•Auto 7400 de febrero 18 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss

Santafé de Bogotá, D.C., febrero dieciocho de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Para no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que puso fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de la referencia, se expresó en la providencia que ahora es objeto de reposición, que la caución prestada para suspender el cumplimiento de la sentencia impugnada se constituyó por fuera del término fijado por la ley para ese efecto, por considerarse que los recursos de reposición interpuestos por cada una de las partes contra el auto que fijó dicha garantía, en modo alguno tenían eficacia interruptiva del término concedido por la ley para tal fin, habida consideración de la improcedencia de dichos recursos al tenor del inciso final del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.

2. Con todo, después de volver a examinar el caso a la luz de argumentos por demás convincentes que suministra con amplitud el escrito sustentatorio del recurso ahora en estudio, el criterio expuesto debe ser modificado pues si bien es cierto que al menos en principio, encuentra fundamento en el tenor literal del precepto recién citado en tanto dispone que los autos que dictan las Salas de decisión en los tribunales superiores no tienen reposición, también lo es, como a continuación se verá, que semejante entendimiento restrictivo del precepto, en función de hacerlo actuar frente a un supuesto de hecho concreto como el que este expediente pone de presente, no corresponde en verdad al sentido inmanente de la norma en cuestión y olvida, preciso es admitirlo sin valerse de acomodaticios pretextos, que cuando el derecho procesal en su conjunto, percibido por lo tanto en su cohesión lógica y sistemática cual lo exige el artículo 4º de la codificación, denota con claridad suficiente que determinada regla debe tener un alcance distinto del que había de atribuírsele de estarse únicamente a su expresión gramatical, es sin duda el primero el que prevalece, siempre en el bien entendido, naturalmente, que la ley por definición es en su esencia una volición razonable que los intérpretes deben observar de preferencia ante otras inteligencias hermenéuticas igualmente factibles pero incorrectas.

El elemento sistemático en la labor interpretativa de las leyes procesales, enseña un autorizado expositor, “...reviste sobresaliente importancia (...) La ley constituye un todo fundado en ideas básicas generales, articulado según determinados principios de ordenamiento, y que a su vez está ubicado en el ordenamiento jurídico global. La tarea de la interpretación sistemática consiste en asignar a cada norma dentro de ese todo y de ese ordenamiento global, el lugar que le corresponde según la voluntad recognoscible de la ley y extraer de esa ubicación conclusiones lógicas sobre el contenido de la misma...” (Adolf Wach. Manual, Tomo I, libro primero. Cap. III, pág. 22), por manera que es precisamente siguiendo estas pautas que se llega a concluir que en verdad, como lo demuestra la solicitud de reposición en estudio, la providencia cuya revocatoria pretende conseguir se apoya en una interpretación equivocada del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil en su inciso final.

3. En efecto, al atender exclusivamente al elemento gramatical y por lo tanto hacer prevalecer en la interpretación el escueto tenor lingüístico del precepto que acaba de citarse, la providencia censurada omitió considerar, en primer término, la naturaleza y la efectiva significación procesal del auto que determinó y señaló el monto de la caución requerida para disponer la suspensión del cumplimiento de la sentencia de segunda instancia impugnada en casación por la parte demandada en el proceso de origen, y en segundo lugar, dejó de armonizar dicho precepto con lo dispuesto en el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, cuya misión, dada su ubicación en el contexto general de la codificación, es incuestionablemente la de regular el modo de ejercer sus atribuciones los tribunales superiores, señalando con carácter limitativo aquellos autos que proferidos por sus Salas de decisión, no admiten recurso alguno.

En ese orden de ideas, de haberse considerado desde ese primer momento los factores que acaban de enunciarse, se habría tenido que concluir por fuerza, como ahora se hace, que los recursos de reposición interpuestos por cada parte contra el auto que fijó la cuantía de la caución destinada a cubrir los perjuicios que se pudieran causar a los demandantes con motivo de la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida en casación por la compañía demandada, interrumpieron el término concedido para ese fin y, por ende, era preciso contabilizar el mismo de conformidad con las incidencias que acaecieron con posterioridad, tal como lo indica el inciso 2º del artículo 120 del Código de Procedimiento Civil.

