Auto 7379 de febrero 22 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE INJURIA

LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO PASIVO

EXTRACTOS: «2. Como el artículo 322 del Código Penal establece que en los casos de calumnia e injuria sólo se procederá mediante que-rella, resulta claro que la investigación adelantada mediante estas diligencias se refiere exclusivamente a si el indagado calumnió o injurió con sus afirmaciones a la sociedad Inversiones Córdoba Ltda., ya que la queja fue presentada en su nombre por el representante legal.

En estas condiciones, la primera conclusión que surge es que se debe descartar la imputación por calumnia, ya que las personas jurídicas no son sujetos pasivos de ese delito, en la medida en que no se les puede imputar a ellas la comisión de hechos punibles. Hipótesis distinta es cuando la calumnia se dirige contra los socios, pero en este evento corresponde a ellos como personas naturales presentar la querella.

3. Diferente es la situación respecto de la injuria, puesto que las imputaciones deshon-rosas pueden predicarse tanto de las personas naturales como de las jurídicas, razón por la cual corresponde concretar, si la conducta atri-buida al senador ... se adecua a la descripción típica prevista en el artículo 313 del Código Penal.

Como se acaba de ver, las afirmaciones del senador ... sobre la ilegalidad del contrato y los notables perjuicios económicos que con él se causaba a las arcas departamentales corresponden a la verdad.

Ante la atipicidad de la conducta del acusado, en relación con la querella formulada por el representante legal de la persona jurídica Inversiones Córdoba Ltda., la Sala no solo se abstendrá de dictar medida de aseguramiento en su contra, sino que decretará la preclusión de la investigación».

(Auto de febrero 22 de 1995. Radicación 7379. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

ACLARACIÓN DE VOTO

No encuentro objeción alguna a la decisión de precluir la investigación porque existen argumentos jurídicos y probatorios que conducen a ello. Sin embargo, propuse a la Sala y no encontré finalmente eco en ello, que se asumiera a fondo el debate sobre la integridad moral de las personas jurídicas a efecto de que quedara en claro cuál era la razón para que la Corte diera por aceptada la discutible tesis de que son susceptibles de ser lesionadas en su honor o su honra y por tanto víctimas del delito de injuria.

Tradicionalmente en Colombia el punto no fue impugnado; pero porque existía un antecedente de lege data como era el del artículo 344 del Código Penal de 1936, norma expresa que no quedó reproducida en el Código Penal de 1980 y sobre el cual la comisión final de redactores se abstuvo de hacer comentario alguno, aun a pesar de que el proyecto que constituyó su punto de partida para el análisis sí lo consagraba (art. 459) (cfr. Actas del Nuevo Código Penal Colombiano; Parte Especial, vol. II; Colección Pequeño Foro, pág. 247).

Las derivaciones de la posición que se adopte parecen ser bien importantes y por ello es que considero de importancia que la Corporación se pronuncie sobre el tema.

En primer lugar, la delimitación del bien jurídico tutelado es asunto fundamental para precisar la tipicidad del respectivo hecho punible. Esa función del concepto de bien jurídico termina siendo la que justifica su existencia dogmática. No solo contribuye a interpretar el objeto de la prohibición para determinar su alcance típico, sino que permite definir el límite de lo materialmente antijurídico por la medida del daño o la capacidad de producirlo de la conducta imputada.

En segundo término, según el concepto de integridad moral sea personalísimo o admita otras proyecciones, produce esquemas distintos de aplicación del tipo penal, que siempre sería el mismo (art. 313). El contenido del buen nombre de las personas humanas no puede ser igual al del buen nombre de las personas jurídicas y, dentro de éstas, el de las personas jurídicas de derecho privado no es idéntico al de las personas jurídicas de derecho público. Una indefinición en este último sentido sencilla y llanamente coloca al derecho penal al borde de la consagración del delito de opinión o de la persecución de la disidencia.

En tercer lugar, imputación deshonrosa para una sociedad comercial puede ser desde aquello que critica la bondad de sus productos hasta aquello que resulte ácido por la impugnación de los precios del mercado o por el destino final de las ganancias. Se involucra así el derecho penal en cuestiones atinentes al contenido económico del buen nombre comercial (y en conductas de competencia desleal) bien jurídico éste que no tiene existencia autónoma y que más bien hace parte del patrimonio de las personas jurídicas, siendo susceptible de ser protegido y — seguramente más eficazmente— a través de las vías previstas en el derecho privado y en las normas de policía administrativa por parte de las superintendencias.

Por último, una interpretación de este tenor conduce a una sobresaturación aún mayor del sistema penal, cuando la política criminal más moderna propone reducirlo. Bastantes dificultades tiene para resolver los asuntos que genera la protección de lo más elemental, los derechos del individuo, como para agregarle ahora la más insólita de convertirlo en arma de guerrear por parte de los conglomerados económicos.

Quede claro eso sí que no se opone el suscrito a que el buen nombre de las personas jurídicas sea tutelado. Lo que no me parece es que sea un asunto de integridad moral y que por este camino se prohíje la tendencia de que a todas las manifestaciones del conflicto socioeco-nómico se les recete una buena dosis de derecho penal.

Con el debido respeto,

Carlos E. Mejía Escobar. 

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