Auto 7029 de marzo 18 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FUERO PENAL DE CONGRESISTAS

CONSAGRACIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «Dice el artículo 186 de la nueva Constitución Política que entró en vigencia el 7 de julio de 1991, fecha de su promulgación por haber sido insertado su texto en la Gaceta Constitucional Nº 114, que “de los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”. Esta norma, bien permite concluir que a partir de su vigencia, se ha consagrado un fuero integral para los congresistas, esto es, que su juzgamiento, tanto por los delitos comunes como por los de responsabilidad que cometan mientras ostenten tal calidad, es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, si el congresista pierde su investidura por una cualquiera de las causas que la misma Constitución establece, ¿conservará la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la competencia para su juzgamiento?

La respuesta a este interrogante se encuentra en el artículo 235 de la misma Constitución, que reitera la competencia de la Corte para “investigar y juzgar a los miembros del Congreso” (ordinal 3º), cuyo parágrafo único dispone que “cuando los funcionarlos antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”. Esto significa que la Corte retiene la competencia para juzgar a los congresistas que han perdido su investidura, únicamente por los delitos cometidos por ellos “que tengan relación con las funciones desempeñadas”. La competencia para conocer de los delitos que cometieron mientras eran miembros del Congreso y que no tienen nexo alguno con sus funciones oficiales, deja entonces de corresponder a la Corte y se determinará, en consecuencia, por los factores que para tal efecto señala el Código de Procedimiento Penal.

Es claro que el ilícito que se le imputa a la señora M.... es un delito común, que no guarda relación alguna con las funciones propias del cargo de Representante a la Cámara que para la época desempeñaba la denunciada, razón por la cual bien puede afirmarse que ya su conocimiento no corresponde a esta Corporación, porque la señora M...., al igual que todos los congresistas que fueron elegidos para el período 1990-1994, perdió su investidura en virtud de disposición expresa de la misma Asamblea Nacional Constituyente:

“ART. TRANS. 3º—Mientras se instala, el 1º de diciembre de 1991 el nuevo Congreso, el actual y sus comisiones entrarán en receso y no podrán ejercer ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República” (Sala).

La parte subrayada de esta disposición constitucional de carácter transitorio, no permite dudar de que a partir de su vigencia, quienes tenían la calidad de congresistas la perdieron, independientemente de que hubieran continuado devengando su asignación mensual, porque no es posible concebir que alguien conserve una investidura oficial, cuando de manera expresa se le han suprimido definitivamente todas las funciones públicas inherentes a la misma. Es importante destacar, al efecto, que la Constitución de 1991 (art. 122) reitera la prohibición que también estaba consagrada en la Carta Política de 1886 (art. 63), de que existan empleos públicos sin señalamiento de funciones: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento...”. Recuérdese, por último, que el fuero para los congresistas no se les ha otorgado propiamente en razón de su persona, sino por las trascendentales funciones públicas que la misma Constitución les atribuye.

Es pertinente advertir que el receso del Congreso que se dispuso por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la norma en comento, es un fenómeno completamente distinto del receso en que entra la rama legislativa cuando ha culminado el período de las sesiones ordinarias, pues en este interregno los congresistas sí conservan todas sus facultades públicas, tal como se deduce con toda claridad, tanto a la luz de la Constitución de 1886 como de la actual, del hecho de que el gobierno pueda convocarlos a sesiones extraordinarias para que durante el tiempo por él determinado se ocupen de manera exclusiva de los asuntos que el mismo ejecutivo les señale, como también de los cánones constitucionales que los faculta, en determinadas circunstancias, para reunirse por derecho propio si el gobierno no cumple con la obligación de convocarlos. Ninguna de estas actividades oficiales podían cumplir los miembros del Congreso elegidos para el período 1990-1994, después de que entró en vigencia el artículo 3º transitorio aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta carencia de funciones públicas, absoluta y definitiva, es la que permite a la Corte llegar a la conclusión de que inmediatamente entró a regir el artículo transitorio 3º, quienes para ese momento tenían la calidad de congresistas fueron despojados de ella y perdieron por tanto el fuero para su juzgamiento por los delitos no relacionados con las funciones oficiales que hubieran podido cometer cuando sí estaban investidos de ella.

Al desaparecer la competencia de la Corte para juzgarlo, porque el elegido perdió su investidura y se trata de un delito común que no guarda relación alguna con las funciones oficiales, su posterior elección no le devuelve la competencia a esta Sala. Esto fue lo que sucedió con la señora M...., que fue elegida Senadora de la República pero con posterioridad a la revocatoria de su mandato que dispuso la Asamblea Nacional Constituyente.

