Auto 6917 de abril 1º de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL

EN ACTUACIONES JUDICIALES

EXTRACTOS: «La supremacía del “derecho material frente al meramente formal” que trae el artículo 228 C. N. invocado por la Delegada como legitimante de la conducta examinada, amerita algunas reflexiones y precisiones acerca de su verdadero alcance:

1. La norma en cita hace referencia a “actuaciones” judiciales no propiamente a “decisiones”, esto es, a aquellas diligencias que desarrollan los jueces en la búsqueda de la verdad, algunas de las cuales el propio legislador, las rodea de formalidades esenciales como mecanismo garantizador, sancionado su omisión con la nulidad o con la inexistencia;

2. Apunta este mandato entonces al “debido proceso” señalado por el legislador en cada caso, el cual está igualmente considerado expresamente como “derecho fundamental”, imposible de desconocerse en la actividad judicial, como suprema garantía de juzgamiento. El proceso entonces comprende una serie de actuaciones o diligencias que apuntan a lograr una persuasión racional del problema debatido para decidirlo únicamente en derecho; algunas de esas diligencias constituyen el “rito esencial” que es lo que en estricto sentido se denomina “debido proceso”. Significa esto, entonces, que cuando el constituyente establece la prevalencia del derecho sustancial lo hace respecto de las actuaciones meramente formales, pero jamás respecto del “debido proceso”, entendido éste, como el rito esencial e imprescindible, pues se repite, lo trae la Carta como derecho fundamental de vigencia inmediata (arts. 29 y 85 C. N.).

3. Ahora, si se aceptare que dentro del concepto “actuación judicial” queda comprendido el poder decisorio de los jueces, habría que admitir el absurdo de quedar sin efecto el artículo 230 ibídem donde imperativamente el constituyente dispuso que los jueces, en sus providencias, “sólo están sometidos al imperio de la ley” y es precisamente la ley la que señala la oportunidad para alegar y decretar nulidades; desconocer ese mandato en una decisión judicial, torna ésta en “manifiestamente contraria a la ley” y por lo mismo, en típica de prevaricato».

(Auto de abril 1º de 1992. Radicación 6917. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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