•Auto 7392 de febrero 16 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD

COMO DEMANDANTE Y COMO DEMANDADA

EXTRACTOS: «Observa la Sala que el yerro hermenéutico en que incurre el recurrente se debe a lo que de tiempo atrás la Corte ha puesto de presente, en cuanto al tema de la mal denominada representación de la comunidad. Así, en casación del 26 de julio de 1919 expresó: “Así como un comunero puede defender o reivindicar un bien de la comunidad de la cual reporta beneficio toda ella, sin que los comuneros participen del perjuicio de que pudiera ser objeto el comunero que representa por sí, del mismo modo el comunero puede actuar en todo aquello que traiga beneficio a dicha comunidad por cualquier concepto que lo haga. Si así no fuera, podría suceder que por no poderse reclamar por ninguno de los comuneros la cosa común, pudiera desaparecer en perjuicio de todos”. Y en otra ocasión dijo: “Si bien es cierto que los copropietarios de una cosa indivisa no se representan unos a otros, ni tampoco a la comunidad, sin embargo cuando alguno de ellos ha litigado para esta última sobre un derecho indivisible, la sentencia favorable aprovecha a la comunidad, pero la desfavorable no afecta los derechos de ésta o de los otros condueños si no la aceptan” (G.J. XXIX, pág. 151).

Es que si por sabido se tiene que la comunidad no es una persona jurídica distinta de los comuneros, cuando estos demandan “para la comunidad”, como impropiamente se dice, realmente lo hacen para sí, sólo que su derecho o interés se confunde con el de los comuneros. A propósito de asunto similar, el de la comunidad universal denominada sucesión, dijo esta corporación:

“cuando se demanda “la sucesión” o “para la sucesión” la parte demandada está constituida por todos los herederos y la parte actora lo está por el heredero o los herederos que piden para la comunidad. Por un imperativo del lenguaje se habla en uno y otro caso de la “sucesión”, pero bien analizadas las cosas, detrás de esta colección de bienes se perciben los herederos como personas físicas” (Cas. ago. 17/54).

3. Además de las anteriores precisiones debe tenerse en cuenta que del trasfondo del asunto surge un problema litisconsorcial, es decir, por el lado de la comunidad, y cuando se demanda a los copropietarios o comuneros por razón de la cosa indivisible que los vincula, si se omite la vinculación de uno de ellos a quien necesariamente deben extenderse los efectos del juicio, la sentencia que habrá de producirse deberá ser inhibitoria, por no haberse integrado la relación jurídico procesal con todos los que, de conformidad con la relación sustancial (relación de comunidad) deben ser oídos y vencidos en el proceso. De modo que si, en el caso sometido a estudio, la comunidad de copropietarios no es una persona jurídica —como no lo es ninguna, per se—, ni existe constancia procesal de que la comunera a la sazón demandante hubiese ejercitado su derecho de acción por ser administradora de la comunidad o mandataria de los comuneros, no se encuentra razón jurídica valedera para concluir que esa comunera “representa” a los demás copropietarios. Por consiguiente, y a título de resumen, en este caso la comunera Margarita María Paulina Bustos de Arevalo actuó en su propio interés, que es el mismo de la comunidad, y por esto la sentencia favorable a ella favorece así mismo a los demás comuneros. Pero cuando ese derecho adquirido por ella y los demás comuneros va a ser controvertido judicialmente en trámite posterior, para un pronunciamiento de mérito es preciso la comparescencia de todos aquéllos a quienes la sentencia va a vincular.

Ese juego de palabras, o esa trampa del lenguaje, consistente en que se diga en la sentencia cuya revisión se pide, que alguien actúa “en nombre de la comunidad” no significa que entre a aplicarse el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil. Es, como lo recordó la Corte un imperativo del lenguaje, pues no hay persona jurídica diferente de los comuneros, ni estos han delegado su representación».

(Auto de febrero 16 de 1999. Expediente 7392. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros).

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