Auto 7778 de febrero 7 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PROCESO DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

ES VÁLIDO DESISTIR DE LA PRETENSIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Ref.: Expediente 7778

Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil (2000).

Visto el informe secretarial que antecede y el memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponde:

I. Antecedentes

1. La señora Liliam Amparo Soto, por medio de apoderado judicial, interpuso demanda con el fin de lograr las siguientes declaraciones jurisdiccionales: a) Que es hija natural del señor Carlos Daniel Picón; b) Que tiene derechos herenciales absolutos en su condición de heredera del señor Carlos Daniel Picón; c) Que los señores Carlos Enrique, Eduardo, José Alonso, Maritza, Gilma Estela y Amanda del Carmen Picón Manzano y Jhony Leonardo, como herederos del causante, deben restituir a la demandante su cuota parte sobre los bienes pertenecientes a la sucesión; y d) Que los demandados deberán pagar a la señora Liliam Amparo los frutos naturales y civiles sobre los bienes objeto de la acción de petición de herencia.

2. Luego de tramitada la primera instancia y llegado el proceso para fallo, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia profirió sentencia mediante la cual declaró, en lo esencial, a la señora Liliam Amparo Soto como hija extramatrimonial del causante Carlos Daniel Picón y, por lo tanto, con vocación hereditaria para sucederlo en sus bienes relictos, como también se inhibió para pronunciarse sobre la petición de herencia.

3. Apelada la sentencia por la parte demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta —Sala Civil Familia—, por medio de providencia calendada el 29 de junio de 1999, confirmó el fallo dictado por el a quo.

4. Así las cosas, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de casación, que fue concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación mediante auto del 23 de agosto de 1999.

5. El término para sustentar el recurso extraordinario se inició el 31 de agosto de 1999, y venció el 11 de octubre de 1999, sin que se hubiese presentado demanda de casación.

6. Precisamente en esta última fecha, por medio de memorial traído a esta corporación, el apoderado de la parte demandante expresó que desistía “de las pretensiones de la demanda, para lo cual me encuentro facultado de acuerdo al poder a mi conferido”. El escrito fue coadyuvado por el apoderado de la parte demandada, y los profesionales del derecho pidieron conjuntamente que no hubiera una condena en costas, como también que se ordenara la cancelación de la inscripción de la demanda, medida ordenada por el juzgado de primera instancia.

II. Consideraciones

Previo a resolver, resultan necesarias las siguientes consideraciones:

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona es “su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Dicho atributo de la personalidad, en consonancia con lo señalado en el artículo 2º ibídem, se deriva de hechos, actos y providencias, como también de su calificación legal.

2. Reconocida doctrina jurídica nacional e internacional ha definido esta principalísima institución y determinado sus primordiales caracteres. Los hermanos Henri, Léon y Jean Mazeaud, por vía de diciente ejemplo, expresan que

“El estado civil de una persona es su situación jurídica. El estado civil está, pues, unido a la persona, como la sombra al cuerpo. Más estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona. ¿No está nuestra imagen mas cerca de nosotros que nuestra sombra?. Esa relación íntima es la que explica los tres caracteres particularísimos del estado civil: indivisibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. El estado civil presenta un cuarto carácter: es susceptible de posesión”(1).

(1) Henri, Léon y Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, Parte Primera, volumen II, EJEA, Buenos Aires, 1959, pág. 33. En similar sentido, G. Hubrecht, Droit Civil, Editions Sirey, París, 1979, pág. 36.

3. El estado civil, como arquetípico atributo de la personalidad jurídica, se posee, se tiene, así no sea el que real o biológicamente corresponda a la persona, como quiera que forma parte inescindible de ésta. Al fin y al cabo, el estado civil no es un atributo exógeno o externo a ella, sino intrínseco, al punto que, en un contexto familiar, se erige en elemento individualizante del sujeto de derecho.

La persona, de consiguiente, siempre posee un estado civil, así pretenda ulteriormente mudarlo, so pretexto de adquirir otro, que considere es el real. De allí que este atributo puede encontrarse bajo dos formas: bien declarado —objetivo, indiscutido o inimpugnado—, o bien bajo una forma latente —virtual o en discusión—. Sobre este mismo particular esta corporación ha puntualizado que

“EI estado civil, tal como ha sido concebido legalmente, puede hallarse en una de dos situaciones posibles: declarado o latente.

