Auto 7087 de enero 31 de 1992

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACTO QUE RECHAZA EL RECURSO DE REPOSICIÓN

SE DEMANDA CONJUNTAMENTE CON EL ACTO RECURRIDO

Consejero Ponente:

Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos.

La sociedad denominada Carbones de Maturín Limitada, mediante apoderado judicial constituido legalmente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita:

" 1. Que se decrete la nulidad de la Resolución 5-0699 de junio 13 de 1991 expedida por la Dirección General de Asuntos Legales - División Legal de Minas del Ministerio de Minas y Energía (fl. 16), por virtud de la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 0-0152 del 18 de febrero de 1991.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 5-0699 se ordene al Ministerio de Minas y Energía dar trámite al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 5-0152 de febrero 18, 1991 proferida por ese despacho". (fl. 18).

En la misma demanda solicitó la suspensión provisional de la Resolución acusada (fls. 24 a 25).

Para resolver sobre la admisión de la demanda, la Sala Unitaria CONSIDERA:

a) La lectura de la demanda permite observar que la nulidad y el restablecimiento del derecho se pretenden, no frente a la Resolución N° 5-0152 del 18 de febrero de 1991, que tuvo por objeto "dar por terminada la actuación en la Licencia Nº 5199, cuya titular es la Sociedad Carbones de Maturín Ltda., para la exploración técnica de un yacimiento de carbón, ubicado en jurisdicción de los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander", sino frente a aquella que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la antedicha decisión.

b) Ese procedimiento es a todas luces improcedente; en efecto:

1. La vía gubernativa, a cuyo contenido corresponden los recursos de reposición y de apelación que se proponen y deciden en sede administrativa, es un mecanismo de control de los actos administrativos, que son definitivos o que equivalen a ellos (artículos 49 y 50 del CCA), cuyo agotamiento es obligatorio para acudir ante esta jurisdicción cuando se ejercita la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85 del CCA) frente a los actos particulares que finalizan un proceso administrativo (artículo 135 ibídem).

2. El desarrollo práctico de la proposición anterior da lugar a la formulación de hipótesis diversas según la conducta que observe la administración ante los recursos gubernativos interpuestos en contra de los actos que reúnan las preanotadas características, a saber:

—Puede ocurrir —y ocurre— que la administración guarde silencio durante dos meses, caso en el cual, el recurso se entiende denegado (artículo 60) y el interesado podrá utilizar, sin obstáculos, el camino jurisdiccional.

En este evento la situación jurídica creada, extinguida o modificada por el acto recurrido no sufre variación.

—La segunda posibilidad consiste en que la administración resuelva expresamente el recurso; cuando esto sucede, la decisión impugnada se puede mantener, generándose una situación igual a la descrita anteriormente; o se puede modificar o revocar, produciéndose una situación jurídica distinta de la inicialmente planteada, la cual por lo mismo, adquiere independencia al igual que el acto que la contiene.

—La tercera hipótesis es la que se presenta en este caso; interpuesto el recurso (para estos efectos es indiferente que sea obligatorio u opcional), la administración lo rechaza sin entrar a considerarlo. Fácil es concluir que en esta circunstancia tampoco ha variado en nada la situación jurídica inicial.

3. únicamente en los casos en los cuales una decisión expresa frente a los recursos genera una situación jurídica nueva (son los eventos de la modificación y de la revocatoria señalados en la segunda hipótesis), es procedente la acción jurisdiccional en su contra; esta conclusión resulta perfectamente lógica, pues alguien puede resultar afectado con la modificación o con la revocación del acto administrativo inicial, medidas éstas que, muy probablemente, favorecieron al recurrente.

4. En las hipótesis restantes, no es posible atacar de manera independiente el acto en virtud del cual se denegó (expresamente o de manera ficta) o se rechazó el recurso gubernativo, el cual debe ser cuestionado, conjuntamente, con el acto recurrido, según lo impone el artículo 138, inciso 3° del CCA.:

''''Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión".

5. El argumento que insinúa la demanda según el cual el acto que rechaza el recurso de reposición es un acto de trámite equivalente de uno definitivo en cuanto impide la prosecución del procedimiento, carece de solidez, por las siguientes razones:

La disposición del inciso final del artículo 50 del CCA : "Los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla", se refiere a los actos de tal naturaleza que se produzcan dentro de una actuación administrativa, la cual se extiende —según la inteligencia del código— desde la producción de alguno de los actos iniciales previstos en el artículo 4° hasta la decisión final, sea ella expresa (artículo 35), ficta negativa (artículo 40) o ficta positiva (artículo 41).

Previsión normal ésta si se considera que, de no existir, el administrado carecería de herramientas jurídicas que le permitiesen acudir al juez para la tutela de sus derechos, si la administración torpedea el procedimiento haciendo imposible su continuación, mediante simples actos de trámite no cuestionables por su propia naturaleza.

Distinta es la situación que se presenta en la vía gubernativa; en ese momento, el acto administrativo definitivo ya se ha producido y el administrado podrá siempre pedir la revisión de su validez jurídica ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; la efectividad de ese propósito no podrá impedirse ni con la decisión expresa pero desfavorable del recurso (se agota la vía gubernativa), ni con el silencio negligente de la administración, ni con el rechazo ilegal u otros medios tendientes a impedir la interposición de los recursos (mecanismos alternativos del agotamiento de la vía gubernativa).

Fluye, pues, con claridad como en el caso bajo examen no resulta procedente solicitar la nulidad del acto que rechaza el recurso de reposición, conclusión que impone la inadmisión de la demanda y hace inútil cualquier consideración sobre la solicitud de suspensión provisional.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Inadmitir la demanda presentada por la sociedad Carbones de Maturín Ltda.

Cópiese, notifíquese y archívese.

Juan de Dios Montes Hernández 

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.