Auto 7096 de mayo 26 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PERENCIÓN DEL PROCESO

ES NECESARIO QUE SE HAYA NOTIFICADO LA DEMANDA

EXTRACTOS: «En reiteradas jurisprudencias que hoy retoma la Sala al decidir este recurso, la corporación ha sostenido que la perención, siendo una forma anormal de terminación del proceso, implica necesariamente la previa existencia de éste, el cual sólo comienza una vez establecida la relación jurídico procesal, esto es con la notificación al demandado de la demanda.

A este respecto la Sala ha dicho:

“(...) en todo caso, es indispensable que para que ocurra la perención del proceso, éste exista, por haberse trabado en debida forma la relación jurídico-procesal. (...) Como en el caso que debe decidirse, la relación jurídica procesal no se ha trabado, precisamente por la falta de notificación de la demanda, síguese que es improcedente por este motivo decretar la perención del proceso”(1).

En otra providencia dijo:

“No considera relevante al efecto, la Sala, el que se haya notificado la providencia al Fiscal, pues de lo que se trata es de establecer el inicio de la relación jurídico-procesal, la cual lógicamente no tiene su origen en dicho acto sino en la notificación al demandado, según se dijo”(2).

Por lo demás, entiende la Sala que la vigencia del artículo 29 del Decreto 2304 de 1989, el tema de la notificación del auto admisorio de la demanda ha pasado a ser claramente una actuación que compromete de manera directa la actividad de las autoridades judiciales, tanto juez como secretaría, lo cual unido al caos que en materia de expensas para notificaciones reina en todo el país, que convierte a cada secre-tario y aun a cada funcionario notificador o citador en legislador sobre la materia, impide que se pueda aplicar el instituto de la perención aduciéndose que la parte demandante dejó de realizar un acto procesal que legalmente le corresponde impulsar o que dejó de sufragar unas expensas para efectos de la notificación que no fueron decretadas judicialmente, que no aparecen claramente definidas en la ley y que son objeto de diversa aplicación, en cuanto a su exigencia y cuantía se refiere, por los diferentes despachos judiciales.

Adicionalmente, debe decirse que la omisión de pagar la suma acostumbrada para practicar la notificación carece de sanción alguna, determinada por la ley y mucho menos una de tal gravedad para la suerte del proceso como la adoptada en el auto que se apela.

En conclusión, al considerar la Sala que en el presente caso no se ha iniciado el proceso por no haberse trabado en debida forma la relación jurídico-procesal, debido a la falta de notificación de la demanda a la parte demandada, no es procedente decretar la perención; razón por la cual habrá de revocarse el auto impugnado».

(Auto de mayo 26 de 1995. Expediente 7096. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

SALVAMENTO DE VOTO

El suscrito se aparta muy respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala, por las siguientes consideraciones:

El Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, en su artículo 148 regula la figura de la perención, según dicha norma sus elementos estructurales son:

1. Que el proceso permanezca inactivo durante seis meses contados desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público. Debe entenderse obviamente, que la inactividad debe ser injustificada. Además, en la exposición de motivos del Decreto 01 de 1984, 17 de octubre de 1983, la comisión asesora, en relación con la nueva figura de la perención expresó:

“I. Se deja claramente establecido que la inactividad que da lugar a la perención es la del demandante y sólo cuando a él corresponde la impulsión del proceso mediante el cumplimiento de una obligación procesal o la satisfacción de una carga procesal. Cualquier parálisis del proceso, por cualquier otra causa, dada la impulsión oficiosa del mismo, como regla general, no da lugar a la perención.

II. Como en esta clase de procesos siempre es parte el Ministerio Público, siempre hay relación jurídica procesal desde la notificación del respectivo agente fiscal, antes de la notificación al demandado, por lo que se tiene en cuenta esta diferencia con el proceso civil para regular el fenómeno de la peren-ción”. (Antecedentes del Código Contencioso Administrativo I, Colección Bibliográfica, Banco de la República, pág. 546).

2. Que no existe decreto de suspensión del proceso, pues en este evento existe una causa justificativa de la inactividad del proceso, la orden judicial.

3. Que el proceso se encuentra en primera o única instancia, de donde surge que la peren-ción no es legalmente posible en la segunda instancia, y durante la actuación posterior a la sentencia que puso fin a la instancia.

4. Que la impulsión del proceso corresponde al demandante, como quiera que se trata de una sanción por no haber cumplido con una obligación procesal o satisfacción de una carga procesal.

5. Que la perención no está prohibida por la ley, como en los procesos de simple nulidad, en los cuales está vedada esa forma de terminación del proceso.

En relación con el elemento que se refiere a la impulsión del proceso como carga del demandante, debe precisarse que ella sólo ocurre cuando la norma legal se la impone expresamente, como en el caso de los gastos que se causan en la práctica de las diligencias y pruebas solicitadas (art. 389 CPC).

Como lo expresa la apoderada de la Nación al descorrer el traslado, la función pública de administrar justicia no puede ser totalmente gratuita.

Por ello, las normas procesales reconocen como expensas o gastos del proceso algunas sumas que los litigantes deben cancelar a fin de poder adelantar las diligencias judiciales que son necesarias para el impulso procesal del mismo. Estas cargas son de orden público, imponen obligaciones a las partes, y su incumplimiento acarrea sanciones. Y es aceptado por varios tratadistas que la perención es una sanción al litigante negligente o moroso, y responde a un principios de economía procesal y certeza jurídica, para impulsar la terminación de los procesos.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, en mi opinión correspondía a la parte demandante, como parte interesada, que se notificara a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, estar pendiente y procurar por los medios posibles que se cumpliera por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, la notificación del auto admisorio de la demanda. Sin embargo, no aparece en el expediente gestión alguna del apoderado de la actora para conseguir o impulsar la notificación aludida.

Ahora bien, en el caso sub lite, el proceso es de aquellos en que es viable declarar la pe-rención, y éste ha estado inactivo por más de seis meses, como consecuencia de que el demandante no cubrió las expensas para la práctica de la diligencia de notificación del auto ad-misorio de la demanda; además, el término se cuenta desde la notificación del auto admisorio al procurador judicial, que según mandato expreso del artículo 148, es uno de los extremos desde el cual se comienza a contar el término de la perención, porque la comisión redactora del código, consideró que para efectos de la perención en los procesos contencioso administrativos, la relación procesal se entiende trabada desde la notificación al Ministerio Público, por ser éste parte en esta clase de procesos.

Considero que en el caso sub júdice, se dan los presupuestos de la figura de la perención, y por ello la Sala ha debido confirmar el auto apelado.

Julio E. Correa Restrepo. 

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