Consecuente con todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ABSTENERSE de aprehender el conocimiento de este asunto por incompetencia. Consecuencialmente, se dispone su devolución al Juzgado Primero Penal Municipal de Sogamoso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Auto de marzo 18 de 1992. Radicación 7029. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el habitual respeto por las decisiones de mayoría, nos permitimos consignar brevemente las razones de nuestro disentimiento con el pronunciamiento de la referencia:

1. El punto central de discrepancia con la decisión de la Corte radica en la interpretación que se le dio al artículo 3º transitorio de la Constitución, pues para la mayoría el Congreso elegido en 1990 cesó en el ejercicio de las funciones y por tanto, la competencia privativa de la Corte para investigar y fallar cualquier delito cometido por uno de esos congresistas, queda circunscrita respecto de hechos punibles cometidos en relación con las funciones desempeñadas. Como lo aquí investigado nada tiene que ver con la función de representante a la Cámara que tenía la procesada, carece de competencia la Corte para su Juzgamiento.

Para nosotros, en cambio, como lo dice la norma pertinente, los únicos congresistas que “cesaron en el cargo” fueron quienes habiéndose presentado a la ratificación popular no resultaron elegidos el 1º de diciembre de 1991; o lo que es lo mismo, respecto de quienes sí lo fueron, no ha habido solución de continuidad en el cargo de congresista, independientemente de la Cámara donde hoy se encuentren. En efecto, el Congreso fue elegido para un período de 4 años (1990-1994), período respetado por la propia Constitución (art. 1º, transitorio), por lo que con lógica el artículo 3º transitorio habló de “receso”, es decir, término durante el cual no se cumplen funciones pero se conserva el cargo; y como lo que ha establecido la nueva Constitución para los altos funcionarios y los congresistas es un fuero personal no funcional, se explica el por qué ese juzgamiento deba hacerse en consideración a la investidura, no a la función. Lo que protegía la función, en el caso de los congresistas, era la inmunidad que es bien distinto como se sabe al fuero personal, pero el constituyente la suprimió.

2. En la ponencia para primer debate de la plenaria en la constituyente se consignó ese pensamiento expresamente y así fue aprobado. Se dijo allí:

Inmunidad e inviolabilidad: Estas dos instituciones, creadas para garantizar la independencia del congresista al actuar, fueron analizadas para decidir si sería necesario mantenerlas o suprimirlas. Se decidió recomendar a la asamblea la supresión de la inmunidad y su sustitución por un fuero especial, igual al de los altos funcionarios del Estado, para que los miembros del Congreso solamente puedan ser detenidos por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (salvo casos de flagrante delito) y juzgados por este mismo Tribunal” (subrayas fuera de texto. G. C. Nº 79, mayo 22/9í pág. 16).

La comisión revisora únicamente introdujo cambios a la redacción original aprobada en plenaria, para quedar como aparece en el artículo 186 C. N., de donde emerge nítidamente el fuero personal referido, esto es, que mientras sea congresista solamente lo puede juzgar la Corte cualquiera que haya sido el delito cometido teniendo la investidura.

Cabe entonces recordar que lo ocurrido el 1º de diciembre de 1991, según el acuerdo político correspondiente fue una revocatoria del mandato por voluntad popular, es decir, solamente para aquellos que no obtuvieran el respaldo del pueblo; para los que presentados a esa prueba popular sí lo obtuvieron no puede decirse que se está ante un nuevo mandato, sino frente a la ratificación del mismo que ese pueblo les había otorgado en 1990 para llevar su representación ante el Congreso.

Pero aún, en el supuesto de haber sido la revocación del mandato un acto exclusivo de la constituyente, en nada se modificaría la competencia dada a la Corte para juzgar a los congresistas en consideración a la investidura.

3. Con la interpretación de la mayoría se deja sin efecto el mandato constitucional o quedaría simplemente inoperante un posible fallo de condena proferido por un juez diferente a la Corte a quien desempeñe el cargo de congresista, pues no podría ordenar ese juez su detención, ya que ésta y el juzgamiento solamente corresponden a la Corte.

La consecuencia entonces del fuero personal es muy obvia, para el alto funcionario y el congresista: del delito que cometan, mientras tengan la investidura foral conoce privativamente la Corte Suprema.

Significa lo anterior, que la expresión “cesar en el ejercicio del cargo” del parágrafo del artículo 235 C. N., solamente es aplicable a quienes al momento del juzgamiento no sean altos funcionarios del Estado o congresistas; lo que explica por lo demás, el fuero funcional que conserva el parágrafo.

Como en el caso presente la señora M.... cometió el hecho denunciado siendo congresista y sigue siéndolo en la actualidad, la Corte es su juez natural, independientemente de que el hecho tenga o no relación con la función desempeñada.

Dídimo Páez Velandia—Jorge Grreño Luen 

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