Auto 7121 de marzo 13 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

ORDEN A LA POLICÍA DE RETENER EL VEHÍCULO

Magistrado Ponente:

Dr. Dídimo Páez Velandia

Aprobado Acta Nº 31-Mz. 11/92.

Segunda instancia 7121

Santafé de Bogotá, D. C., marzo trece de mil novecientos noventa y dos.

Vistos

Decide la Corte el recurso de apelación que el apoderado del denunciante interpusiera contra el auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá que dispuso la no apertura de investigación sumarial en la indagación preliminar seguida al juez 19 Civil Municipal de la capital a quien se le imputa un delito de prevaricato.

Los hechos y la actuación procesal

Al Juzgado 19 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, a cargo del doctor ..., correspondió en diciembre de 1990 el proceso ordinario verbal contra Guillermo Romero, en desarrollo del cual se profirió auto de embargo y posterior secuestro del taxi de placas SD-0934 en enero 16/91 y para tal fin se ofició su “captura” al F-2 la cual se llevó a cabo en febrero del mismo año, quedando el vehículo retenido en uno de los patios a disposición del juzgado.

El taxista consideró que el comportamiento del juez es constitutivo como mínimo de un abuso de autoridad porque no existe norma legal que permita al juez tal procedimiento y menos aún para ordenar una “captura”, lo cual es permitido en el derecho penal solamente para personas naturales. En consecuencia, formula la denuncia correspondiente.

En desarrollo de la indagación preliminar se allegaron varias pruebas, con base en las cuales el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá dictó auto inhibitorio por atipicidad de la conducta. El denunciante otorgó poder a un abogado para que lo representara en dicha actuación, el cual interpuso y sustentó debidamente recurso de reposición y subsidiariamente apeló. Como no prosperara el recurso principal, se concede el subsidiario que se decide en el presente proveído.

Alegaciones de las partes

En la oportunidad procesal que la ley señala para alegar en la segunda instancia, solamente lo hizo el Procurador Segundo Delegado quien analiza la realidad probatoria para demandar de la Corte confirmación del auto recurrido, con la siguiente argumentación:

“Admitió el Tribunal que, en efecto, como lo afirma el recurrente, no regula por parte alguna el Código de Procedimiento Civil la facultad del juez de esta jurisdicción para que libre dicha “captura”; no obstante, llega a concluir la atipicidad del comportamiento denunciado por cuanto una tal medida sólo constituye un mecanismo para lograr la efectividad del derecho sustancial buscado con la pretensión demandada y torna en intrascendente la posible impropiedad de la expresión utilizada por el juez para dichos efectos.

Esta delegada no puede menos que compartir el criterio del a-quo por lo acertado, ya que es verdad jurídica de a puño que tanto la ley sustantiva como la procedimental impera interpretarlas sistemáticamente en busca del reconocimiento de los derechos litigiosos. Y. esta hermenéutica no sólo puede consistir en fijar alcances formales a la literalidad normativa, sino contrario sensu, a recuperar los contenidos materiales que de ella, es decir de la normatividad positiva, emanen.

Esta premisa en los trámites procesales implica, desde luego, no el poder crear un arbitrio rito, pero sí el de utilizar mecanismos que frente a la realidad le permitan cumplir con el objetivo del reconocimiento de derechos y evitar la burla de los mismos. Quiérase o no admitir teóricamente. lo real es que en el específico caso de los vehículos automotores y más aún, cuando son de servicio público, la dificultad es mayúscula para obligar al juez a su localización por todo el territorio nacional e inclusive, a sabiendas de un lugar concreto, a que durante un tiempo indeterminado espere la posibilidad de encontrarlo para su secuestro. La parálisis de la justicia civil sería ineludible.

El recurrir a la colaboración del F-2 como sucedió en este caso, no parece insólito ni ilegal, pues se insiste, sólo constituye un mecanismo para posibilitar el secuestro del automotor, sin que la ausencia de expresa norma que regule este actuar signifique reprochable proceder del juez denunciado, ya que aquí el funcionario no creó disposición alguna sino que recurrió a los medios eficaces para dinamizar y hacer eficaz el procedimiento puesto en marcha, buscando en el referido complejo interpretativo de las normas, el mecanismo para que puedan ser aplicadas, recurriendo para ello al medio que creyó más efectivo”.

