Auto 7087 de febrero 27 de 1992

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACTO QUE RECHAZA EL RECURSO DE REPOSICIÓN

SE DEMANDA CONJUNTAMENTE CON EL ACTO RECURRIDO

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 7087

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Se procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por la parte actora, contra el auto de 31 de enero de 1992, mediante el cual se inadmitió la demanda presentada por la Sociedad Carbones de Maturín Ltda.

El Consejero ponente negó la admisión del libelo demandatorio por cuanto consideró improcedente "solicitar la nulidad del acto que rechaza el recurso de reposición", toda vez que éste debe cuestionarse, conjuntamente con el acto recurrido, en los términos del artículo 138, inciso 3° del CCA , que dispone:

“''Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”.

Se desestima también en el auto recurrido "el argumento que insinúa la demanda según el cual el acto que rechaza el recurso de reposición es un acto de trámite equivalente de uno definitivo en cuanto impide la prosecución del procedimiento", con fundamento en estos razonamientos:

"La disposición del inciso final del artículo 50 del CCA : "Los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla", se refiere a los actos de tal naturaleza que se produzcan dentro de una actuación administrativa, la cual se extiende —según la inteligencia del código— desde la producción de alguno de los actos iniciales previstos en el artículo 4° hasta la decisión final, sea ella expresa (artículo 35), ficta negativa (artículo 40) o ficta positiva (artículo 41).

Provisión normal ésta si se considera que, de no existir, el administrado carecería de herramientas jurídicas que le permitiesen acudir al juez para la tutela de sus derechos, si la administración torpedea el procedimiento haciendo imposible su continuación, mediante simples actos de trámite no cuestionables por su propia naturaleza.

Distinta es la situación que se presenta en la vía gubernativa; en ese momento, el acto administrativo definitivo ya se ha producido y el administrado podrá siempre pedir la revisión de su validez jurídica ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; la efectividad de ese propósito no podrá impedirse ni con la decisión expresa pero desfavorable del recurso (se agota la vía gubernativa), ni con el silencio negligente de la administración, ni con el rechazo ilegal u otros medios tendientes a impedir la interposición de los recursos (mecanismos alternativos del agotamiento de la vía gubernativa)". (fls. 35 y 36).

De acuerdo con la manifestación expresa del actor, "El objeto de este recurso es obtener la revocatoria de la providencia atrás mencionada para que en su lugar se dé curso a la demanda y se decrete la suspensión provisional solicitada. Subsidiariamente solicito se dé aplicación al artículo 143 (2) del CCA para efectos de proceder a corrección de la demanda".

El recurrente basa su inconformidad en las siguientes consideraciones:

a) Estima que en el caso bajo estudio "el único acto definitivo es la Resolución 5-0699”, porque “ni modifica ni confirma expresamente la Resolución 5-0152. Simplemente rechaza un recurso de reposición".

b) El efecto de ese rechazo conlleva la definición "indirecta" del asunto, con lo cual la resolución acusada se torna en "acto definitivo''''.

c) La Resolución 5-0152 “es un acto de trámite, pues sencillamente se abstiene de dar curso a un recurso de reposición...".

d) Dicho acto de trámite se vuelve definitivo "porque al abstenerse de resolver el recurso de reposición indirectamente decide el fondo del asunto ya que hace imposible continuar una actuación” .

e) Como la petición de la demanda no es que se revoque la Resolución 5-0152, “sino que se ordene a tal entidad estudiar los argumentos expuestos contra dicho acto administrativo. Por consiguiente el presente caso no implica alegato alguno contra la legalidad de la Resolución 5-0152.

"Todo el ataque, dice el recurrente, se concentra en la Resolución 5-0699 por ser, en sí misma, esto es, sin conexión con ningún otro acto administrativo, ilegal como se desprende de lo establecido en el Capítulo IV "FUNDAMENTOS DE DERECHO" de la demanda".

Para resolver se considera:

El recurso no está llamado a prosperar, en efecto, no hay duda de que el acto de trámite, equivalente de uno definitivo, y, por lo tanto, susceptible de impugnación por vía gubernativa, primero, y por vía jurisdiccional, posteriormente, es —en este caso— la Resolución 5-0152 del 18 de febrero de 1991; sólo que para este último evento debe cuestionarse, en conjunto con el acto que rechazó el recurso de reposición.

Es la decisión de "Dar por terminada la actuación en la licencia N° S-199..." la que impide la prosecución de la misma, con acomodo perfecto a la descripción legal del artículo 50, infine, del CCA , según la cual "...los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla" (Subrayas de la Sala).

Tan cierto es lo anterior que el propio suplicante lo admite en los literales c) y d) del escrito contentivo del recurso. En cambio, la Resolución 5-0699 se limita a rechazar el recurso de reposición interpuesto en contra del acto de trámite equivalente de uno definitivo que ya se refirió, y a declarar agotada la vía gubernativa; lo anterior equivale a decir que la sociedad interesada cumplió con el requisito procesal que estable el artículo 135 del CCA y queda en libertad de someter al examen del Juez, la juridicidad del acto que impidió el otorgamiento de la licencia que había solicitado; surge, pues, con claridad el hecho de que la resolución acusada no es la que interrumpe con carácter definitivo la actuación; por el contrario, permite el acceso a una etapa posterior en el control de los actos de la administración: la jurisdiccional.

De allí que el auto suplicado tiene razón cuando sostiene que los actos de trámite, equivalentes a los definitivos y pasibles por lo mismo de los recursos gubernativos y del examen del Juez únicamente se producen en la etapa de la actuación administrativa y no en la vía gubernativa, pues es en aquella, y no en está, donde podría quedar desprotegido y sin garantía el derecho del particular; las dos instituciones (actuación administrativa y vía gubernativa) si bien son especies del mismo género (los procedimientos administrativos) tienen notas características que los diferencian. Esta es una de ellas.

Tampoco hay lugar a ordenar la corrección de la demanda pues la intención del actor, como él mismo lo admite, fue la de lograr la nulidad del acto que rechazó el recurso de reposición con objeto de que restableciera, frente a dicho acto, un derecho suyo que entendió vulnerado. Fácil es advertir que la pretendida corrección supondría una pretensión de nulidad de un acto distinto y de in restablecimiento totalmente diferente del pretendido. Tal cosa no es corrección; es una nueva demanda, y para ello no tiene competencia el Juez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Decisión,

RESUELVE:

CONFIRMASE el auto suplicado, esto es, el fechado el 31 de enero de 1992.

Notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha veintisiete (27) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992).

Daniel Suárez Hernández Presidente de la Sala—Carlos Betancur Jararnilio—Julio César Uribe Acosta. Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.

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