Comenzando por el segundo de dichos factores, es de verse que el artículo 29 citado dispone que corresponde dictar a las Salas de decisión de los tribunales las sentencias y los autos que decidan la apelación o la queja, así como los que resuelvan sobre la acumulación de procesos y los conflictos de competencia, para agregar inmediatamente que “contra estos autos no procede recurso alguno”, lo que evidencia que es sólo contra las providencias de esa específica naturaleza contra las que no cabe interponer ningún recurso, de manera que cuando el artículo 348 del mismo estatuto repite dicho precepto para excluir la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra las providencias proferidas en Salas de decisión, lejos de prohijar una antinomia legal insalvable y sin explicación fácilmente entendible, se está remitiendo, como es de rigor admitirlo de acuerdo con las directrices de interpretación jurídica sistemática evocadas líneas atrás, al tipo de providencias expresamente señaladas por el artículo 29 tantas veces mencionado, aludiendo claramente a situaciones procesales de particulares características donde cualquier otro recurso, una vez adoptada la decisión respectiva por la Sala del tribunal, carecería de sentido tornándose sencillamente en un instrumento dilatorio del proceso.

Ello significa que los restantes autos, proferidos bien sea por el magistrado sustanciador o por las Salas de decisión, quedan sometidos al régimen ordinario de los recursos según la naturaleza de aquellos y el estado de la actuación de que se trate, concepto que por cierto es el que mejor guarda concordancia con el principio general básico en el derecho procesal que propugna por “el mayor favor” en orden a la valoración de los recursos en cuanto dice relación con la calificación de su admisibilidad (G.J. t, XLVI, pág. 37) cuando esta última es dudosa.

Ahora bien, como al tenor del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil que define la apelabilidad por naturaleza de los autos que fijan la especie o cuantía de una caución y de los que la aceptan o rechazan, es visible el carácter interlocutorio que a esta clase de providencias les atribuye la ley, y de conformidad con el artículo 29 ibídem es asimismo incuestionable que este precepto no las incluye dentro de los autos proferidos por las Salas de decisión de los tribunales superiores contra los cuales no proceden recursos de ninguna especie, es razonable concluir, entonces, que frente a tales providencias y en defecto de la apelación cuya procedencia en dicho evento es obviamente imposible, sin embargo se ofrece el recurso de reposición como el medio idóneo para permitirle a las partes impugnar haciendo valer su inconformidad no sólo con la clase de caución que se fija, sino también con el monto de la misma, ya porque considere el litigante a quien con dicha caución se pretende proteger, por ejemplo, que no es suficiente en orden a recibir en el futuro plena indemnización de los perjuicios económicos que le pueda ocasionar la suspensión de la ejecución de la sentencia, o bien para que se reduzca la cuantía cuando la parte recurrente en casación considere que sobrepasa los cálculos previsibles en punto de establecer una justa cobertura del riesgo existente, situaciones que se dieron precisamente en forma conjunta en la especie litigiosa que se estudia y que obligan al tribunal a examinar cuidadosamente el punto con el fin de constituir, sobre bases serias y objetivas, una garantía que sea suficiente frente al importe de la condena pecuniaria impuesta en la aludida sentencia.

4. En ese orden de ideas, el Tribunal de Cartagena se equivocó cuando consideró que los recursos de reposición interpuestos eran improcedentes, dejando de aplicar en forma armónica y como partes que integran un todo coherente, los artículos 29, 348 y 680 del Código de Procedimiento Civil, lo que indica, en síntesis, que la decisión acerca de la admisibilidad del recurso de casación en referencia es por ahora prematura, habida cuenta que el trámite en mención ante el señalado tribunal, con el fin de darle cumplimiento al artículo 371, en sus incisos quinto y siguientes, del mismo estatuto legal, no se ha agotado.

Decisión

Por virtud de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria,

RESUELVE:

REVOCAR el auto de treinta (30) de noviembre pasado por el cual se declaró inadmisible y por ende desierto, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha ocho (8) de junio de 1998 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso de la referencia.

DISPONER en su lugar que vuelva el expediente al tribunal de origen para que sean resueltos los recursos de reposición que cada una de las partes interpuso contra la providencia de fecha catorce (14) de julio de 1993 (fls. 135 a 137 del cdo. del tribunal) que fijó el monto de la caución para obtener la suspensión de la sentencia proferida en segunda instancia.

Ofíciese.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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