Ocurre lo primero cuando esta legalmente definido, esto es, si la persona de quien se predica goza ya de la posesión legal del mismo; se presenta lo segundo si no obstante la ocurrencia de los hechos generadores de él y el goce fáctico de dicho estado, aún no ha sido declarado, cual ocurre con el hijo extramatrimonial que pese a la posesión notoria de que goza respecto de su padre no ha sido reconocido todavía por éste, ni ha sido declarado judicialmente como tal” (Sent.mayo 25/99, exp. 5185).

4. Una de las características del estado civil, precisamente por su propia naturaleza, como se corrobora con la simple lectura de la norma transcrita (D. 1260/70, art. 1º ), es aquella de la indisponibilidad, con arreglo a la cual “no resulta posible disponer de nuestro estado civil; como reflejo de nuestra personalidad, no puede ser separado de ella. Toda convención por la cual quisiéramos disponer de nuestro estado civil o adquirir un estado nuevo, sería nula por tanto”(2).

(2) Mazeaud, ibídem, pág. 34. Cfme: Julien Bonnecase, Elementos de Derecho Civil, Cárdenas Editor. Tijuana. 1985. T. 1. Pág. 323.

Con sujeción a lo dispuesto por el sistema jurídico colombiano, ninguna persona puede legalmente llevar a cabo negocios jurídicos enderezados a disponer, transferir o modificar su estado civil declarado, pues cualquier convención en tal sentido, ab origine, estaría afectada de nulidad absoluta, por objeto ilícito.

5. La jurisdicción que conoce de las controversias de naturaleza civil, reguladas por el Código de Procedimiento Civil, reviste una naturaleza dispositiva, por virtud de la cual los procesos se inician y tramitan (CPC, art. 2º), y en veces terminan, por disposición de las partes intervinientes. Así las cosas, para colocar en movimiento a la jurisdicción es menester formular una demanda e impulsar el proceso para que así transcurra hasta su culminación.

Con respecto al agotamiento procesal a instancia de parte, el Código de Procedimiento Civil consagra la posibilidad de terminación anticipada del mismo, bien por razón de una transacción, bien por medio del desistimiento (CPC, arts. 340 y ss.)

6. Existen claras diferencias entre la transacción y el desistimiento. En efecto, la institución de la transacción goza de una doble naturaleza, una del orden sustancial, otra de índole procesal.

En cuanto a la primera, se trata de un contrato o convención por medio del cual las partes intervinientes ponen fin, de manera extrajudicial, a un litigio presente o precaven una eventual controversia, por medio de mutuas concesiones recíprocas. A juicio del profesor Jorge Joaquín Llambías(3), se trata de un convenio específico definido por su finalidad y por sus medios, siendo la primera la consecución de la certeza acerca de un derecho o situación jurídica, y los medios aquellos sacrificios recíprocos de las partes.

(3) Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho Civil Obligaciones, Tomo III; Editorial Perrot, Buenos Aires, 1977, Págs. 71 y 72.

Tiene igualmente la transacción una naturaleza procesal(4), en cuanto que producirá efectos de terminación definitiva de un litigio existente, como también en cuanto que impedirá el surgimiento de una controversia judicial futura, gracias al efecto de cosa juzgada que dimana de este instituto jurídico, claro está, referida al objeto y partes de la litis cuya terminación se pide.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de enero de 1987, M.P. Dr. Eduardo García Sarmiento, GJ. CLXXXVIII, pág. 7.

Por el contrario, el desistimiento es un palmario ejemplo de un acto procesal, en cuanto que la parte que hace uso de él está renunciando a un pronunciamiento judicial de fondo sobre determinada cuestión sometida a la jurisdicción —sobre una pretensión, excepción, como también sobre un recurso, ora respecto de una prueba pedida con el fin de darle soporte al supuesto fáctico de sus peticiones—. Contrario a lo que acontece en la transacción, en este mecanismo procedimental no existe disposición de derecho sustancial alguno, como bien lo anotó el maestro Jaime Guasp, tan solo se renuncia a un futuro pronunciamiento judicial que, indudablemente, podrá o no afectar un derecho sustancial. En opinión de este autor, “la renuncia —transacción o cesión del derecho, se añade— tiene por objeto, en este caso, la pretensión procesal y no el derecho alegado como fundamento: el demandante abandona o desiste del proceso, pero no abandona ni desiste del ejercicio de los derechos que puedan corresponderle”.(5) De igual forma que la transacción, producirá los efectos de cosa juzgada referida exclusivamente al objeto y partes que intervinieron en el proceso.

(5) Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, Tomo Primero, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, pág. 529.

