Auto 7781 de septiembre 23 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

PRUEBAS DE OFICIO

AUTONOMÍA DEL JUEZ PARA ORDENARLAS

EXTRACTOS: «Como es sabido, las pruebas en los procesos contencioso administrativos se piden:

a) Si se trata del demandante, en el escrito de demanda, pues el artículo 137 del CCAque habla de los requisitos de toda demanda dice que ésta contendrá “...5º La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer”. Puede también pedir pruebas el demandante —como es obvio— durante el término de que dispone para aclarar o corregir la demanda (C.C.A. art. 208, subrogado por el art. 47 del D.L. 2304 de 1989).

b) Si se trata de la parte demandada o de los intervinientes, la oportunidad para solicitar pruebas se la da el artículo 207-5 del CCAsubrogado por el art. 46 del D.L. 2304 de 1989, en el cual se ordena que en el auto admisorio de la demanda se dispondrá: “Que se fije en lista, por el término de cinco (5) días, para que los demandados o los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas”.

Por otra parte, se observa que según el artículo 209 del C.C.A., subrogado por el art. 48 del D.L. 2304 de 1989, “...Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio...” (subrayas de la Sala).

En el caso aquí debatido, se advierte que al impugnar la demanda el apoderado judicial de la sociedad Sofasa-Renault no pidió la práctica de la prueba testimonial de los señores Aycardo Sánchez y Noris Isabel Ribón (folios 246 y ss.).

Al no haber sido solicitada por parte interesada, restaba la opción de que el Consejero ponente, de oficio, considerara necesario decretar la recepción y práctica de esos testimonios. Como no lo hizo, ello indica que dentro de la autonomía absoluta que la ley le concede al efecto, no lo creyó necesario.

No puede pretender ahora el recurrente que las pruebas que el ponente no decretó pudiendo orde-narlas de oficio se decreten a pedido suyo, por dos razones de elemental sentido común: porque de oficio quiere decir sin petición de parte y porque cuanto está haciendo el suplicante es, justamente, pedir.

Es cuando menos insólito el argumento en el sentido de que la prueba testimonial que echa de menos no es de aquellas que corresponde pedir en la impugnación sino de las que el magistrado ponente debe decretar de oficio.

No existe obligación de ordenar pruebas oficiosas porque lo que las partes puedan considerar como fundamental prueba en el proceso (pero no lo dicen en la oportunidad indicada en la ley) bien puede no serlo para el juez.

Este decreta de oficio las pruebas que en su sentir, sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Unas son las pruebas pedidas por las partes, y otras las que decreta el juzgador de oficio, es decir, motu proprio, sin petición de parte. Y obviamente, no podría la Sala de Decisión imponer al Consejero conductor del proceso el decreto de “pruebas de oficio”; tal decisión entrañaría una manifiesta contradicción semántica y jurídica.

Finalmente, como el criterio en estas materias es el mismo tanto en el Procedimiento Civil como en el Contencioso Administrativo, carece de importancia la remisión a normas del proceso civil que solicita la recurrente”.

(Auto de septiembre 23 de 1993. Expediente 7781. Magistrada Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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