Auto 7806 de julio 14 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

HABEAS CORPUS

JUEZ COMPETENTE

EXTRACTOS: «Debe la Sala empezar por advertir que de la petición de habeas corpus conoce el juez penal o promiscuo del lugar donde se haya realizada el acto arbitrario que priva a una persona de la libertad y que la decisión correspondiente, según lo tiene entendido la jurisprudencia y la doctrina, no es susceptible de recurso alguno, pues el ejercicio de este derecho se agota cuando se obtiene o se deniega la protección incoada.

Ya la Corte entre otras decisiones, en providencia de fecha 19 de noviembre de 1991(*) (M. P. Dr. Juan Manuel Torres F.) al acoger el concepto de la Procuraduría en tal sentido, sentó el criterio de la inimpugnabilidad del auto que decide el habeas corpus, en estas palabras que conservan toda su vigencia frente al nuevo estatuto procedimental.

(*) Véase este mismo tomo de J. y D., pág. 13 (N. del D.).

(...).

Enseña el artículo 30 de la Constitución Nacional que

“Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas''''. (Negrillas fuera de texto).

Así mismo, el numeral 1o del artículo 431 del Código de Procedimiento Penal establece que toda persona tiene derecho a

“Acudir ante cualquier juez o magistrado del mismo lugar o del más cercano al sitio donde se produjo el acto ilegal, para que decida a más tardar dentro de las treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La solicitud se puede presentar ante cualquier funcionario judicial pero el trámite corresponde exclusivamente al juez penal''''.

La norma superior antes transcrita está indicando que el amparo de habeas corpus puede ser “invocadó'' ante cualquier autoridad judicial, sin haber determinado competencia alguna para su trámite y resolución. Por ello, la que la norma legal atribuye al juez penal, resulta compatible con la disposición constitucional transcrita.

Entonces, cuando la Carta Política hace referencia a “cualquier autoridad judicial” ante quien puede invocarse el amparo de habeas corpus, debe entenderse que lo será como lo prescribe el numeral 1o del artículo 431 del estatuto procedimental penal, ante cualquier juez o magistrado del mismo lugar o del más cercano al sitio donde se produjo el acto ilegal (civil, penal, laboral, regional o fiscal).

Si se dirige a un funcionario distinto del juez penal, quien la recibe, deberá inmediatamente remitirla al juez penal competente que lo será, se repite, el del lugar o el más cercano al sitio donde se produjo el acto ilegal, o sea, al juez penal municipal o promiscuo o penal del circuito, pues lo que el Constituyente previó al consagrar como término mínimo de treinta y seis (36) horas para tramitar y decidir la acción pública a que nos venimos refiriendo, fue el fácil acceso a la administración de justicia de quien considera que se halla ilegalmente capturado, para reclamar la protección inmediata del derecho fundamental de la libertad, es decir, a que no sea restringido sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (artículo 28 de la C. N.).

Ahora bien: es claro que si la acción puede ser invocada por el propio capturado o por terceros en nombre suyo, lo que la norma legal citada está facilitando, es que el afectado con la privación ilegal de su libertad, pueda demandar en forma rápida, es decir, inmediata, la protección de su derecho fundamental, sin importar si lo hace o no ante el juez competente. Corresponde entonces, al funcionario judicial que recibe la petición, si lo es el penal, darle el trámite inmediato y decidirla dentro del término improrrogable de treinta y seis (36) horas. Pero si el funcionario que la recibe no es el competente, o sea, distinto a los jueces penales, deberá igualmente en forma inmediata remitirla a éste para su trámite y decisión en los términos ya indicados.

Debe la Sala precisar que cuando la ley señala como juez competente para el trámite y decisión de la acción de habeas corpus, al “juez penal'''', no se puede incluir en dicha expresión juez colegiado, es decir, a los tribunales superiores y mucho menos a la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación.

Una ligera lectura del numeral 1o del artículo 431 del estatuto procesal vigente, pudiera llevar a pensar en principio, que la norma se aparta de la tradición legislativa al respecto, al otorgar competencia no solo al juez, como lo señalaban los Códigos de 1971 y 1987 en sus artículos 420 y 456 respectivamente, sino además a los tribunales, cuando el precepto permite incoar la acción “ante cualquier juez o magistradó''.