7. Surge ahora la cuestión de determinar si en un proceso de filiación extramatrimonial puede la parte demandante desistir de las pretensiones contenidas en su libelo.

Importa, en primer lugar, distinguir qué clase de pretensiones pueden proponerse en este tipo de procedimientos. Como lo tiene sentado esta corporación, según nuestro sistema procesal civil, resulta posible acumular a la pretensión de filiación, aquella destinada a lograr la declaratoria de petición de herencia, no obstante la primera gozar de naturaleza extrapatrimonial, mientras esta última de diáfana estirpe económica.

Dicha consideración ha llevado a la Corte a precisar justamente que la pretensión sucesoral dirigida contra los herederos del pretenso padre causante, en tanto y cuanto posee ese contenido patrimonial puede ser objeto de renuncia o de transacción, sin duda alguna. En efecto, se ha dicho que

“Como es conocido, las pretensiones de filiación natural y petición de herencia, por su contenido y finalidad son de naturaleza jurídica por completo diferente, pues, aI paso que la primera es eminente declarativa y tiene por objeto el establecimiento y reconocimiento judicial del estado civil respecto del demandado, la segunda, conforme a lo establecido por el artículo 1321 del Código Civil, persigue que a quien demuestra su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero se le restituyan las cosas hereditarias, conforme a la ley, ya sea que se trate de un heredero con igual o con mejor derecho a la sucesión del causante... sí se puede “transigir válidamente sobre los derechos de carácter patrimonial que, como el de herencia suelen encontrar su origen precisamente en el estado civil”” (Sent. enero 26/96, Exp. 5395).

Ahora bien, cumple dilucidar si se puede renunciar o desistir a una pretensión procesal relativa a la filiación. No existe norma que consagre prohibición semejante. Todo lo contrario, los principios del derecho procesal civil, como antes se evidenció, en desarrollo del espíritu dispositivo que lo informa, indican que se puede desistir de cualquier clase de pretensión, no obstante que en determinadas ocasiones exija para ello algunas condiciones adicionales (CPC, art. 343).

Asunto diverso, que no prohibición de la naturaleza indicada precedentemente, es la imposibilidad de transigir sobre el estado civil de las personas (CC, art. 2473). Esta perentoria normativa está necesariamente ligada al carácter de la indisponibilidad del estado civil, y se encamina, además, por obvias razones fundadas en dicho atributo de la personalidad, a evitar que las personas realicen negocios jurídicos sobre su situación social y de familia actual (el que poseen en determinado momento), precisamente por cuanto se trata de un privilegio jurídico de la persona, ajeno a cualquier contenido económico.

La prohibición está exclusivamente circunscrita a la disponibilidad del derecho sustancial inherente al ser humano, stricto sensu, bien sea que se realice por medio de cesión del mismo o de transacción, o en fin a través de cualquier acto encaminado a disponer de él.

Como se tiene establecido de antiguo, según se anticipó en líneas anteriores, la transacción es una figura diferente del desistimiento de la pretensión de filiación, esto es la renuncia formulada ante el juez para que suspenda la investigación y el proceso dirigido al establecimiento de la categoría de hijo en relación con el presunto padre. De lo que se dispone aquí es de la mera posibilidad de declaración judicial, mas no de derecho sustancial alguno, por cuanto podría reclamarse a otras personas distintas de aquél vinculado en el proceso en que se hace uso de esta facultad. Además, es necesario tener en cuenta que, en este asunto concreto, si se tratara de transacción su objeto sería el estado civil, mientras que el objeto del desistimiento al cual se ha hecho referencia es la pretensión de filiación.

8. La Sala, por su importancia, estima útil destacar el carácter unitario del estado civil, entendido este específico atributo en el sentido de que una persona, a su vez, no puede tener más que uno, por lo menos respecto de una misma situación fáctica. Por ello, en el caso que detiene la atención de la Sala, es claro que doña Lilian Amparo Soto, ab initio, posee un estado civil, cual es el de ser hija de la señora Carmen Rosa Soto Peñaranda (fl.7 C.1), calidad que, como tal, debe ser atendida y acatada por el sistema jurídico patrio, a fortiori cuando la decisión contraria, se encuentra sometida a examen y valoración judicial, esto es que no ha hecho tránsito a cosa juzgada, situación que, en línea de principio, la haría inexpugnable, dada la firmeza que adquiría. Desde esta perspectiva, como lo revela con acierto el profesor chileno Manuel Somarriva Undurraga, “El estado civil es permanente..., en el sentido de que no se pierde mientras no se adquiere un estado civil diferente” (Derecho de Familia, Imprenta Universal, Santiago, 1982, p.487).