Consideraciones de la Corte

El meollo del problema jurídico por resolver aquí radica en saber si el juez civil está facultado legalmente para ordenar la aprehensión de un objeto mueble respecto del cual ha dispuesto el embargo, para efectos de llevar a cabo la diligencia de secuestro.

Es regla de oro en derecho el principio medular consistente en que el funcionario o empleado oficial solamente puede y debe hacer aquello que la ley le permite sin que le sea dada, por consiguiente, competencia analógica alguna, como inequívocamente lo señala la Constitución en varios artículos, tales como el 121, 122, 123, 29 y 6º, generando responsabilidad toda extralimitación en el cumplimiento de la función.

Aun cuando en esta actuación uno de los aspectos sobre el cual no se ha presentado discrepancia, es el relacionado con la ausencia de norma procedimental expresa que permita al juez civil ordenar al F-2 o a cualquiera autoridad policiva la inmovilización de un automotor con el fin específico de materializar la diligencia de secuestro requerida para la efectividad del embargo, ha de llegarse a la conclusión a la que llegaron Tribunal y Delegada de la atipicidad del comportamiento del juez denunciado, pues si bien es cierto el artículo 682 del C. de P. C. dice cuáles son las reglas a seguir en las diligencias de secuestro, para el caso de los bienes particulares destinados a un servicio público remite la diligencia a la de las empresas industriales (art. 684-2), con lo cual ha de considerarse que el precepto es incompleto, pues dicha referencia apunta solamente a la dirección y manejo del bien por el secuestre, dejando de lado la diferencia evidente entre estos bienes para efectos de la materialización del secuestro, ya que mientras la empresa industrial es localizable fácilmente, el automotor de servicio público no, lo que haría nugatorio el derecho que se persigue sobre él por cuanto el juez ni el comisionado podrían localizarlo para efectos de la diligencia.

No se trata entonces de crear norma alguna de procedimiento, sino de aplicar el artículo 37 del C. de P. C. que le impone al juez el deber de decidir aunque la norma aplicable sea incompleta, caso en el cual puede acudirse a las reglas generales de derecho y aun a la costumbre (numeral 8º). Como una de esas reglas generales, legislada como deber (numeral 1º), le impone la obligación al juez de “dirigir el proceso, adoptando las medidas conducentes para impedir su paralización”, puede ordenar, como ocurre ordinariamente, a la autoridad policiva la retención del vehículo para efectos del secuestro, pues de lo contrario se haría imposible dicha diligencia y, por lo mismo, inalcanzable la efectividad del derecho material reconocido por la ley sustancial y que resulta hoy imperativo, por mandato expreso de la Carta (art. 228).

La objeción del recurrente a esta práctica judicial consistente en que se priva con ella al poseedor del derecho para hacer oposición, no es de recibo, pues la oposición puede hacerla en la diligencia de secuestro que es donde la prevé la ley y no en el acto de inmovilización o retención, que no de “captura”, como antitécnicamente lo denomina la fea y reprochable costumbre judicial; aspecto en el cual le asiste razón al impugnante toda vez que la “captura” es una restricción a la libertad de locomoción de las personas naturales indiciadas en un proceso penal. Pero, el uso de la palabra con sentido amplio como el que seguramente le dio el juez, ya que viene del latín captura, de capere que significa coger, no invalida la decisión y menos la torna prevaricadora.

De igual manera, el reproche por el perjuicio causado con la inmovilización durante el tiempo de permanencia en los patios y por lo dejado de percibir en ese lapso, es la consecuencia que suele correrse con el litigio donde, como es sabido, a la deuda que no se quiso saldar oportunamente hay que cargarle las costas y costes del pleito, de donde se desprende la sabiduría del adagio: “más vale un mal arreglo a tiempo que un buen pleito”. Siendo legal el procedimiento seguido, igual calificativo tienen sus consecuencias aquí.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de acuerdo con la Delegada,

RESUELVE:

CONFIRMAR el proveído impugnado. En firme, regrese la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese y cúmplase.

Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas—Juan M. Torres Eresneda—Jorge Entique Valencia M. 

Rafael I. Cortés Garnica, Secretario.

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