Sin embargo ese no puede ser en ningún caso el alcance y sentido de la norma en cita.

Siendo el habeas corpus, previsto en la Carta Política y en la ley, un recurso excepcional dirigido contra actos arbitrarios de las autoridades que vulneren el derecho a la libertad, su trámite y resolución no puede someterse a ritualidades cuya observancia implica de suyo una dilación en el pronunciamiento judicial correspondiente.

Es de la esencia de esta acción de habeas corpus por los fines que persigue y los intereses que en ella se ventilan, la celeridad en el proferimiento de la decisión y el trámite brevísimo que suprime todos aquellos incidentes o circunstancias que puedan dilatarlo; por ello el artículo 434 del Código de Procedimiento prohíbe que la solicitud se someta a reparto, trámite imposible de omitir en la autoridad de los jueces colegiados, que se admitan recusaciones, señalando un término perentorio de treinta y seis horas para negar o decretar la libertad.

Si las corporaciones judiciales se entendieran como “juez penal” susceptible de conocer de las acciones de habeas corpus, el trámite y decisión no podría cumplirse dentro del término determinado tantas veces citado, pues por su estructura y organización, las determinaciones interlocutorias solamente pueden ser adoptadas en Salas de Decisión, por mayoría absoluta, es decir, que el Magistrado Sustanciador, a más de tener que darle el trámite respectivo, como lo es el practicar diligencia de inspección judicial al proceso por el que se halla detenido quien invoca el habeas corpus o solicitar los informes que sean pertinentes al Director del Centro de Reclusión o al funcionario que dispuso la captura, cuando su sede se encuentra en lugar diferente (ciudad o población), deberá presentar proyecto para ser sometido a consideración de sus compañeros de Sala, con el riesgo de ser derrotado, en cuyo caso, el que le siga en turno, deberá elaborar uno nuevo y el Magistrado disidente, presentar su salvedad de voto. Todo ello iría contra los postulados del artículo 30 de la Carta Magna que determina como plazo máximo para decidir la acción el de treinta y seis horas.

El artículo 437 del Código de Procedimiento Penal determina:

“Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso algunó''.

Una interpretación sistemática de la normatividad que reglamenta la acción de habeas corpus, permite arribar a la misma conclusión.

El artículo 431 del Código de Procedimiento Penal se refiere a juez singular al establecer que la solicitud puede ser presentada ante cualquier funcionario pero es categórico al señalar que “el trámite corresponde exclusivamente al juez penal del lugar más cercano al sitio donde se produjo el acto ilegal''''.

Los artículos 433, 434 y 437 ibídem igualmente se refiere al juez singular del lugar, a quien facultan para practicar diligencias de inspección judicial, interrogar a la persona capturada y finalmente decretar su libertad si a ello hubiere lugar, sin que en ningún momento se aluda a tribunal o juez colegiado.

Es evidente entonces que el legislador ha señalado un ámbito restrictivo, una órbita de competencia en cabeza de jueces penales o promiscuos del lugar donde se produjo el acto ilegal o del más cercano en el supuesto de que allí no exista juez o este fuere el que dispuso la detención.

Y no puede ser otro el correcto entendimiento del precepto analizado, porque pretender otorgar competencia a las corporaciones para conocer de la acción, desnaturalizaría el objetivo y la función que a esta garantía del habeas corpus ha querido darle la Constitución y la ley al amparar la libertad personal, como ya se dejó anotado.

Visto lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia no tenía competencia para conocer de la acción de habeas corpus intentada por el apoderado de Melquisedec Baquero, ni la Sala se abstendrá de desatar la impugnación que dio origen al envío de las diligencias a esta Corporación y ordenará su devolución al Tribunal, sin perjuicio de ser presentada nuevamente por el actor ante el juez competente quien decidirá en definitiva sobre la procedibilidad o no del amparo demandado».

(Auto de julio 14 de 1992. Radicación 7806. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

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