolver se considera:

De la transacción. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo que hace parte del capítulo II “de los procesos relativos a contratos y los de reparación directa” manda:

“Allanamiento de la demanda. Transacción. Cuando el demandado sea persona de derecho privado, sociedad de economía mixta o empresa industrial y comercial del Estado, podrá allanarse a la demanda en los términos de los artículos 93 y 94 del Código de Procedimiento Civil.

La Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional, las demás entidades públicas solo podrán allanarse previa autorización expresa y escrita del ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador o alcalde que las represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas.

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente la sentencia. Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción” (resalta la Sala).

En sentencia del 29 de noviembre de 1984, la Corte Suprema de Justicia, M.P. Carlos Medellín Forero, declaró exequible el precepto transcrito.

El Decreto 2304 de 1989, modificó el artículo 218 del Decreto 01 de 1984, así:

“ART. 55.—El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

ART. 218.—Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

En sentencia del 20 de junio de 1990 de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Fabio Morón Díaz, declaró inexequible el precepto transcrito, en ella se puntualizó:

“La transacción —en cambio— es un negocio jurídico de composición mediante el cual las partes, ponen fin a un litigio o evitan uno eventual, renunciando recíprocamente a pretensiones alegadas. De lo anterior resulta que le asiste razón al actor cuando afirma que la capacidad que el artículo 218 del Código Contencioso Administrativo, modificado, le reconocía a las entidades públicas para celebrar transacciones judiciales, previas las autorizaciones correspondientes, desborda los límites de lo procesal, y por tanto las atribuciones conferidas al Presidente de la República, pues el verdadero sentido de la transacción es el de ser un contrato.

Como quedó visto no puede predicarse lo mismo del allanamiento de la demanda que comporta una naturaleza sustancialmente diversa de la de la transacción y darles tratamiento semejante, como se hace en la demanda, constituye un error de valoración jurídica”.

Luego, concluye:

“Esta corporación estima que con la norma acusada lejos de respetar el fin indicado por la ley de atribuciones, el Presidente de la República impide que ese fin se logre, con lo que contraría los mandatos del artículo 118-8, en concordancia con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, y por lo tanto debe declararse su inexequibilidad”.

En sentencia del 23 de febrero de 2000 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Germán Rodríguez expediente 16.394, estableció los casos en los cuales no se puede sustituir la autoridad jurisdiccional para dirimir los conflictos, veamos:

“Cabe recordar que la jurisdicción contencioso administrativa, de estirpe constitucional (C. Pol., arts. 236 a 238), “... está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado...” (CCA, art. 82).

Fue, pues, en esta jurisdicción donde el legislador radicó en forma exclusiva, la facultad de juzgamiento de la legalidad de los actos de la administración, de donde no resulta admisible aceptar la tesis, conforme a la cual, las partes pueden disponer o transigir respecto de la legalidad de los actos administrativos, por tratarse precisamente de un aspecto en que se encuentran involucrados normas de derecho público y el ejercicio del poder público. Empero, aun en la ocurrencia de que la cláusula compromisoria llegara a contemplar tal permisión, el juez excepcional, esto es, el arbitral, tendría vedado pronunciarse sobre la legalidad del acto y de los efectos no transigibles, pues es este un aspecto en que se encuentra seriamente comprometido el orden jurídico, para cuya protección, en el caso de la actividad estatal, se halla instituida la jurisdicción contencioso administrativa, de manera exclusiva y excluyente a cualquiera otra jurisdicción o autoridad, por tratarse del ejercicio de una función del Estado que implica manifestación del poder público, el cual es ajeno a la actividad de los administrados. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la facultad de la administración para revocar sus propios actos” (resalta la Sala).

Conforme a la normatividad y jurisprudencia mencionadas, la transacción en el Código Contencioso Administrativo solo fue consagrada para los procesos relativos a contratos y de reparación directa, razón por la cual está contemplada en el capítulo II “De los procesos relativos a contratos y de reparación directa” es decir que no está autorizada para los procesos de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez, que no les es dable a las partes transigir sobre normas de derecho público, cuando se controvierten actos administrativos, caso en el cual la competencia radica de manera exclusiva en la jurisdicción contencioso administrativa, en consecuencia la Sala rechazará por improcedente la solicitud de aprobación del contrato de transacción celebrado entre el actor y el alcalde de Sincé (Sucre) y se ordenará proseguir la actuación.

RESUELVE:

Recházase por improcedente la solicitud de aprobación del contrato de transacción celebrado entre el actor y el municipio de Sincé (Sucre), representado por el alcalde.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y prosígase la actuación».

(Auto de 24 de junio de 2004. Expediente 3468-02. Consejero Ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro).

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