Auto 6918 de diciembre 11 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

LIBERTAD PROVISIONAL

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO

EXTRACTOS: «Conforme a lo dispuesto por el artículo 439-1 del Estatuto de Procedimiento Penal, al surgir la posibilidad procesal que de llegar a proferirse sentencia condenatoria, ésta pueda suspenderse condicionalmente, otorga al procesado el derecho a que en cualquier estado del proceso se le conceda la libertad provisional.

Sin embargo, este derecho está restringido por el artículo 441 ibídem,en las situaciones específicas allí contempladas, cuando se trata de delitos cuya pena privativa de la libertad sea mínimo de tres (3) años, o de las infracciones que allí se relacionan, entre los cuales se encuentra el delito de concusión.

Aunque reciente, es bien conocida en el ámbito jurídico nacional la interpretación que ha adoptado la Sala (*) para armonizar la restricción que se comenta —aplicable durante el trámite del proceso—, con el derecho que consagra el artículo 68 del Código Penal y que se efectiviza al imponer la condena, de tal manera que la prohibición del artículo 441-4 está circunscrita a la posibilidad de conceder la libertad provisional sin analizar el requisito subjetivo de la norma, esto es, sin determinar si el implicado requiere tratamiento penitenciario. De ahí que en los eventos a que se refiere el numeral cuarto de la disposición procesal en cita, sí es necesario considerar los aspectos tanto objetivos como subjetivos que sustentan el derecho a recobrar provisionalmente la libertad, ya jurídicamente limitada.

Sancionado el delito de concusión con una pena privativa de la libertad que va de los dos a los seis años, no es arriesgado afirmar que la pena a imponer en caso de sentencia condenatoria podría no superar los tres años de prisión.

No obstante lo anterior, un delito como el de concusión, por su naturaleza, por su esencia, revela en el autor la carencia de los valores morales fundamentales que permiten la convivencia en sociedad; y aún más tratándose de un funcionario a quien se le ha confiado el ejercicio de una de las facultades que derivan de la soberanía del Estado, como es la de administrar justicia, denotan la ausencia de respeto también por los principios legales, los cuales se doblegan ante los intereses económicos personales, convirtiéndo la judicatura en un objeto de comercio a disposición del mejor postor.

(*) Auto de julio 31 de 1991, extractos publicados en J. y D., Tomo XX, pág. 755. (N. del D.).

Utilizar la investidura de juez para conseguir beneficios ilícitos, revela una personalidad proclive a la infracción de la ley. Y en el caso del procesado no parece que sea una situación ocasional, pues el a-quo debió ordenar la investigación de una conducta similar cuya rectitud está en tela de juicio.

En las anteriores condiciones no es posible para la Sala atender los requerimientos del abogado impugnante, pues la ausencia de antecedentes penales y disciplinarios del sindicado no modifica las modalidades de ejecución de la conducta que ahora se le imputa, las cuales revelan que M... requiere tratamiento penitenciario, aspecto que debe considerarse en este preciso momento procesal para determinar si es o no procedente el otorgamiento del derecho a la libertad provisional».

(Auto de diciembre 11 de 1991. Radicación 6918. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manual Torres Freneda).

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