Acorde con lo que antecede, es meridianamente claro que la Corte no puede soslayar el ineluctable carácter declarativo que en Colombia reviste la sentencia que acoge las pretensiones dentro del marco de un proceso de filiación, de suerte que hasta tanto no se pronuncie un juez de la República en forma definitiva acerca del pedimento en comento, mal podría aducirse que se está afectando un estado, aún no declarado, aún no corroborado por el aparato judicial competente.

De consiguiente, desde la óptica referida la señora Soto es titular inequívoca de un estado civil, lo que impide que se pueda entender que, a su turno, tiene otro: el de ser hija del señor Carlos Daniel Picón, calidad que se encuentra, se reitera, sub judice y, por ende, sujeta a los albures inherentes a toda decisión judicial. De allí que, en puridad, no se pueda decir que se está disponiendo de una calidad que aún no tiene, como quiera que, en la esfera de la legitimidad, con éxito, nadie puede disponer de lo que no posee.

Obsérvese que lo que la Ley y la doctrina pregonan al unísono es la indisponibilidad —o “incomerciabilidad”— del estado civil, rasgo que, en el presente asunto, en efecto, implica que la señora Soto no pueda disponer del mismo, no siendo válido, por contera, cualquier negocio jurídico enderezado a dicho fin, v.gr. la transacción, la venta, etc., según ya se esbozó.

Por tanto, como ella no está efectuando ninguna negociación que involucre, bien directa, bien indirectamente, el único estado civil que podría ser objeto o materia de la misma, la Sala no encuentra obstáculo para impartirle su exequátur a la solicitud impetrada, llamado a desistir de las “...pretensiones de la demanda...” y, en manera aIguna, a desistir de su único y actual estado civil, lo que si resultaría a todas luces contrario a derecho y, menos aún de cara a uno que está sub lite y, por tal razón, in potentia, vale decir huérfano de la certeza y firmeza que emergen de la cosa juzgada, como se acotó.

En este orden de cosas, por entender que el desistimiento de las pretensiones (de declaración de paternidad y de petición de herencia) otrora formulada por la señora Soto no cobija, en sí mismo considerado, a un estado civil aún inexistente —o en el mejor de los casos, in fieri—: el que dice poseer en relación con el señor Picón, su pretenso padre, resulta pertinente aceptar la solicitud de desistimiento relativa a las pretensiones de la demanda, en la inteligencia, claro está, que asume todas las consecuencias procesales que dicha conducta o renuncia implica ( CPC, art. 342, inc. 2º).

9. Reitérase que una cosa es desistir en torno a las pretensiones que atañen a la declaratoria de paternidad, lo cual es lícito, como se anunció y, otra, enteramente diferente, es desistir en relación con el estado civil, propiamente dicho (in actus), lo que sí implica la vulneración del ordenamiento jurídico, amén que supone el resquebrajamiento de caros axiomas, entre ellos la moral y las buenas costumbres.

Si el que inició el proceso, stricto sensu el único titular de la pretensión, ulteriormente llega a la conclusión —o adquiere la íntima convicción— de que el demandado no es el padre, así lo diga expresamente la demanda otrora formulada, no se entiende por qué no pueda abandonarla, en un acto de lealtad y de extrema sinceridad, no sólo con su contraparte, según el caso, sino también con la administración de justicia que, de otra manera, por fuerza de preservar a ultranza el proceso en todas sus instancias, estaría laborando en demasía, a la par que en claro desmedro de la que, por posterior, se presume es la genuina intención del actor y, de paso, de los intereses de los demás justiciables, ávidos de cumplida resolución de sus querellas.

De ahí que sea consecuente admitir el desistimiento en tales —o similares— circunstancias, en guarda de respetar la voluntas del demandante, detonante de la floración del proceso, así como fundamento suficiente para ponerle fin, tanto más cuanto que con ello no se pretermite ni la ley, ni el orden público, ni las buenas costumbres o la moral, dado que se está renunciando a una mera pretensión y no a un estado o situación debidamente consolidada, según se ha puntualizado. Lo propio tiene lugar frente a basilares principios informadores del procedimiento civil, en concreto del proceso, por vía de ejemplo el que concierne a la economía procesal.

lll. Decisión

ACÉPTASE el desistimiento de las pretensiones de la demanda presentado por la parte demandante y que obra a folio 5 del cuaderno de la Corte.

Ordénase la cancelación de la inscripción de la demanda, ordenada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Ocaña.

Sin costas.

Notifíquese.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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