Auto 78 de junio 28 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR EN CASACIÓN

DESIGNACIÓN DE PERITO PARA EVALUAR LA CUANTÍA

PAGO PREVIO DE HONORARIOS PARA LA APRECIACIÓN DE PRUEBAS

Artículos 51 y 92 del Código Procesal Laboral, interpretación y aplicación

En el procedimiento del trabajo no es aplicable la sanción de “no será apreciada la prueba cuya práctica haya causado honorarios mientras no se constituya dicho depósito” y menos aún que las partes pierden el derecho de interponer los recursos contra las providencias judiciales”.

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Baquero Herrera

Radicación Nº 78. Acta Nº 21

Bogotá, D.E., veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y seis.

En el juicio ordinario de trabajo que promovió el doctor Luis Enrique Galán Gómez contra la señora Zoila Rosa Medina de Mora y otros, el Tribunal Superior de Bucaramanga en virtud de la apelación interpuesta por la parte demandante desató la controversia por sentencia del 22 de agosto de 1985 que confirmó la dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, que dispuso:

“1. Absolver a los herederos aquí demandados: Judith, Luis Francisco y Encarnación representados por Zoila Rosa Medina de Mora en su calidad de madre legítima por ser éstos menores de edad, Nelly, José Joaquín, Pío Quinto, Jesús María, Cristina, Ángel María, Vicente Mora Medina y Jorge Eliécer Mora Camargo representado por Anayibe Camargo Díaz en su calidad de madre natural, de todas y cada una de las pretensiones formuladas en esta demanda.

2. Condenar a la señora Zoila Rosa Medina de Mora a pagar al doctor Luis Enrique Galán Gómez, los honorarios profesionales correspondientes a la gestión realizada por éste en el proceso de simulación que a nombre de ella instauró, que deberá cubrir con el 50% de la cuota que le corresponda en la liquidación del sucesorio que se tramita en el juzgado segundo civil del circuito de esta ciudad, en donde se reconoció con derecho a gananciales y que recaerá sobre los inmuebles objeto del proceso de simulación.

3. Condenar a la demandada para que otorgue escritura sobre los inmuebles mencionados en la proporción referida a favor del actor dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

4. Absolver a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.

5. Condenar en costas a la demandada. Tásense”.

Contra el fallo del ad quem el doctor Galán Gómez interpuso casación la que le fue denegada por auto del 29 de noviembre del año retropróximo y una vez surtido el de reposición, solicitó las piezas procesales pertinentes para ocurrir de hecho ante esta Corte con el alcance de que se le conceda el recurso extraordinario.

El sentenciador de segunda instancia no concedió el recurso por cuanto el demandante no consignó los honorarios del perito en el trámite de la objeción por error grave y en “estas circunstancias la prueba pericial no tuvo su eficacia por falta de uno de los presupuestos legales que debía cumplir el accionante, lo que conlleva a dar por no interpuesto el recurso de casación y la devolución del proceso al lugar de origen, de acuerdo a las normas del procedimiento laboral”.

De otra parte, el recurrente de hecho formula esta sustentación:

“1. La providencia recurrida es susceptible de casación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 de la Ley 2ª de 1984 y también 62 del Decreto 528 de 1964 que modificó el 88 del Código Procesal del Trabajo, así como también 86 a 99 y modificaciones del código que se acaba de citar. 2. El recurso fue interpuesto dentro del término legal. 3. El trámite para llegar a la formulación de este recurso lo he agotado ajustándome a la ley procesal”.

Se considera

Cuando el tribunal considera que exista verdadero motivo de duda dispondrá la designación de un perito para evaluar la cuantía del interés jurídico económico para recurrir en casación y sólo tendrá lugar su decreto cuando estime que sea necesario su asesoramiento en asuntos que requieran conocimientos especiales. Lo que quiere decir, que este medio de prueba es potestativo del juez. Si las partes piden peritazgo, y el juez considera que no debe ordenarlo, su decisión es absoluta e incensurable.

La regla de los artículos 51 y 92 del Código Procesal Laboral siguió la moderna orientación doctrinaria, adoptada por algunas legislaciones, según la cual si la naturaleza del peritazgo está en auxiliar el conocimiento del juez, en suplir sus naturales deficiencias sobre las distintas normas de la ciencia, la técnica y del arte, debe dejarse al criterio del juzgador si necesita o no de tal auxilio.

Las reflexiones precedentes conducen a la sala a sostener que en el procedimiento del trabajo no es aplicable la sanción de que “no será apreciada la prueba cuya práctica haya causado honorarios mientras no se constituye dicho depósito” y menos aún que las partes pierden el derecho de interponer los recursos contra las providencias judiciales.

Ello no obsta que el perito demande ejecutivamente a la parte obligada a pagar los honorarios que le ha señalado el juez o tribunal.

Dentro de este enfoque jurídico el tribunal debió apreciar el dictamen pericial practicado en este proceso y decidir sobre la viabilidad del recurso de casación interpuesto por el doctor Luis Enrique Galán Gómez, labor de apreciación que cumple la Corte así:

El justiprecio hecho por el auxiliar de la justicia de los frutos civiles en la cantidad de $ 418.000 carece de fundamentación, por cuanto el propio demandante formula esta petición en la suma de “quinientos pesos ($ 500) diarios desde el 21 de agosto de 1981”, lo que arroja un total de $ 79.500, cálculo que se hace hasta el 30 de enero de 1982, fecha en que fue presentada la demanda inicial (fl. 33) con aplicación del numeral 1º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

En el asunto sub lite salta a la vista que el interés jurídico para recurrir en casación es inferior a la suma de $ 677.880 moneda corriente, exigida por el artículo 26 de la Ley 11 de 1984 y vigente cuando se profirió la sentencia materia de la impugnación.

Por razones distintas de las dadas por el tribunal, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declara bien denegado el recurso de casación interpuesto por el doctor Luis Enrique Galán Gómez y a la vez dispone enviar la actuación al inferior para que forme parte del expediente.

Sin costas.

Notifíquese y cúmplase.

Rafael Baquero Herrera—Juan Hernández Sáenz—Germán Valdés Sánchez. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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