Auto 7022 de marzo 20 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

RECURSO DE CASACIÓN

SU ADMISIÓN POR ERROR NO ES SUBSANABLE

EXTRACTOS: «Observa la Corte que, presentados y admitidos los recursos por el Tribunal, el expediente por error de la oficina de correos de Ibagué, tal como lo certifica dicha entidad a folio 10 de este cuaderno, fue remitido a esta corporación sin que los interesados hubieran pagado los portes de correo obligatorios, de donde se sigue que no hay lugar a proseguir el trámite ante esta corporación, atendidas las siguientes consideraciones:

1. El derecho con que cuentan los litigantes de recurrir en casación y de obtener, en concreto la enmienda de los vicios de actividad o de juzgamiento en que incurre determinada sentencia que a la instancia le puso fin, presupone como es bien sabido el cumplimiento de un conjunto de requisitos de procedibilidad que, no obstante ponerse ellos de manifiesto en diferentes etapas del procedimiento de conformidad con el cual dicho recurso ha de surtirse, todos en realidad producen a la postre un mismo efecto sino son satisfechos del modo que exige la ley, que consiste en impedir una resolución de fondo, estimatoria o desestimatoria, de las cuestiones que el recurrente aduce para justificar su impugnación. Dicho en otras palabras, la eficacia prohibitiva que cualquiera de estos requisitos produce, es absoluta y se despliega con este carácter en todas aquellas etapas, habida cuenta que, en situaciones normales, impide que se las pueda considerar como debidamente agotadas para pasar a la que sigue hasta llegar a la fase final de decisión del recurso, mientras que si por alguna circunstancia la secuela procesal avanza y culmina no obstante la falta de alguno de los requisitos en cuestión, se hace imposible cualquier pronunciamiento de mérito.

En este orden de ideas y en cuanto toca de manera concreta con las condiciones previas que consagra la ley para la admisibilidad del recurso de casación, que sin duda constituyen una especie de los requisitos de procedibilidad a los que acaba de hacerse referencia, ha sostenido la Corte que si llegare a admitirse ilegalmente tal recurso, en guarda del postulado de doctrina según el cual lo interlocutorio no ata a lo definitivo, puede ella posteriormente apartarse de su propia decisión y abstenerse de continuar un trámite que no resulta procedente; en efecto, por muchos años y utilizando una línea argumental de evidente consistencia lógica que sólo en fecha muy reciente se puso en entredicho por un discutido fallo (Cas. Civ. sep. 20/94, sin publicar) tuvo por sentado esta corporación que cuando erradamente se declara admisible un recurso de casación “...el auto correspondiente no la obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del Tribunal y darse cuenta cabal de la índole del pleito. Ciertamente, si al entrar en el examen detenido del recurso propuesto advierte que le ha dado cabida sin fundamento legal, mal procedería atribuyéndole al auto capacidad para comprometerla en el nuevo error de asumir una competencia de que carece. Porque el auto en cuestión nunca tiene fuerza de sentencia, no cohíbe a la Corte para declarar en providencia posterior la improcedencia del recurso...” (G.J., ts. LXX, págs. 2, 107 y 850, XC, pág. 330, LXXVII, pág. 51, CXXXVIII, pág. 83, CLI pág. 38 y CLXXVI, pág. 103).

2. Llegados a este punto en el análisis, es preciso recordar que los requisitos de los que depende la vialidad procesal del recurso de casación, atendida la función específica que de acuerdo con la ley tienen reservada en las etapas sucesivas del trámite, son de distintas clases. No solamente hacen ellos referencia a la persona que puede hacer uso de este medio impugnativo de excepción y la legitimación con que ha de contar para hacer escuchar su protesta, a la naturaleza de la decisión jurisdiccional cuya información se pretende obtener, a los plazos perentorios de interposición y sustentación del recurso, a las formalidades que debe reunir el escrito en que este último acto de postulación se manifiesta y, en fin, a la índole de las materias que, en consonancia con la técnica propia de cada una de las causales previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser ventiladas en casación. También aluden aquellos requisitos a ciertas actividades complementarias o concurrentes como el pago de portes de correo que, cuando circunstancias de localización del respectivo proceso lo exigen, son de inexcusable observancia, toda vez que en su defecto y con los alcances señalados líneas atrás, el recurso se torna improcedente.

