Auto 7418 de abril 9 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE CONCUSIÓN

DIFERENCIAS CON LA EXTORSIÓN

EXTRACTOS: «El punto de partida de la decisión ha de ser, indudablemente, el esclarecimiento de la naturaleza del asunto, pues dilucidado este aspecto, ninguna dificultad ofrecerá la determinación de la competencia territorial.

Básicamente la conducta observada por los agentes de Policía procesados consistió en exigir al ocasional visitante del municipio de Pamplonita, José Eulises Peña Ramírez, la entrega de una suma de dinero a cambio de no “cargar” o “empapelar” el vehículo automotor en el cual se transportaba; propósito que logró eficacia parcial en la ciudad de Cúcuta, lugar en donde los funcionarios recaudaron parte de la cantidad exigida.

Tal como lo plantearon los funcionarios colisionados, el proceder de los implicados estructura un constreñimiento; de ahí que haya surgido la posibilidad de adecuar su comportamiento a los tipos de la extorsión y de la concusión, en vista de que en uno y otro, aparece como verbo rector del hecho punible el de “constreñir”. Sin embargo, la simple lectura de ambas disposiciones revela que hay una mayor riqueza descriptiva con respecto a la concusión, en la medida en que incluye elementos que particularizan el comportamiento en relación con la extorsión, cuyo contenido es más genérico.

Es así como en la extorsión, el sujeto activo del constreñimiento es indeterminado; la imposición que se ejerce sobre la víctima puede ser de cualquier índole, como que las formas verbales “hacer”, “tolerar” u “omitir” abarcan todas las posibilidades del comportamiento humano; y la intencionalidad se dirige a la obtención de un provecho ilícito, esto es, contraviniendo la normatividad.

En la concusión el autor de la conducta se ha restringido a los empleados oficiales, quienes pueden realizarla en tres modalidades distintas: constriñiendo, induciendo o solicitando; no obstante no basta asumir una de estas formas de actividad y la calidad de empleado oficial, sino que es indispensable que aquéllas estén vinculadas a ésta de tal manera que impliquen el abuso del cargo o de las funciones. Ahora bien, la actuación forzada que se impone a la víctima está circunscrita al hecho de “dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebidos”, por lo que es evidente que el sujeto pasivo es compelido a realizar actos positivos, ya no a permitir o dejar de hacer; asimismo, se advierte que el objeto sobre el cual recaen aquellos procederes es una utilidad indebida —incluyendo el dinero—, por lo que la característica que la califica es más amplia que en la extorsión, habida cuenta de que lo indebido se refiere no solamente a lo ilícito sino a eventualidades en las cuales, sin ser ilícita la utilidad, no es equitativo o justo obtenerla. Y finalmente, ha de convenirse que “el propósito de obtener un provecho ilícito” es el elemento subjetivo de la extorsión, en tanto que el dinero o la utilidad indebidos de la concusión, son los objetos sobre los cuales recae la conducta forzada impuesta a la víctima.

Al concretarnos a la situación que se debate en este proceso, la exigencia que se hizo a Peña Ramírez provino de dos agentes de la Policía asignados a la subestación de Pamplonita, que aprovechándose de su investidura solicitaron se les entregara una suma que ni su víctima adeudaba, ni ellos tenían la facultad de recaudar.

Así las cosas, en el asunto sub examine, las circunstancias y condiciones en que se realizó la conducta atribuida a los agentes de la policía Mario Alba Trujillo y Lino García Cobaría se adecua al tipo penal de la concusión, lo que implica, para los efectos de esta decisión, que el conocimiento del asunto le corresponde a un juez penal del circuito por razón de la competencia residual asignada a esta categoría de despachos (art. 71 - 1 C. de P.P.).

Ahora bien, la competencia territorial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del estatuto de procedimiento penal, se determina según haya sido el lugar en donde “se realizó el hecho punible”, vale decir, aquél en donde se consumó. El señor Peña Ramírez fue víctima del constreñimiento en el municipio de Pamplonita, pues fue allí donde se doblegó su voluntad para que accediera a dar lo no debido; lo que no se modifica por el hecho de que la dación se hubiera cumplido posteriormente en lugar distinto, siendo muy claro que el recibo del indebido producto del proceder sancionable no es la circunstancia que determina la consumación del delito; menos aún en el caso de la concusión en el cual bien puede hablarse de la consumación del hecho punible desde que exista la formulación de la solicitud unida al sometimiento de la voluntad de la víctima.

En las anteriores condiciones concluye la Sala que el conocimiento de este proceso le corresponde al Juez 2º Penal del Circuito de Pamplona, por razón de la naturaleza del asunto y del factor territorial, y, en consecuencia, a ese despacho se asignará la competencia para el juzgamiento de los hechos a que se contrae esta investigación, quien, por tanto, habrá de adoptar las determinaciones que sean necesarias para ajustar la actuación a los parámetros que fundamentan esta decisión».

(Auto de abril 9 de 1992. Radicación 7418. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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