Auto 7839 de mayo 20 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

PETICIÓN DE REPARACIÓN DEL DAÑO

EXTRACTOS: «El Decreto 597 de 1988, que determina la competencia en la jurisdicción contencioso administrativa por el factor cuantía, fijó para el año de 1992, fecha de presentación de la demanda, el valor de $ 1.570.000, para el proceso de doble instancia.

En el sub-lite, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada pretende como se infiere del acápite de pretensiones anteriormente transcrito, que se declare la nulidad de las resoluciones 178 de marzo 27 de 1991 que impusieron a la actora multas a $ 60.000 y 20.000 respectivamente para un total de $ 80.000, y de la Resolución 43 de 1992 que la confirmó. Cuantía que necesariamente implica que el negocio fuera de única instancia.

En efecto, dispone el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo:

“Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y que se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”.

Si bien es cierto que esta norma, que trata de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho también se refiere a la reparación del daño causado, para la Sala tal petición (reparación del daño causado) no puede acumularse a la de restablecimiento del derecho para efectos de la cuantía y para lograr un doble reconocimiento resarcitorio por parte de la administración.

Si se lee detenidamente la norma transcrita se observa que allí no se indica que simultáneamente pueda solicitarse se restablezca el derecho “y” se le repare el daño. Por el contrario, esta última expresión está precedida del signo punto y coma (;).

Como define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, páginas 1203 y 34:

“Punto y coma: Signo ortográfico con que se indica pausa mayor que con la coma, y menor que con los dos puntos. Empléase generalmente antes de cláusula de sentido adversativo”.

“Adversativo: Que implica o denota oposición o contrariedad de concepto o sentido. Conjunción, partícula adversativa”.

En este orden de ideas cuando el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo permite, como consecuencia de la nulidad del acto administrativo la solicitud de reparación del daño, está aludiendo a aquellos casos en que ya el restablecimiento del derecho no es posible como consecuencia de la nulidad del acto administrativo, tal cosa ocurre cuando se ha ejecutado el acto administrativo y no es posible volver las cosas al estado anterior, como por ejemplo, cuando el remate se ha efectuado, el establecimiento ya se ha cerrado por evasión; se ha tomado posesión de los activos de una entidad vigilada por parte del Estado o liquidado forzosamente una sociedad, etc.

Resulta improcedente reclamar el restablecimiento del derecho conculcado y además pedir la reparación del daño causado en un caso como en el presente, en donde, en la eventualidad de declarar la nulidad del acto administrativo, automáticamente surge el restablecimiento del derecho, en la medida que el actor no quedaría obligado a pagar la sanción, si no la ha pagado, y si la pagó, podría solicitar su devolución a valor presente.

Si bien es cierto que la sociedad actora también reclamó que se condene a la Superintendencia de Valores a pagar a la Bolsa de Bogotá 1.000 gramos de oro puro (24 kilates) o la mayor cantidad de gramos de oro que al momento de dictarse la sentencia reconozca la jurisprudencia para efectos de la cuantía y que formuló tal petición a título de daños extrapatrimoniales, tal petición por no ser razonada no permite convertir en doble instancia el proceso que sólo es de una única, por las siguientes razones:

La primera, porque la competencia de la jurisdicción la determina la ley y no está permitido a los administrados determinar a su arbitrio la cuantía para variar la competencia señalada en la ley con base en este factor, pues el ordenamiento legal no puede quedar sin vigor por vía de discrecionalidad, de interpretación o por consideraciones subjetivas del actor.

En segundo lugar, observa la Sala que el apoderado del actor al solicitar la reparación del daño se refiere a los “extrapatrimoniales”, que afectan su reputación, es decir a supuestos perjuicios morales.

Perjuicios morales, que como ha definido la jurisprudencia, son los padecimientos dolorosos que inciden en el patrimonio moral de la persona natural y que consisten en la aflicción y dolor que experimenta como respuesta a una lesión de bienes que constituyan la personalidad del individuo(1). Es una lesión a las facultades espirituales, o los afectos o a las condiciones morales o sociales inherentes a la personalidad y dignidad humana, fundamento del orden político y de la paz social.

(1) Sentencia julio 25 de 1985, expediente 2963, Sección Tercera, actor Carlos Reyes. Anales 1985 II semestre.

Circunstancias éstas de dolor y aflicción que no puede predicarse de las personas jurídicas, si bien es cierto que por la actividad de la administración puede verse lesionado “el buen nombre o reputación” de una persona jurídica, para ésta su nombre, como su good will y la clientela constituyen factores de comercio, de valor patrimonial, y entonces la reparación del daño debía referirse al menor valor económico, que por efectos de la decisión administrativa dañosa o antijurídica, causa al administrado.

En conclusión, la Sala carece de competencia para avocar en segunda instancia un proceso que por su cuantía correspondió conocer al Tribunal en única instancia».

(Auto de mayo 20 de 1997. Expediente 7839. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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