Dispone el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil que, por regla general, la remisión de expedientes a un lugar diferente debe hacerse utilizando los servicios del correo ordinario, punto en el cual dispone que: “...la parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las copias. Cuando los portes sean a cargo de varias partes, baste que una de ellas los cancele. Si pasado ese término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez declarará desierto el recurso, por auto que sólo tiene reposición...”. Siendo así las cosas el jefe de la oficina postal ante la evidencia de que en tiempo el interesado no suministró lo correspondiente a los portes de correo para el envío del expediente a la Corte cuando a ello hay lugar para el trámite de un recurso de casación ya admitido por el Tribunal y ordenado su envío, está en la imperiosa obligación de abstenerse de remitir el expediente a la Corte y de devolverlo a la oficina remitente junto con el oficio explicativo de rigor, a fin de que éste proceda a declarar la deserción del recurso de casación, que es la consecuencia desfavorable que dicho precepto establece cuando el impugnante no hace el pago oportuno de los porte de correo.

Expresándolo de otro modo, significa esto que la no satisfacción de la carga procesal en mención, en la medida en que revela un abandono de la impugnación imputable a la parte recurrente interesada en deducirla, origina un motivo de deserción que se produce por el ministerio de la ley y no por obra de una declaración judicial quedando excluida por ende cualquier actuación posterior que tomando pie en la concesión inicial de que fue objeto el recurso, signifique avanzar en un trámite que si de hecho llegare a darse, frente a esa deserción impuesta por la ley y las consecuencias que le son inherentes, resultaría irremediablemente ineficaz.

Así, pues, esas drásticas consecuencias que de la deserción son predicables y que vienen impuestas por un sistema legislado de obligatorio cumplimiento al decir del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, no desaparecen o se atenúan debido a la errónea admisión del recurso en que haya podido incurrirse por la Corte, puesto que como tantas veces ha sido necesario advertirlo, no es potestad discrecional suya infundirle nueva vida cuando este último, por voluntad del legislador a cuyo imperio están sometidas sin atenuantes todas las autoridades judiciales según lo proclama el artículo 230 de la Constitución Nacional, ha de tenerse por abandonado.

3. En el caso que ahora corresponde examinar, fluye de lo anterior que desde el mismo momento en que transcurrieron los diez días para cancelar el porte sin que tal hecho se produjera, se presentó una situación legal de deserción de los recursos de casación presentados por varios de los demandados, deserción que en modo alguno puede tenerse por subsanada con la conducta omisiva del funcionario de la oficina postal que “por error” remitió el expediente a esta corporación cuando ha debido devolverlo al Tribunal, así como tampoco por la equivocada admisión de los recursos de la cual da cuenta el auto de fecha tres (3) de febrero del año en curso.

Y como quiera que por fuerza de las razones explicadas a espacio en los apartes anteriores de estas consideraciones, es atribución de la Corte revisar la legalidad de la actuación surtida desde la interposición del recurso en orden a verificar el cumplimiento integral de todos los requisitos de que depende su procedibilidad, en esta especie no queda alternativa distinta a entender que los recursos formulados por varios de los demandados son improcedentes por haberse presentado, antes de ser admitido a trámite, una causa legal de deserción, de donde se sigue así mismo que, por evidente sustracción de materia, no es del caso decidir sobre el desistimiento presentado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, RESUELVE: ordenar la inmediata devolución del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué para lo de su competencia, en el entendido que ha cobrado ejecutoria la sentencia que para ponerle fin al proceso de la referencia, profirió la misma corporación con fecha diecinueve (19) de septiembre de 1997».

(Auto de marzo 20 de 1998. Expediente 7022. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

ACLARACIÓN DE VOTO

Por haber salvado el voto frente a decisiones como la que ahora suscribo sin reparos, considero oportuno explicar las razones que me llevan al cambio de parecer:

1. Expuse en síntesis en dichos salvamentos, que no veía procedente la declaración de deserción del recurso de casación después de quedar ejecutoriado el auto admisorio con el que la Corte calificará la demanda sustentatoria de aquél, ya se hiciese ese pronunciamiento en auto posterior o en sentencia inhibitoria a la que la deserción sirviera de apoyo, por cuanto para entonces entendía que estaba de por medio el principio de la preclusión procesal, que no lo permitía, y habida cuenta de la necesidad de que en el citado recurso extraordinario tuvieran cabida las garantías constitucionales del derecho de defensa y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, que juzgaba vulnerado para el recurrente con la medida de deserción tardía.

2. Hoy, por el contrario, además de las razones expuestas en el auto que suscribo, opino que la deserción, impuesta como medida de orden público para sancionar la conducta negligente de una parte procesal, puede y debe declararse en el momento en que la Corte lo advierta no obstante la previa admisión del recurso o la favorable calificación de la demanda que lo sustente, pues estos pronunciamientos no tienen la virtud de suprimir esa sanción legal o la de redimirla, con cuanta más razón si, por ministerio de la ley, ella genera la ejecutoria de la sentencia y conduce por añadidura al fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en cuyo respeto están sin duda interesados todos los gobernados, pues en él descansa el postulado fundamental de la seguridad jurídica que todos están interesados en mantener.

Si el fallo se torna pues en inmutable y definitivo por el acaecimiento de la deserción, es decir, por el querer del ordenamiento, mal puede argüirse que, siendo contra ley, los autos de la Corte que admiten el recurso o califican favorablemente la demanda sustentatoria de éste revivan válidamente el proceso y den pie consecuentemente para el reexamen del litigio, pares ese entendimiento de la cuestión resulta a todas luces inadmisible así la parte favorecida con la deserción o mejor con la fuerza de cosa juzgada adquirida gracias a ella por la sentencia guarde absoluto silencio respecto del impulso irregular del recurso dispuesto por la Corte y aún precluya para él la oportunidad de replicarlo, toda vez que el juez no crea derecho con desconocimiento del preexistente, y porque si de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal se trata cuando se mira como redimida la irregularidad, nada más llamado a ser motivo de honda reflexión el que precisamente se le desconozcan a la parte favorecida con los efectos de cosa juzgada alcanzados por el fallo los derechos de distinto orden que para ella representa ese suceso, esto si atentatorio de su debido proceso y de la tranquilidad que está llamada a disfrutar bajo la perspectiva de la seguridad jurídica inmanente a un pronunciamiento inmutable. La gavela ofrecida a la contraparte con la tramitación de un recurso desierto por mandato de la misma ley, no puede constituirse entonces en razón de peso suficiente, como antes lo entendí, para obligar a la Corte a decidirlo no obstante estar advertida de su error bajo el prurito de estar precluida la oportunidad procesal de una parte para disentir, pues la deserción no es fenómeno que requiera de voluntad distinta a la del legislador, como que actúa de inmediato por su sólo ministerio.

La decisión, pues, de impulsar el recurso de casación ya desierto, inclusive sin competencia para ello por razones obvias además, no ata a la Corte en el desenlace fatal de un recurso improcedente, inválido e ineficaz frente a la ley, de donde se desprende, en eso consiste justamente como lo advertí mi cambio de criterio, que esta corporación está en el deber ineludible de enmendar su error en el momento que así lo advierta, hacienda la declaración que corresponda.

Nicolás Bechara Simancas. 

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